Informe: Vestigios De Las Rutas Paramilitares En El Bajo Cauca Antioqueño.

El presente informe es el resultado investigativo de un proceso de participación y de recuperación de memoria, llevado a cabo por la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y distintas organizaciones sociales del Bajo Cauca, que opta por entender la recuperación de la memoria en clave de construcción de verdad, como un proceso que permanece en el tiempo, que se construye día a día y potencia la participación social y política de los actores en resistencia en distintos territorios.

Este esfuerzo colectivo, puesto en esta entrega a partir de la socialización de las metodologías, apuestas ético-políticas y los testimonios compartidos desde las víctimas y las comunidades directamente afectadas, son la voz principal de la narración y evidencian los vacíos en los relatos sobre el conflicto en la subregión y sus graves consecuencias para las comunidades y los bienes comunes que aún siguen presentes en cada municipio y vereda del Bajo Cauca antioqueño.

Este informe pretende ser parte integral de otras fuentes de información que le apuestan a la comprensión de las causas, consecuencias y responsabilidades colectivas de un conflicto latente en un territorio potencialmente estratégico en su geografía, bienes comunes y valores culturales.

Vea el video resumen del Informe aquí:

Lo metodológico:

El proceso de construcción del informe parte de entender la memoria como una estrategia metodológica y como una manera de construir conocimiento de forma colectiva. La memoria, o mejor, las memorias de quienes participaron en la recuperación de testimonios y ejercicios conjuntos, es una herramienta política en la lucha contra la impunidad y como mecanismo para desenmascarar los marcos de criminalidad que han sometido a las comunidades del Bajo Cauca antioqueño durante décadas de conflicto sociopolítico y armado.

Las distintas fases metodológicas de la investigación, se soportaron en la apuesta política y ética de la CJL y las organizaciones del territorio en defensa de los Derechos Humanos, reconociendo que el informe no iba a tener una mirada únicamente académica, sino por el contrario, debía ser una construcción colectiva, aludiendo a la memoria como un proceso humano construido en relación de unos con otros/as y con el mundo: Se hizo fundamental un dialogo de saberes con las comunidades.

El valor testimonial:

Teniendo en cuenta que esta propuesta pone como eje central el relato, la oralidad y la memoria de quienes han vivido en carne propia lo ocurrido antes y durante el conflicto en contraste con información encontrada previamente en archivos y otras fuentes, pusimos en interacción lo que comúnmente se llama conocimiento académico y el saber de las comunidades. Se parte del dialogo de saberes en las conversaciones individuales o colectivas con las comunidades y al partir de cada testimonio se fueron encontrando patrones, datos y cabos sueltos que no eran fáciles de rastrear solamente en fuentes secundarias. Las comunidades no solo han vivido y sentido el dolor de la guerra, sino que también son expertos en diversos temas de análisis alrededor de su territorio y del conflicto.

Las comunidades son expertas en reconocer su territorio, las potencialidades y usos de la tierra, los caminos y vías alternas que se crearon para fines ajenos a sus habitantes, pero útiles a intereses estatales, corporativos y criminales. Son capaces de evidenciar cuáles han sido los cambios, daños e impactos en su cultura, las formas solidarias y comunitarias de relacionarse y de tejer su entorno, su economía, su cotidianidad. A partir de las vivencias y relatos fuimos plasmando sobre un mapa, las rutas que han trazado los grupos paramilitares en el Bajo Cauca y la huella indeleble de una de las principales modalidades de agresión, las masacres.

Un elemento central…La Cartografía

Caminar como método elemental y a la vez complejo de conocimiento implica sentir los olores, la temperatura, las dificultades de los caminos, los ritmos de la naturaleza y quienes la habitan. Los recorridos de reconocimiento desarrollados en el marco de la Caravana Humanitaria en el Bajo Cauca, permitieron en cierta medida meternos en los zapatos de sus habitantes y comprender mejor sus visiones, porque caminar implica mirar hacia dónde vamos, avizorar nuestro destino.

