La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) presentaron ante La Haya el informe sobre ejecuciones extrajudiciales “Colombia. La guerra se mide en litros de sangre”, donde exponen el carácter sistemático y generalizado del fenómeno entre los años 2002 y 2008, durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez y parte del segundo.
En el documento se afirma que esta conducta delictiva fue motivada por las exigencias al Ejército de que mostrara resultados positivos en el combate a la insurgencia y los incentivos que premiaban los logros de los militares. “Falto de control suficiente, dicho sistema se prestó a numerosos y terribles abusos que condujeron a que más de 3.000 civiles inocentes fueran asesinados para luego ser presentados como dados de baja en combate. Los falsos positivos se volvieron un negocio, a través del cual algunos se usufructuaban económicamente y miembros del Ejército obtenían beneficios según su rango, consistentes en permisos, felicitaciones y ascensos entre otros”.
Su expansión, dice, permite concluir que estos actos contaron con el respaldo de “los más altos mandos del Ejército, quienes, además, habían ascendido luego de desempeñarse en unidades militares que habían llevado a cabo estos tipos de ejecuciones extrajudiciales”.
Las investigaciones que en Colombia se han desarrollado con respecto a estos casos, señala el informe, han sido aisladas e ignorada su sistematicidad, evitando tratar el fenómeno como crimen de lesa humanidad. Así las cosas, la FIDH y la CCEEU solicitan al Fiscal General de la Corte Penal Internacional que abra una investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales, ya que los más altos responsables de estos crímenes no son objeto de investigación o enjuiciamiento en Colombia.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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