La Fuerza Pública comete 343 agresiones en 3 días

¿No hay quién los detenga?

¿Quién dio la Orden?

Desde el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, hacemos público el balance de los tres días de movilización en el marco del paro contra la Reforma Tributaria. De acuerdo con el registro, se han contabilizado 343 casos de agresión presentados especialmente en Medellín, Bello, Copacabana, Envigado y Sabaneta.

Como lo denotan las cifras, durante estos días, la fuerza pública ha cometido todo tipo de graves violaciones a los derechos humanos encontravía de la Constitución Política y el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Además se ha denunciado la presencia de estructuras paramilitares, quienes no solo han hostigado a los manifestantes sino que han usado sus armas de fuego.

Cuadro consolidado con cifras del PSG.

Comportamiento de la fuerza pública: entre el 28, 29 y 30 de abril, en el desarrollo de la protesta social la Policía Nacional (ESMAD, Motorizados, Carabineros y fuerza disponible) ha dado un tratamiento criminal, contrainsurgente e inconstitucional a este derecho. De esto dan cuenta el gran número de agresiones presentadas. La libertad ha sido el principal blanco de agresión, lo que se tradujo en 207 privaciones de la libertad, siendo otra vez el traslado por “protección” y los traslados de policía mecanismos instrumentalizados para llevar a cabo detenciones masivas y arbitrarias. Destaca en esta práctica la Estación de Policía de Manila, ubicada en el barrio El Poblado de Medellín, a donde fue llevada más de una docena de personas.

A la privación de la libertad se suma la perpetración de torturas en contra de quienes participaban de las manifestaciones o transitaban en sus inmediaciones. Golpizas, amenazas, choques eléctricos fueron propinados por los policiales de manera indiscriminada y brutal, produciendo heridas abiertas y graves contusiones a las víctimas. Nuevamente se han registrado agresiones en contra de las mujeres por su sexualidad y condición de género.

Se han presentado siete casos de personas que fueron denunciadas como desparecidas ya que se desconocía su paradero, esto cuando la Policía Nacional intervino las marchas y privó de la libertad a cientos de manifestantes. Las personas dadas por desaparecidas han ido reportándose a sus familias. Sin embargo se anota que las víctimas estuvieron por horas privadas no solo de la libertad sin de la posibilidad de contactarse con sus hogares y/o amigos cuando permanecían en los calabozos o Centros de Traslado por Protección.

Pese a que las y los defensores de derechos humanos han exigido a la Policía Nacional que detenga sus agresiones contra los manifestantes y se ciña a los protocolos establecidos por la

ley, la fuerza pública ha continuado con sus acciones de daño intencional contra quienes protestan. Así mismo ha sido denunciada la presencia del Ejército Nacional durante las protestas, tal es el caso del Oriente antioqueño donde uniformados del GAULA del Ejército, portando armas de fuego, estuvieron en los espacios de manifestación. Esto evidencia el tratamiento militar que se pretende dar a este escenario social.

Durante los días de movilización ha sido reiterativo el uso inadecuado de armas de menor letalidad por parte del ESMAD, quien ha disparado gases lacrimógenos y ha lanzado bombas explosivas y aturdidoras en contra del cuerpo de las personas, también han portado armas de fuego y han realizo bloqueos a los recorridos de las marchas con el fin de hostigarlas. De igual manera se ha constatado que agentes de la Policía Nacional han usado chalecos antibalas lo que impide identificar a los miembros de la fuerza pública; a esto se suma el hurto de teléfonos, cámaras de video y dinero a los manifestantes por miembros de la Policía.

Cuando el Proceso Social de Garantías buscó establecer comunicación con el Comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Brigadier General Pablo Ferney Ruíz Garzón, el día 30 de abril, para solicitar que se garantizara el derecho a la protesta social y se detuviera la represión, la respuesta fue: “La constitución la estoy cumpliendo contra los vándalos y delincuentes que hurtaron y saquearon los bancos y locales comerciales; por los videos que me hacen allegar estoy aperturando (sic) investigaciones disciplinarias respectivas en coordinación con la Procuraduría”. En esta respuesta el Comandante dejó claro a las y los defensores que su acción no estaba encaminada a la prevención de las graves violaciones a los derechos humanos y a detener el comportamiento represivo del personal bajo su mando, permitiendo la continuidad de las agresiones.