Interpretar la mirada de los habitantes del Bajo Cauca, capitalizar sus saberes profundos sobre sus territorios en este informe, implicó de entrada un repaso atento del espacio en que se mueven, tener la ubicación geográfica, pero también los principales determinantes espaciales que se convierten en actores fundamentales en el proceso de construcción de esta región. Dentro de estos determinantes se reconocieron tres ejes (El río Cauca, La troncal y el Río Nechí) y tres referentes (La Serranía de San Lucas, El Nudo de Paramillo y La Serranía de Ayapel), elementos que se entrelazan con los factores económicos, sociales y culturales que marcaron las dinámicas de poblamiento del Bajo Cauca.

De estás dinámicas participaron actores estatales, corporativos, comunidades campesinas, indígenas, grupos armados, fuerza pública, que evidenciaron a través de confrontaciones la superposición de visiones y formas de apropiación territorial que se puede resumir en dos perspectivas generales: 1 la primacía del usufructo corporativo de los bienes comunes; y, 2 el lugar de construcción de identidad y arraigo que busca la permanencia digna y la reivindicación de las formas de vida campesina e indígena.

Utilizando en retrospectiva esa misma lógica de mirar hacia donde se va, se encontraron numerosos rastros del accionar de los grupos paramilitares que aglutinaban múltiples recorridos y hechos de terror, marcando los vestigios de las rutas paramilitares que impusieron un orden criminal. Para efectos analíticos se separaron las diferentes rutas en razón de las estructuras o grupos armados, lo que permitió trazar sus recorridos y ubicar sus periodos de actuación, poniendo en contexto sus formas criminales de operación, sus aliados, sus objetivos y los graves daños que causaron; esto permitió obtener el panorama de la incursión, consolidación, expansión y reagrupación del paramilitarismo en el Bajo Cauca, que identificó cuatro rutas que guardan relación de continuidad y que se relacionan y se superponen en el tiempo y en la geografía del esta subregión: Ruta 1 Incursión del paramilitarismo; Ruta 2 Control armado y consolidación; Ruta 3 Plan de expansión; Ruta 4 Reagrupación paramilitar.

Resistencias y el ámbito organizativo en el Bajo Cauca.

El informe expone la construcción de una idiosincrasia bajocaucana marcada por la constante pugna entre las formas tradicionales de arraigo territorial de las comunidades campesinas e indígenas y los intereses económicos con prácticas extractivistas que conciben el territorio como una gran cantera y a sus habitantes como un obstáculo para el “desarrollo”.

Esta pugna, a lo largo del proceso de configuración socio cultural de esta subregión, obligó a sus pobladores a una permanente actitud de resistencia y defensa territorial, mediante acciones colectivas que reivindicaban derechos y servicios básicos como vías y energía eléctrica, generando capacidades en sus formas de organización social que sustentan sus luchas hasta hoy.

Juntas de acción comunal, sociedades de mejoras públicas, comunidades indígenas, defensores de Derechos Humanos, asociaciones campesinas, se juntaron para exigir al gobierno mejoras en sus condiciones de vida como ciudadanos y como trabajadores. A la par, los empresarios mineros y ganaderos también piden la intervención gubernamental para garantizar condiciones de seguridad de sus intereses económicos. Las exigencias de las comunidades no son escuchadas y persiste su situación de precariedad laboral y falta de acceso a servicios básicos, mientras las peticiones de empresarios si son atendidas, generando la militarización del Bajo Cauca, la implementación de la doctrina contrainsurgente y la estigmatización y agresión contra las comunidades.

Esa estrategia contrainsurgente contó con los ejércitos privados del paramilitarismo como su principal instrumento, a través del cual se ejecutó un vaciamiento territorial perpetrando graves violaciones a los Derechos Humanos que incluían masacres, desplazamientos y desapariciones forzadas, despojo y acumulación de tierras. Dentro de este repertorio de terror las masacres se destacan por el alto número de víctimas y los daños e impactos profundas que generan en las comunidades imponiendo el miedo, asesinando líderes y generando desplazamientos forzados.

Georreferenciar estas masacres, ubicarlas en el tiempo, identificar los victimarios y caracterizar las víctimas, arrojó pistas sobre los modos de actuación y los intereses que movían el accionar paramilitar, por lo que se procedió a profundizar esta perspectiva de análisis que desembocó en el reconocimiento y descripción de las cuatro rutas paramilitares.

Rutas paramilitares en el Bajo Cauca.

