Desbordamiento: de la lluvia inclemente a la guerra fratricida

No es una novedad que la temporada de lluvias en Colombia se presenta entre abril y mayo y, durante el segundo semestre del año, entre octubre y noviembre. El asombro por el casi sacramental “aguacero de la Santa Cruz” y el ya tradicional del 31 de octubre, queda reservado para los más pequeños y para desatentos y olvidadizos.

Tampoco es una primicia –lo han dicho muchos expertos alrededor del mundo- que desde hace más de tres décadas el país comenzó a sufrir con fuerza las consecuencias propias del desgaste que hemos causado sobre la naturaleza y el medio ambiente, especialmente con los procesos industriales de extracción y transformación de materias, monocultivos, deforestación, contaminación de ríos y suelos.

Sin duda este es el invierno más prolongado e intenso que ha sufrido Colombia. Con 161 personas muertas, más de doscientas heridas, 233 desaparecidas[i] en todo el país, por no mencionar las viviendas averiadas o destruidas, y los cultivos que hoy se pierden bajo el agua, no hay otra conclusión posible. Pero eso tampoco nos toma por sorpresa; hasta el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) había pronosticado lo que cada año, sin falta, sucede.

Desde comienzos del año los expertos en la materia lo anunciaron: gracias a la maduración del Fenómeno de la Niña, la escena se dispondría igual que antes, pero peor, y así ha sido. Los niveles de precipitaciones en el país han aumentado hasta un 500% con respecto a los del año anterior, se han presentado deslizamientos de tierra en 28 de los 32 departamentos del país, las inundaciones han afectado más de 140 mil hectáreas de cultivos. Y ni qué decir de las 267 mil familias que han dejado de dormir y comer, que se han tenido que desplazar, que continúan expuestas a enfermedades infecciosas y endémicas, que aún buscan a sus seres queridos entre el barro y el agua.

Nuevamente, también, se desembolsan cantidades atronadoras de dinero para atender la emergencia. El Gobierno ha destinado 25 millones de dólares obtenidos en operaciones contra el narcotráfico, ha solicitado un préstamo de 150 millones de dólares al Banco Mundial y ha llamado a la solidaridad de los colombianos y de la comunidad internacional para realizar la primera jornada “Colombia Humanitaria”, mediante la cual se han recogido hasta el momento más de 333 millones de pesos[ii] entre donaciones en dinero y en especie.

Las víctimas de este año son las mismas del año pasado y cientos de personas más, pero aún continúa destinándose el esfuerzo y el dinero en atender a los damnificados, y no en diagnosticar, prever y tomar decisiones que tengan impactos reales sobre la prevención de desastres provocados por las ya habituales temporadas de lluvia, de modo que año tras año no haya que lidiar con los mismos problemas.

Así las cosas, no queda más que esperar la llegada de la sequía, la solidaridad internacional y que el próximo año –y los siguientes- la situación no empeore mucho. Que los ríos se desborden, pero poco; que la tierra se remueva, pero no cobre vidas; que los campos se inunden, pero no nos deparen desabastecimiento y carestía.

DESPEÑADERO BÉLICO

Entre tanto, el Gobierno –ahora el de Juan Manuel Santos, pero cabe decir que no es excepcional- continúa priorizando la inversión militar y el ajuste fiscal. En 2007, en pleno auge de la Seguridad Democrática, el 6.32% del Producto Interno Bruto (PIB) se destinó para la actualización de armamento y el aumento del pie de fuerza; rubro que ha venido creciendo a medida que pasan los años y se descubren nuevas justificaciones, o se modifican las rancias, para retirar inversiones del sector social, por ejemplo, y robustecer el de la guerra; para hacer caso omiso al deseo y la necesidad manifiesta de miles de colombianos de transitar caminos que nos acerquen a la solución política del conflicto armado, mediante la apertura de un diálogo de paz con la insurgencia y la transformación real de las condiciones sociales que lo generan y lo reproducen.

Nada más en 2009 Colombia invirtió 10.055 millones de dólares de su presupuesto nacional para actualización de armamento, según datos reunidos por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), convirtiéndose en el país de América Latina que mayor porcentaje de su PIB destina para la guerra, y eso que “en Colombia no pasa nada”[iii].

En 2010 la inversión militar ha alcanzado el 14.2% del PIB, mientras que para educación se ha destinado apenas el 13.9%. A primera vista pareciera que no se distancian tanto una de la otra, entre ellas existe sólo una brecha del 0.3%. Pero cuando reconocemos que en Colombia aún existen problemas de cobertura educativa, que el 6.76%[iv] de la población no sabe leer ni escribir, que la educación básica y media no brinda las herramientas necesarias para que los jóvenes se enfrenten a las pruebas de admisión de las universidades públicas del país, que éstas tienen graves problemas financieros puesto que las políticas estatales las encaminan hacia la inminente privatización, que los maestros han perdido independencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que éstos son cada vez más determinados por las necesidades del mercado; cuando reconocemos estos y los demás problemas del sistema educativo nacional, comprendemos que la inversión en este sector ha sido insuficiente. Cabe, además, preguntarse si un país que afirma por todos los medios buscar la paz, debe apostarle con igual o mayor ahínco a la guerra que a la educación.

