Omitiendo que en oportunidades anteriores el Oriente antioqueño ha sido escenario de debate sobre el modelo de desarrollo aplicado en la región, las transferencias del sector eléctrico, la prestación de servicios públicos domiciliarios y el impacto de proyectos hidroeléctricos, durante la mañana del lunes 3 de agosto se desarrolló, en el municipio de El Peñol, lo que ha dado en llamarse 1er Foro de Servicios Públicos, desarrollo local y regional, transferencias de la ley 99.
En él las comunidades campesinas expresaron su indignación producto de un desarrollo en detrimento de su bienestar, en el que no caben sus sueños, expectativas y lecturas del mundo; un desarrollo que se contradice con la gran biodiversidad de la región, potenciada por la multiplicidad de sus climas y una riqueza hidrográfica que abastece el 35% de la energía del país.
Agregaba, además, que el problema no se limita a los servicios públicos, abarca incluso la garantía de los derechos fundamentales. Los niños y niñas del Oriente no conocen la recreación. Desde tempranas edades deben abandonarse al trabajo que les dé el sustento diario. El acceso a la salud y la educación son lujos de pocos.
Y las mujeres, las más pobres de los pobres, no reciben ingresos, frente a los escasos 200 mil pesos mensuales que detenta un hombre por el jornal.
La paradoja no llega hasta ahí. Tanto los municipios como las corporaciones autónomas regionales, receptoras de las transferencias del sector eléctrico del 6% de las ventas brutas con la tarifa que señale la Comisión de Regulación Energética (CREG), deben invertirlas en proyecto de saneamiento básico, mejoramiento ambiental y protección de las cuencas hidrográficas.
Es decir, las transferencias dejan de ser una compensación de carácter económico que hacen las empresas por la explotación de los recursos hídricos, y terminan sirviendo para “cuidar el negocio de las centrales hidroeléctricas mediante la reforestación de los embalses”, afirmaba Pedro María Chica, representante de la Mesa Energética del Oriente Antioqueño, y agregaba: “nosotros deberíamos decir: ‘señores ISAGEN y EPM, eso son costos de operación y ustedes los deben pagar’, no con el dinero de las transferencias”.
Terminada la jornada, eran muy claras las exigencias de los asistentes, representantes de diferentes espacios organizativos y de las comunidades campesinas.
Consideraban, en primera medida, que el problema no se limita a las transferencias y leyes, y se circunscribe más bien a la aplicación del modelo de desarrollo tanto en el Oriente antioqueño como en las demás subregiones del departamento.
“Si continúan siendo más importantes las utilidades de las empresas que la calidad de vida de las personas, si no cambia el modelo, no hay nada qué hacer”, decía enfático uno de los asistentes al Foro.
Se planteó, además, la necesidad de que la Procuraduría y la Contraloría ejerzan mayor control sobre la destinación que se le da a las transferencias; que CORNARE de cuentas sobre las licencias que está otorgando para la construcción de microcentrales; que los municipios rechacen tajantemente el Plan Departamental de Aguas; y que las empresas hidroeléctricas asuman la responsabilidad que han tenido en la violación de los Derechos Humanos de las comunidades campesinas del Oriente antioqueño.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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