Ataques contra la labor de las y los defensores de derechos humanos:

Durante los días de movilización la Policía Nacional también ha direccionado sus actuaciones represivas contra las y los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes van en Comisiones de Verificación debidamente identificados. Las Comisiones han sido agredidas y se les ha impedido realizar su labor, en especial en los casos de acompañamiento de personas que eran privadas de la libertad; la policía ha empleado el hurto y la destrucción de celulares y cámaras fotográficas, donde se llevaba a cabo el registro de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los policiales, como práctica para borrar la información que los compromete en dichas actuaciones; y se han reportado intentos de privación de la libertad y amenazas en contra de su integridad.

Se destaca los hechos ocurrido el día 29 cuando la Policía Nacional focalizó su accionar represivo contra la Comisión de Verificación conformada por: el colectivo Chucho Minga, el CSPP, la CUT, organizaciones de prensa alternativa, Aquinoticias y medios internacionales. Este día particularmente la Policía cometió tortura contra de 6 defensores y defensoras de derechos humanos, usó el teaser y llevo a cabo golpizas que dejó laceraciones y contusiones en las víctimas. De igual manera se denunció que la Policía hurto y en otros

casos daño celulares y cámaras fotográficas, con las cuales las víctimas estaban registrado las protestas y las agresiones de los agentes estatales. Se pudo constatar la presencia de personas de civil no identificado que hostigaron a las y los defensores de derechos humanos, a quienes les tomaron fotografías y les agredieron y amenazaron verbalmente, generando con ello un escenario de riesgo. La magnitud de las agresiones del día 29 conllevó a que varias defensoras y defensores de derechos humanos tuvieran que resguardarse en algunos lugares y quitarse sus identificaciones por temor a ser agredidos nuevamente.

Presencia de grupos paramilitares: se ha denunciado la presencia de estructuras paramilitares en las movilizaciones de Bello, Sabaneta, Copacabana y Medellín. En varios casos estas estructuras han disparado sus armas de fuego generando intimidación y terror en los manifestantes quienes han buscado refugios. Esta presencia ha sido denunciada en las marchas de 2019 y 2020 sin que la fuerza pública haga nada al respecto. Es de recordar que en Medellín operan alrededor de 160 estructuras paramilitares articuladas principalmente la Oficina del Valle de Aburrá y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En todo el Valle de Aburrá son más de 350 estructuras las que operan. Lo que constituye un grave riesgo para las y los manifestantes y población en general.

Actuación de las Autoridades civiles: Alcaldías y Ministerio Público: si bien la Policía Nacional ha estado al frente de las represión en las marchas, no se puede desligar la responsabilidad que tienen las Alcaldías, Personerías, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, quienes también son garantes de los derechos humanos y del derecho a la protesta social. En estos 3 días ha sido evidente que estas entidades no han cumplido su papel de garante, guardando un silencio cómplice que conlleva a una omisión y con ella a la configuración de graves delitos contra la humanidad, hechos que pudieron frenarse si hubiesen actuado en el marco de la Constitución política.

Finalmente dejamos constancia que en estos tres días no hubo voluntad política por parte de la mayoría de estas instituciones para interlocutar eficazmente con las y los defensores de derechos humanos a fin de evitar el aumento de la represión y con ello el número de víctimas.

Exigencias

• A la Policía Nacional detener su actuación represiva que viola los derechos humanos de las personas que se movilizan.

• A las autoridades civiles y organismos de control presentes en el PMU les exigimos explicar públicamente su rol y su responsabilidad en las órdenes y definiciones que recibe la Policía.

• A la procuraduría ejercer su poder preferente e inicie investigaciones contra los miembros de la Policía responsables de estos hechos criminales.

• A la Fiscalía abrir investigaciones y judicializar a los agentes estatales comprometidos en estas graves violaciones a los derechos humanos.

Solicitudes

• A la comunidad internacional que envié comunicaciones al gobierno nacional, expresando su preocupación por lo que acontece en Colombia en el marco de la protesta social que inició el 28 de abril.

• A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exhortar al Estado colombiano para que cumpla con el respeto y la garantía de los derechos humanos de quienes protestan en las calles. Así como la solicitud de suspensión del ESMAD, la erradicación de cualquier estrategia de militarización y de guerra contra la protesta social, además de abstenerse de discursos estigmatizantes.

• A la OACNUDH hacer seguimiento sobre la situación que se presenta en Colombia y advertir al Estado colombiano sobre su responsabilidad en los acontecidos.