No obstante los problemas sociales que aquejan al país, el camino militarista pareciera ser la única opción. El pasado 30 de octubre el presidente Juan Manuel Santos anunció que en los próximos cuatro años la Policía Nacional aumentará su pie de fuerza con 20.000 nuevos miembros y que, además, se invertirán 300 millones de pesos para financiar iniciativas que prevengan la criminalidad entre los jóvenes, en el marco de la Política de Seguridad Ciudadana.

Valga decir que estas medidas no se enfocan en combatir las causas de la delincuencia juvenil: ni se les brindará mayores oportunidades académicas y laborales a los jóvenes, ni se buscarán caminos para superar los elevados niveles de pobreza que hay en el país. Estarán orientadas, más bien, a reformar el código penal para mejorar la vigilancia de personas que tengan detención domiciliaria, la consagración del delito de “pertenencia a banda armada[v]”, la ampliación de vigencia de órdenes de interceptación y la modificación del Código de Infancia y Adolescencia. Es decir, no serán medidas preventivas, sino represivas. ¿Acaso la represión ha conllevado a la disminución de la violencia en el país?

Entre tanto, el presupuesto del próximo año no es menos paradójico. Doce mil millones de dólares se emplearán en el sector de defensa y seguridad, e incluirá un incremento salarial para los militares, y de manera extra presupuestaria, se recibirán durante el período fiscal 2011-2014 una cantidad cercana a los 1.300 millones de dólares anuales que se invertirán en el mantenimiento de la capacidad militar actual y la adquisición de armamento polivalente, según el Ministerio de Defensa Nacional.

De inversiones tan exageradas algo le ha quedado al país: una proporción de 20 soldados[vi] por cada guerrillero, y la certeza –construida por el Gobierno con el apoyo de los medios masivos de información- de que los grupos insurgentes han sido reducidos. Pese a ello, continúan destinándose grandes tajadas del presupuesto nacional para librar un conflicto armado, enquistado en profundos problemas sociales, que aún hoy no es reconocido como tal; y continúan, además, desarrollándose espectaculares y cuantiosos operativos militares para diezmar a un enemigo que, se dice, ya ha sido diezmado.

También quedan millones de personas muertas, heridas, discapacitadas, desterradas, exiliadas, desaparecidas, ejecutadas por la espalda para luego ser rotuladas como guerrilleras caídas en combate. Más de tres millones de desplazados internos, según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), número aún mayor que el de Irak, un país oficialmente en guerra. Más de 3.183 personas ejecutadas extrajudicialmente, según la Mesa Sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

Durante los ocho años de la Seguridad Democrática y los 117 días del presidente Santos en el poder, se desmovilizaron o fueron capturados o abatidos 74.441 miembros de organizaciones armadas al margen de la ley, especialmente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo(FARC-EP) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN)[vii]. Pero también murieron 4.886 militares y policías en prestación de su servicio, y fueron heridos 15.698.

Por su parte la población civil también se ha visto dramáticamente afectada. Entre 2002 y 2008 por lo menos “16.855 personas perdieron la vida por fuera de combate, es decir, en la calle, en su casa o en el lugar de trabajo, a causa de la violencia sociopolítica[viii]”. El Instituto Nacional de Medicina Legal reveló que entre 2008 y 2009 la tasa de homicidios en el país aumentó un 16.2%, presentándose 17.000 casos de los cuales 1.103 corresponden a violencia socio-política. Así mismo, entre el 2002 y el 2009 sufrieron desplazamiento forzado 2.296.601 personas y entre enero y octubre del año en curso 71.017 personas, según el Ministerio de Defensa.

Ciertamente nos queda un país militarizado, un país donde hay más informantes que zapateros, un país de penas endurecidas y libertades civiles restringidas, de desempleo, hambre, crueldad, ruina y muerte. Un país de cielos excluyentes, brazos vencidos, vuelos negados.

Nos queda un país en el que se habla de paz por todos los medios, a todas las horas; pero una paz que no concibe la redistribución de la riqueza, la reforma agraria a favor de campesinos, indígenas y negritudes, la vida digna para todos los colombianos. Un país en el que se colma de obstáculos la posibilidad del Acuerdo Humanitario como el primer e indispensable paso hacia la solución política del conflicto social y armado que vivimos, y la construcción de la paz con justicia social.

Nos queda, también, un Gobierno que no escatima esfuerzos cuando de militarización y guerra se trata, aún sacrificando el bienestar y la seguridad real de sus ciudadanos. Un Gobierno que destina grandes rebanadas del presupuesto nacional para mantener la ilusión de la Seguridad Democrática, y mendiga ayuda internacional y de las empresas privadas, ni siquiera para prevenir, sino para atender las consecuencias de antiquísimos desastres naturales que redundan año tras año.