Vuelve el debate sobre extensión del Fuero Penal Militar, más recargado de impunidad.

Las Fuerzas Armadas tienen la misión constitucional de proteger la vida, integridad y bienes de la población. En Colombia, no se cumple. El drama de los “falsos positivos”, puso en evidencia que las más de 5.100 ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hacen parte de una práctica generalizada en todo el país que continúa ocurriendo durante el gobierno de Santos. Más de 220 ejecuciones, entre el 7 de agosto de 2008 y el 6 de agosto de 2014.

Las instituciones del Estado (Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea) no han aceptado su responsabilidad y si a caso se han presentado condenas, ha sido de mandos bajos y en muy contados casos, mandos medios.

No contentos con ello y como un mecanismo de blindaje para la Fuerza Pública, el 19 de junio de 2013, el Congreso de la República aprobó una ley estatutaria que daba la facultad a la Fuerza Pública de determinar cuando un civil podía ser considero o no, “blanco legítimo”. En octubre del mismo año, la Corte Constitucional, rechazó el acto, declarándolo inexequible. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa manifestó su molestia radicando otro proyecto bajo la ley ordinaria para evitar el control constitucional.

Con este proyecto conocido como iniciativa 085 del Senado de la República “por la cual se reestructura la justicia penal militar o policial”, se insiste en legalizar los crímenes cometidos contra civiles por parte de la Fuerza Pública, otorgándole mayores facultades al poder conocer de crímenes que no son de su competencia como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales, entre otras.