Más allá de la pandemia el Chocó sufre el avance de los virus históricos de la violencia, el abandono estatal y la corrupción

Foto: Tomada de la web Colombia Informa 

La Diócesis de Quibdó, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato – COCOMACIA, la Mesa Indígena del Chocó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y la Mesa Territorial de Garantías Chocó manifestamos ante la opinión pública departamental, nacional e internacional una gran preocupación sobre el alarmante aumento de violación de los derechos individuales y colectivos de los pueblos étnicos del Chocó por medio del recrudecimiento sistemático del conflicto armado en el departamento. Ahora, esta realidad, nada nueva, está pasando todavía más desapercibida, porque el tema de la pandemia del coronavirus ocupa casi totalmente las agendas de los grandes medios y la opinión pública e invisibiliza los grandes problemas históricos de la violencia, el abandono estatal y la corrupción que siguen causando el mayor daño a nuestras comunidades.

Mientras las comunidades se ven privadas de manera significativa del acompañamiento de sus autoridades y líderes comunitarios, de los directivos de las organizaciones de base y de los agentes de pastoral de la Iglesia, porque sus posibilidades de actuar se ven limitadas, con justa razón, a causa de las normas gubernamentales decretadas para controlar la pandemia, los actores armados ilegales se mueven por toda la región sin ningún obstáculo. Las AGC y el ELN, según sus respectivas zonas de dominio, imponen su ley y destruyen la vida de las comunidades, colocándose por encima de las autoridades étnicas y los reglamentos comunitarios. Nuestras numerosas denuncias de estos abusos durante los últimos años nunca han encontrado una respuesta adecuada de parte del Gobierno. Nuestra propuesta del “Acuerdo Humanitario Ya!” ha sido ignorada. La esperanza de una paz real y duradera a partir de los acuerdos firmados entre el Estado Colombiano y las FARC se ha visto frustrada.

El Gobierno Nacional ha emprendido una guerra de exterminio a los grupos guerrilleros restantes, donde la suerte de las comunidades en el medio del fuego cruzado no importa. Constatamos en los últimos meses al interior del departamento del Chocó una verdadera retoma paramilitar, los cuales parecen ser considerados como   aliados que   disponen de enormes recursos financieros   y logísticos. Realizan movimientos masivos de tropas hasta por afluentes por los que antes no habían entrado. Este tipo de acciones serían imposibles de realizar, si existiera un verdadero control por parte de la Fuerza Pública. La violencia urbana ha alcanzado niveles jamás vistos: en la ciudad de Quibdó se registró la increíble cifra de 75 asesinatos durante los primeros cinco meses del año en curso.

Estamos cansados de enumerar una vez más todo tipo de abusos, violaciones de los Derechos Humanos, de los Derechos de los Pueblos y no observación del Derecho Internacional Humanitario, que hemos denunciado constantemente. Pero no podemos quedarnos callados ante el peligro de que en medio del pánico, que ha causado la pandemia del coronavirus, las grandes plagas, que acosan al Chocó desde hace décadas, sigan en el olvido y la impunidad:

–         La realidad de una guerra sin fin ha condenado a nuestras comunidades a un confinamiento prolongado que ahora, con la cuarentena, se cubre con un manto de legalidad y convierte a los Afros, Indígenas y Mestizos que siempre han sido excelentes productores de los mejores alimentos sanos y limpios en mendigos que se limitan a esperar unas migajas de mercados de las manos del gobierno en vez de recibir un apoyo eficaz mediante la financiación de proyectos productivos, con sus respectivas asistencia técnica y comercialización.

–         La minería mecanizada, avanza sin restricciones y aumenta la contaminación y la destrucción del medio ambiente. La Sentencia T622/2016 que protege los derechos del río Atrato no tiene avances significativos.

–         Todas las comunidades rurales, especialmente las indígenas, siguen constantemente expuestas a enfermedades endémicas y epidémicas (tuberculosis, pulmonía, neumonía, dengue, paludismo), acompañadas de una crónica malnutrición y debilidad en el sistema inmune.

–         El desastroso estado del sistema de salud (infraestructura hospitalaria, equipamiento, dotación, prestación del servicio) en todo el departamento del Chocó, sumerge a su población entera en una angustiosa situación de vulnerabilidad permanente ante el peligro de cualquier enfermedad o accidente más allá de la pandemia del coronavirus.

No queremos subestimar el peligro que significa la llegada del coronavirus a nuestro departamento, pues tan solo en el comienzo de los contagios, ya ha colapsado el sistema sanitario. Más bien, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que acuda de manera decidida con apoyos necesarios que permitan superar este momento dramático.

Si el Gobierno quiere eficacia y credibilidad en las medidas para combatir el avance de la pandemia y para proteger la vida del pueblo, no se puede limitar a los decretos de cuarentena y descuidar el panorama del conflicto armado, las economías ilegales, la miseria, la corrupción y la falta de atención en salud que históricamente están cobrando innumerables vidas en el Departamento del Chocó. Es urgente emprender políticas públicas que busquen garantizar vida digna integral para la población chocoana. En los territorios étnicos hay que restablecer inmediatamente el reconocimiento de las autoridades indígenas y afros y de los reglamentos comunitarios, respetando siempre el derecho a la consulta previa.

El mandato constitucional de búsqueda de la convivencia pacífica debe materializarse en la restauración de la mesa de diálogos con la insurgencia y generación de mecanismos transicionales de sometimiento a la justicia de otros actores armados y la implementación del Acuerdo Final, que incluye el capítulo étnico, entre el Gobierno Colombiano y las FARC. El Capítulo Étnico por su coherencia con el derecho internacional de los derechos humanos, al ser aprobado en el Congreso y ratificado por el Presidente, se convierte en norma de normas, imperativo para su implementación. Con los recursos que se malgastan en una guerra interminable se podría construir y sostener un sistema de salud sólido coherente con el derecho universal y no con el lucro. La única “guerra” que apoyaríamos incondicionalmente sería una “guerra” eficaz y decidida contra la corrupción.