Foto:Tomada de la Web
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Washington, D.C. – En respuesta al aumento de la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19, una gran variedad de organizaciones de la sociedad civil exhortaron hoy a los gobiernos de Honduras y Colombia a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de los defensores, líderes sociales y comunidades étnicas en esos países.
La situación de vulnerabilidad de defensores, defensoras y comunidades aumentó en el contexto de la pandemia, al encontrar que los ataques por parte de grupos armados no respetan las medidas de aislamiento social obligatorio y, por el contrario, han aprovechado la situación para movilizarse ilegalmente por los territorios y atacar a las y los defensores. Es por ese motivo que 116 organizaciones de Honduras firmaron la carta dirigida a su gobierno, mientras que 101 organizaciones colombianas se sumaron haciendo el mismo llamado a sus líderes.
“La pandemia de COVID-19 está intensificando las crisis de derechos humanos en Honduras y Colombia”, dijo el director ejecutivo de EarthRights, Ka Hsaw Wa. “Estos gobiernos están protegiendo sabiamente al público con órdenes de aislamiento social. Pero estas mismas medidas han introducido nuevos riesgos para los defensores de derechos humanos que ahora son particularmente vulnerables a los grupos armados que intentan silenciarlos. Instamos a los gobiernos de Honduras y Colombia a defender los derechos humanos de estos defensores y defensoras durante esta crisis de salud pública”.
Colombia y Honduras son considerados como dos de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos a la tierra. Si bien la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a los agricultores en el Bajo Aguan en 2014, el gobierno hondureño no las ha cumplido adecuadamente. Más de 140 líderes campesinos en Honduras han sido asesinados desde el 2010.
Desde que se implementaron las normas aislamiento social, 20 defensores y defensoras han sido asesinados en Colombia, y muchos otros han sido amenazados, hostigados o heridos por grupos armados ilegales en Honduras, especialmente por las fuerzas paramilitares asociadas con empresas extractivas. Unos 84 defensores y líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde el 1 de enero de este año.
Si bien las amenazas contra los defensores, defensoras, líderes y lideresas sociales se han denunciado a las autoridades de ambos países, las medidas de protección no han garantizado su seguridad.
En Colombia, el gobierno no ha podido proporcionar vehículos blindados para los defensores, que son requeridos por las medidas de protección, lo que les dificulta la movilización en caso de ataque. Así mismo, los líderes y lideresas afrodescendientes también informan que el proceso de implementación de medidas de protección colectivas se ha estancado, exponiendo a las comunidades a una violencia severa.
El 28 de marzo, el Procurador General de la Nación de Colombia instó a la Unidad de Protección Nacional del país a adoptar medidas para garantizar la vida de los líderes sociales a medida que aumentaba la pandemia. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los estados deben continuar manteniendo los estándares internacionales de protección durante la pandemia, considerando las nuevas formas en que el COVID-19 está intensificando las amenazas hacia grupos vulnerables, como son las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBTI, personas de ascendencia africana, defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes y lideresas sociales.
En Honduras, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto Ejecutivo el 11 de abril, que establece “medidas para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria”. Al día siguiente, el presidente Juan Orlando Hernández presentó un plan para garantizar la seguridad alimentaria del país, pero el plan prioriza las operaciones de agronegocios, dejando poco apoyo para pequeños productores independientes o defensores de los derechos a la tierra, y tampoco toma en cuenta los mayores riesgos de seguridad impuestos por la pandemia.
Los defensores de la tierra y el agua de Guapinol en Honduras, que ya estaban en grave riesgo antes de la pandemia, informan un mayor riesgo de contagio de COVID-19 por estar detenidos en prisión a la espera de juicio por denunciar las operaciones mineras en sus comunidades.Al respecto, integrantes del Parlamento Europeo denunciaron recientemente que esta detención preventiva “no tiene una justificación legal sólida” y constituye “hostigamiento judicial de los defensores en ausencia de pruebas incriminatorias claras contra ellos”.
En la misma línea, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró el 25 de marzo de 2020: “Ahora, más que nunca, los gobiernos deberían liberar a todas las personas detenidas sin una base legal suficiente, incluidos los presos políticos y otros detenidos simplemente por expresar opiniones críticas o disidentes”.
La Comisión Interamericana ha recordado a los Estados que las medidas de emergencia deben “adherirse a la observancia incondicional de las normas interamericanas e internacionales sobre derechos humanos, que son universales, interdependientes, indivisibles y transversales”.Específicamente, los Estados no pueden suspender los derechos “irrevocables” y deben “adoptar un enfoque intersectorial de derechos humanos en todas sus estrategias, políticas y medidas gubernamentales para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias”.
La Comisión Interamericana también enfatiza que los estados deben considerar las formas diferenciales en que la pandemia impactará a “grupos particularmente vulnerables”, entre ellos “defensores y defensoras de derechos humanos [y] líderes sociales”.
A la luz de las amenazas planteadas a los defensores por el COVID-19, los grupos abajo firmantes piden a los gobiernos de Honduras y Colombia que:
Clasifiquen el trabajo de los mecanismos de protección doméstica como esenciales y aseguren que continúen funcionando a pesar de las medidas de aislamiento social.
Aseguren que se cumpla con los esquemas de protección de acuerdo con las evaluaciones de riesgo oportunas y que se brinden todo el apoyo material necesario para garantizar la seguridad de los y las defensores, así como los pagos a los guardaespaldas asignados, los vehículos blindados y la gasolina.
Reevalúen los esquemas de protección actuales para dar cuenta de los cambios en el panorama de riesgos provocados por medidas obligatorias de aislamiento social.
Autoricen protocolos que permitan a los y las defensores continuar su trabajo esencial en el contexto de la pandemia, de acuerdo con la guía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Proporcionen a los beneficiarios, a sus guardaespaldas y a las guardias indígenas y cimarronas (cuando corresponda) equipos esenciales de protección personal (EPP), que incluyan máscaras, guantes, desinfectantes para manos y termómetros.
Monitoreen la provisión de asistencia humanitaria y garanticen que a las personas y comunidades protegidas no se les niegue la ayuda alimentaria, el EPP y/o la atención médica debido a la estigmatización y la discriminación.
Para más información, lea las cartas al Sistema de Protección Nacional de Honduras y a la Unidad de Protección Nacional de Colombia.
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