Más de cuatro horas duro la sesión plenaria del Concejo Municipal de Medellín donde el tema central fue la situación actual de los defensores de Derechos Humanos en la ciudad, tal como lo propusieron los concejales Luis Bernardo Vélez, Federico Gutiérrez, Bernardo Guerra, María Regina Zuluaga y Santiago Londoño, respondiendo a la solicitud del Comité Municipal de Derechos Humanos, espacio en el que confluyen diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos.
A la sesión asistieron las organizaciones y personas comprometidas con la defensa y promoción de los Derechos Humanos en la ciudad, Naciones Unidas, la Personería de Medellín, la Secretaria de Educación y la Policía Nacional, cuyo representante -el Coronel Pinzón- guardó silencio durante toda la reunión.
A pesar de ser invitadas, ni la Secretaria de Gobierno, ni la Procuraduría, ni la Fiscalía General de la Nación se presentaron a lo que se esperaba fuera un debate alrededor del cumplimiento de garantías al desarrollo, la protección y la integralidad de la vida de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos.
Aun en medio de comentarios como “el Secretario siempre delega, por eso no conoce la realidad de la ciudad”, que evidenciaban la indignación por la ausencia del Secretario de Gobierno de Medellín, Jesús María Ramírez, y por haber encargado del asunto al subsecretario de espacio público, Cesar Arango; durante toda la mañana las organizaciones expusieron la problemática, puntualizando en la estigmatización de la que viene siendo víctimas los líderes, maestros, defensores, sindicalistas, activistas sociales y demás personas que demuestren abiertamente estar en contravía de las políticas nacionales.
Algunas de las conclusiones comunes expuestas por las organizaciones participantes en la sesión fueron exigir a la Fiscalía investigar y llevar ante la justicia a los responsables de los ataques contra los defensores y defensoras de Derechos Humanos cometidos en los últimos años; la implementación de esquemas de seguridad por parte de las autoridades competentes para proteger la vida, integridad y libertad de las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos; aumentar el respaldo a las organizaciones sociales y de Derechos Humanos. Se cuestionó, además, el papel del Congreso de la República con respecto a la ley de víctimas.
Finalmente los concejales presentes en la sala manifestaron su disgusto por la ausencia de tres de los citados a la plenaria: el Secretario de Gobierno, el Procuraduría y la Fiscal; considerando tal acto como una muestra del escaso respaldo que se les brinda a los defensores. Y propusieron volver a tocar este tema en próximas sesiones, donde contaran con la presencia del Secretario de Gobierno.