La primera ruta corresponde a la incursión del paramilitarismo en la subregión y guarda relación con estructuras armadas de la génesis del paramilitarismo a nivel nacional, provenientes del Magdalena Medio en cabeza de Henry y Gonzalo Pérez, desde Córdoba y Urabá, y de los hermanos Castaño, estructuras estrechamente ligadas con la Fuerza Pública. En esta primera ruta confluyen múltiples grupos como Muerte a Secuestradores (MAS), La Mano Negra, Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN), Muerte a Terroristas (MAT), o simplemente el genérico de Paramilitares.

La segunda ruta está marcada por la estructura que se configuró como Bloque Mineros y que inició con el liderazgo de Cuco Vanoy, enviado desde el Magdalena Medio a representar los intereses de los paramilitares Henry y Gonzalo Pérez, el Cartel de Medellín y algunos esmeralderos de Boyacá (CNMH, 2019). Estas particularidades, fueron consolidando una independencia y unos propósitos locales que le confirieron autonomía e importancia basada en el control territorial, la coerción armada y las economías ilegales del narcotráfico, la extorsión y la minería.

La tercera ruta corresponde a la estructura del Bloque Central Bolívar (BCB), en cabeza de alias Macaco, que llega a representar los intereses de un sector del paramilitarismo relacionado, principalmente con las rentas del narcotráfico y que se ubica estratégicamente en el Bajo Cauca con una dirección clara de expansión, que lo posiciona territorialmente para el control de toda la cadena del narcotráfico. Como se advierte en el informe, no es que solo el BCB se haya dedicado al narcotráfico en el Bajo Cauca, pero es la estructura que más claramente marca este interés como objetivo central desde sus inicios.

La cuarta ruta se denomina reagrupación paramilitar que inicia durante el proceso de negociación que desembocó en la “desmovilización” del paramilitarismo en todo el país, donde se evidenciaron maniobras de preparación para dar continuidad al control territorial, a la cooptación política y a la salvaguarda de capitales y negocios legales e ilegales obtenidos mediante el accionar violento. En esta etapa aparecen estructuras como Los Rastrojos, Urabeños, Caparrapos, los Paisas, las AGC o con la franquicia genérica y anónima de Águilas Negras.

El análisis de estas rutas muestra con algún detalle el entramado de agresión y cooptación paramilitar del territorio y evidencia los patrones que se repiten hasta el día de hoy con cíclicos de estigmatización de los procesos de resistencia social, seguidos de militarización por parte de la fuerza pública y la posterior o simultanea paramilitarización, como instrumento para la implementación de la doctrina contrainsurgente. Mientras persiste de forma valiente la organización y resistencia de las comunidades para reclamar condiciones de vida dignas acordes a sus culturas indígenas y campesinas, con el uso sustentable de los bienes comunes de los que han sido custodios y de los que también vienen siendo despojados.

Vestigios de las rutas paramilitares.

Transversal al análisis espacial de las rutas, en este aparte se estudia las principales agresiones contra las comunidades y los territorios, mostrando las características centrales que se dan en diversos periodos, con énfasis en los patrones de criminalidad utilizados por el paramilitarismo y los impactos que estos causaron.

En el desarrollo de este capítulo se describen los siguientes períodos: 1972-1981, violencia militar: daños a la vida e integridad de las comunidades; período 1982-1989, incursión del paramilitarismo: arremetida contra la cultura y el tejido social en el Bajo Cauca; período 1990-1997, AUC y Bloque Mineros: consolidación de la criminalidad paramilitar; período 1998-2006: imperante paramilitarismo: violencias y asedio contra las comunidades del Bajo Cauca; período 2007-2020, incumplimiento estatal: reagrupación del paramilitarismo como actor dominante en el territorio.

Acercamiento a los marcos de impunidad y responsabilidades colectivas en el Bajo Cauca.

Se plantea que el funcionamiento normal de las instituciones en el marco de una democracia, facilitaría que los organismos de control garanticen una serie de acciones tendientes a prevenir posibles violaciones a los Derechos Humanos; en una fase posterior, la justicia debería garantizar las sanciones a quienes incurrieron en delitos y la reparación de las víctimas.

Pero más allá de este panorama convencional de prevención y castigo, el estado de cosas inconstitucionales que supone la continuada y masiva violación a los derechos humanos en el marco del conflicto social y armado en Colombia sumada a la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos, ha impuesto la necesidad de mecanismos de justicia transicional que resaltan la importancia de la memoria y la verdad más allá de los escenarios judiciales que permitan el esclarecimiento y la comprensión del conflicto, como una forma de reforzar la lucha contra la impunidad, lo que configuraría un esquema de prevención, castigo, verdad y garantías de no repetición.      

