El 25 de marzo del 2010, el Concejo de Medellín entregó a la CORPORACIÓN JURIDICA LIBERTAD la Distinción “Gran Defensor de los Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo”. Este premio fue creado por el Acuerdo Municipal 03 de 2008 y se entrega cada año a personas e instituciones que se destaquen por su dedicación a la defensa de los derechos humanos. La Corporación Jurídica Libertad fue postulada por otras organizaciones de derechos humanos de la ciudad que destacaron como desde 1993 la organización se ha dedicado solidariamente a la defensa y promoción de los derechos humanos a través de la atención integral a las comunidades en situación de vulnerabilidad, asumiendo la asesoría y defensa de personas privadas de la libertad por motivos políticos y la representación de víctimas de crímenes de lesa humanidad; así como al impulso de acciones para la prevención del desplazamiento forzado con programas de fortalecimiento de la población campesina del Oriente antioqueño.También se reconoció la labor del Padre FEDERICO CARRASQUILLA MUÑOZ quien a lo largo de su vida se ha dedicado a la tarea de dignificación de los pobres y la justicia social, acompañando procesos organizativos de las comunidades marginadas para desarrollar sus potencialidades y mejorar su calidad de vida, en barrios como El Playón de los Comuneros y el Popular I, en la Comuna uno de Medellín.
Presentamos la ponencia leída por el abogado Elkin Ramirez Jaramillo, director de la Corporación Jurídica Libertad, al momento de recibir la Distinción.
Distinción Gran Defensor de los Derechos Humanos
“Jesús María Valle Jaramillo”[1]
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Señor Presidente del Concejo de Medellín, John Jaime Moncada Ospina, Señor vicepresidente primero del Concejo de Medellín, Luis Bernardo Vélez, Señor vicepresidente segundo del Concejo de Medellín, Ramón Emilio Acevedo Cardona, Señoras y Señores concejales y demás asistentes.En medio de condiciones adversas para ejercer nuestra actividad como defensores de derechos humanos, para la Corporación Jurídica Libertad ha sido un hecho sorpresivo y grato recibir por parte del Concejo de Medellín la distinción “El gran defensor de derechos humanos Jesús María Valle”. Sorpresivo por cuanto durante los 17 años de existencia de nuestra institución, nos hemos caracterizado básicamente por intervenir en defensa y representación de las víctimas de las violaciones oficiales de derechos humanos y por intervenir en la defensa y representación judicial disidentes y opositores constantemente judicializados, perseguidos y aniquilados por actuar en defensa de los interés de grupos marginales y por reivindicar la vigencia de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. Grato, el acto en sí, por lo que para nosotros simboliza la existencia de una distinción que permite rescatar la memoria del defensor de derechos humanos que fuera JESUS MARIA VALLE, inmolado precisamente por denunciar la barbarie y la atrocidad cometida en contra de indefensos campesinos y campesinas. Crimen del cual han sido señalados como presuntos responsables personas vinculadas a sectores políticos y económicos antioqueños.
Justamente ante un órgano de deliberación política como lo es el Concejo de Medellín, en medio de este acontecimiento, se presenta el escenario indicado para formular el interrogante de cuál puede ser la importancia de la existencia de organizaciones defensoras de derechos; por consiguiente cuál puede ser la relevancia de la presencia de sujetos dedicados a la defensa y promoción de esos derechos.
En una sociedad que se precie de democrática, el reconocimiento de la labor adelantada por las organizaciones de derechos humanos debe ser innegable. En una democracia con los altos niveles de imperfección como la nuestra, ese reconocimiento es persistentemente negado o aplazado, y lo más grave aun ideologizado, en tanto la permanente rotulación que se hace desde ciertas esferas poder, al descalificar nuestra labor por considerarla ejercida en pro de los intereses de los enemigos internos y externos proclamados.
Pero el reconocimiento reclamado en los diferentes espacios en los que nos encontramos con la institucionalidad del estado, no es un ejercicio de vanidad, sino que lo es, en primer lugar, un acto para lograr la supervivencia ante las difíciles condiciones en las que debemos actuar, cuando constantemente somos asediados, estigmatizados o anulados desde instancias oficiales; y en segundo lugar, lo más relevante, para poder llevar a cabo la labor de defensa e invocación de los derechos de los desprotegidos, para poder reivindicar y representar libremente a las víctimas del conflicto armado interno que se cuentan por millones.
En nuestro país existe un oscuro panorama en materia de violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que justifica y sobre todo legitima la actividad de las organizaciones de derechos humanos y de los defensores en esta materia, en particular en lo relacionado con lograr el reconocimiento los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, a propósito de la cuestionada desmovilización de los grupos paramilitares y de la aplicación de un marco jurídico en su beneficio, con abierto desconocimiento de aquellos derechos.
En el inconsciente colectivo existe la percepción de una mejoría notable en materia de indicadores seguridad y de una reducción significativa de las violaciones a los derechos humanos. Desafortunadamente, esas mejorías en muchas ocasiones son ilusorias o no son de una significación tal que permita conllevar la tranquilidad reclamada por el conjunto de la sociedad.