“La impunidad es el manto con el que se cubre la verdad”. Con estas palabras sentencia un campesino del Bajo Cauca la situación de la región en términos esclarecimiento y justicia. Esta frase surge en el proceso de elaboración de las categorías de análisis que definieron los enfoques para este informe a través del diálogo de saberes, en el cual las comunidades reconocen, después de una larga reflexión, que la impunidad es una estrategia consiente y orquestada por un entramado estatal, corporativo y criminal que sabe que el ocultamiento de hechos, responsabilidades y beneficiarios es la condición que permite perpetuar el estado permanente de agresión sobre las comunidades, que facilita el usufructo económico hegemónico de los bienes comunes.

En este aparto se abordan casos concretos por períodos de tiempo, que ejemplifican la sistemática estrategia de ocultamiento de las graves violaciones de Derechos humanos en el Bajo cauca. Así mismo se estudia como la relación entre paramilitarismo y fuerza pública contribuyó a la impunidad. También se aborda la posible vinculación de empresas y personas como financiadores, instigadores o beneficiarios de las agresiones cometidas contra las comunidades

Se identificó como obstáculo para los procesos de verdad y esclarecimiento el difícil acceso a la información y la falta de un registro completo de las principales modalidades de agresión.

Finalmente se analiza la potente carga simbólica del control armado impuesto por el paramilitarismo, que no solo cambio dinámicas políticas y sociales en el Bajo Cauca, sino que también interfirió en la cotidianidad de las personas, en su cultura e idiosincrasia, a tal punto que se reconocía al jefe paramilitar como la autoridad imperante.

Conclusiones.

Los liderazgos de campesinos y campesinas, indígenas y defensores y defensoras de Derechos Humanos, han sido blanco desde la década de los 70 de la estigmatización de dirigentes políticos y empresariales, y de la agresión de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, minando con ello la pervivencia de las organizaciones campesinas y movimientos sociales, a través de las modalidades de agresión más perpetradas: masacres, asesinatos selectivos, desaparición y desplazamientos forzados, principalmente contra líderes sociales y educadores.

Este informe señala la ya documentada promoción e instrumentalización del paramilitarismo para la implementación de la doctrina contrainsurgente, mostrando cómo se repite de forma cíclica y en diferentes épocas, el patrón criminal de estigmatización de líderes y lideresas en sus territorios, seguido de una fuerte militarización por parte de la Fuerza Pública y después el ingreso de grupos paramilitares que llegaron a despejar los territorios mediante masacres, asesinatos y desplazamientos, en muchas ocasiones con el apoyo de agentes estatales. Así se dio en la incursión de los grupos paramilitares descrito en la Ruta 1, en la toma de Cáceres relatada en la Ruta 2 y en el reciclaje o reagrupación paramilitar narrado en la Ruta 4.

Dadas estas condiciones históricas de agresión y revictimización se solicita a la CEV que ponga de presente en su informe final, en aras de las garantías de No Repetición, que la instauración de la doctrina contrainsurgente ha servido de base para el ataque sistemático a las comunidades desde los años 70, con la participación reiterada de fuerza pública y diferentes expresiones del paramilitarismo que persisten hasta el día de hoy.

En el informe se describe cómo el avance de ciertas rutas paramilitares permitió el despojo y la acumulación de tierras en favor de personas señaladas de financiar el paramilitarismo, también se evidencia el avance hacía el Nudo de Paramillo con masacres emblemáticas como la de El Aro en un claro adelanto sobre lo que sería el área de influencia del megaproyecto Hidroituango; la arremetida desde el Bajo Cauca a la zona minera y de monocultivos del Sur de Bolívar.

En este sentido, se recomienda de manera especial a la CEV, incorporar elementos de análisis territorial que permitan develar la superposición de los espacios geográficos militarizados por la Fuerza Pública y arrasados por el paramilitarismo, con la posterior imposición de proyectos extractivos relacionados con la minería, la producción hidroenergética y los monocultivos, despojando a los campesinos de sus tierras, sus saberes y formas de vida, y en muchos casos de sus vidas.