La presencia en nuestro país, en el trascurso del año inmediatamente anterior de los Relatores Especiales sobre la situación de derechos humanos y libertades para los pueblos indígenas; sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre situación de defensores de derechos humanos y sobre la independencia de jueces y abogados, quienes han rendido informes dando cuenta de las graves violaciones verificadas en lo de la competencia y el mandato otorgado a cada uno de ellos desde Naciones Unidas. La presencia permanente de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, rindiendo informes anuales y expidiendo una serie de recomendaciones anuales que vienen siendo acumuladas en una especie de anaquel de la diplomacia y el desinterés edificado por las instancias gubernamentales competentes para darle cumplimiento. Constituyen evidencia suficiente en relación con la grave situación en materia de derechos humanos, ente el incumplimiento reiterativo de los estándares universales que obligan al estado colombiano.
La presentación de un informe por parte del Reino Unido, sobre derechos humanos en 2009, el cual inicia diciendo que “La situación general de los derechos humanos en Colombia continua siendo preocupante” en tanto existen causas estructurales que limitan el pleno ejercicio de los derechos en especial en relación con la exclusión, la marginalidad, la pobreza, la inequidad, la tenencia de la tierra, la impunidad y la falta de acceso a la justicia. Constituyen indicadores que permiten concluir que en materia de observancia y garantía de los derechos humanos los avances no son significativos. Señalando que la situación viene agravándose ante “Un incremento de los grupos armados y paramilitares supuestamente desmovilizados”, adelantando prácticas criminales en diferentes regiones de la geografía nacional.
A su vez el gobierno de Estados Unidos justo hace 15 días presentó su informe de derechos humanos, en cual se señalan aspectos críticos en la materia, como:
– los homicidios ilegítimos y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por integrantes de la fuerza pública;
– la colaboración militar con los nuevos grupos armados ilegales y miembros de grupos paramilitares que se negaron a desmovilizarse;
– las desapariciones forzadas;
– hacinamiento en las cárceles y la inseguridad, la tortura y el maltrato de los detenidos;
– la vigilancia ilegal de los grupos civiles y opositores políticos, por agencias del gobierno;
– la corrupción;
– el acoso a grupos de derechos humanos y activistas;
– la violencia contra la mujer, incluida la violación, el abuso y la prostitución infantil, la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual.
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Human Rights Watch –HRW-, presentó recientemente un informe sobre la situación de derechos humanos en nuestro país, titulado “Herederos de los paramilitares. La nueva cara de la violencia en Colombia”. Recogiendo información suministrada por ONGs de DH, identifica la existencia de aproximadamente 10.200 paramilitares (dos mil menos de los que existían al inicio del actual gobierno) organizados en grupos sucesores con una capacidad de intimidación mayor a la que caracterizaba a los anteriores paramilitares, con presencia en por lo menos 173 municipios de 24 departamentos. Destacándose una fuerte presencia en Medellín. En su informe HRW denuncia que la respuesta del gobierno nacional dirigida a desarticular estos grupos, no ha sido contundente y efectiva acorde a la gravedad del problema y la situación de violencia que están generando.
No podemos dejar pasar desapercibida la oportunidad para reconocer públicamente la pertinencia y certeza de las actividades adelantadas por diferentes organizaciones sociales y populares y por instancias gubernamentales locales, en materia de prevención y protección de derechos humanos, confluyentes en el Comité Municipal de Derechos Humanos. Las actividades de sensibilización y generación de opinión pública que desde allí se adelantan, tienen un valor incalculable pendiente por reconocer; ya que desde allí se han articulado y tramitando diferentes denuncias, dando cuenta de la situación de derechos humanos, y preocupándose por interpretar los diversos fenómenos de violencia y criminalidad que padece nuestra ciudad.
Desde allí diferentes organizaciones se han preocupado por el auge de grupos armados al margen de la ley, identificando la existencia de por lo menos 262 en los diferentes barrios y comunas de la ciudad de Medellín, su relación directa con bandas paramilitares desmovilizadas y no desmovilizadas, su real y verdadera capacidad de control y afectación de la seguridad en la localidad. Se ha señalado además la preocupación ante la elevada tasa de homicidios en incremento durante los últimos años, llegando durante el inmediatamente anterior a la preocupante cifra de las 2.189 muertes violentas.
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Finalmente agradecemos al Concejo de Medellín el privilegiar a la Corporación Jurídica Libertad con la distinción “El gran defensor de los derechos humanos Jesús María Valle”, porque nos habilita para hacerla extensiva a las diferentes organizaciones sociales y populares que han confiando en nosotros durante los últimos 17 años, al conjunto de víctimas de crímenes de Estado que representamos judicialmente, y además porque queremos sirva de homenaje a defensores y defensoras de derechos humanos y a los líderes y lideresas sociales que han sido detenidos o asesinados por actuar como grandes defensores de derechos humanos.Medellín, marzo 25 de 2010
[1] Ponencia presentada y leída por Elkin Ramirez Jaramillo en la entrega de la Distinción Gran Defensor de los Derechos Humanos “Jesús María Valle Jaramillo”, otorgada por el Concejo de Medellín a la Corporación Jurídica Libertad, el día 25 de marzo de 2010.
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