En memoria de las víctimas
El sol terminaba de caer sobre el horizonte, empujado por la oscuridad de la noche que se avecinaba, cuando doscientos paramilitares salieron del corregimiento de Puerto Alvira, más conocido como Caño Jabón, ubicado en el municipio de Mapiripán (Meta), el 4 de mayo de 1998.
Tras de sí dejaron el silencio pávido, casas derruidas, personas ultrajadas, mujeres violadas y la sangre de más de 20 campesinos a quienes señalaron de colaboradores de la guerrilla, entre ellos una niña indígena de seis años que navegaba con su padre por el río Guaviare.
Después del desarrollo de la masacre de Mapiripán –ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997–, donde las estructuras paramilitares contaron con el apoyo y complicidad del Ejército, la Policía y algunos funcionarios públicos, Vicente Castaño ordenó el ataque a Caño Jabón, un caserío aislado y abandonado por el Estado, esencial para controlar la salida de pasta de coca del país.
Se reunieron algunos paramilitares que estuvieron en Mapiripán en la incursión de 1997, con otros grupos enviados desde Urabá y Casanare, en Brasil, una de las fincas del zar de las esmeraldas, Víctor Carranza[1], para recibir entrenamiento durante veinte días: combate en campo abierto, requisas en pueblos y caseríos, armar y desarmar explosivos, según declaraciones del desmovilizado Efraín Pérez Cardona, alias “400”.
El 3 de mayo comenzaron el recorrido hacia Puerto Alvira pasando por Cachama, Guacamayas, Punta Hermosa, Casa Rosa y Pedro Carrozas. Al día siguiente llegaron a Caño Jabón a
la 1:30 de la tarde y se distribuyeron en tres grupos: uno en la plaza, otro en el aeropuerto y el último en el margen del río Guaviare.
Casi cuatro horas después salieron con la misma tranquilidad que llegaron, convencidos de que la Fuerza Pública no se presentaría pese a “los avisos preventivos de los habitantes, representantes de la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y ONG´s de Derechos Humanos”, como lo afirmara días después el Grupo de Apoyo a Organizaciones de Desplazados (GAD) en una carta enviada al presidente de la República, Ernesto Samper Pizano.
Para evitar enfrentamientos con la guerrilla, se refugiaron en una finca durante tres días, al cabo de los cuales regresaron “donde los comandantes a rendir informes y descansar”, dijo Elkin Casarrubia, alias El Cura, en octubre de 2010.
Catorce años después sólo algunos paramilitares han sido condenados por esta masacre y hace poco la Fiscalía 30 de Justicia y Paz inició la versión conjunta de 13 desmovilizados para esclarecer los hechos que han rodeado a las masacres de Mapiripán y de Caño Jabón.
[1] A Víctor Carranza, uno de los mayores terratenientes en zonas de despojo en Colombia, se le han abierto innumerables procesos a causa de las denuncias de los mismos paramilitares desmovilizados en su contra, inclusive de Salvatore Mancuso y Freddy Rendón Herrera, “el Alemán”. Sin embargo ha contado con la suerte de que buenos amigos lo saquen de apuros: en el 97 estuvo preso después de que un fiscal de Barranquilla le dictara orden de captura por patrocinio de grupos de autodefensa, pero un tribunal de Bogotá lo absolvió y, finalmente, el Fiscal Luis Camilo Osorio desvinculó a algunos funcionarios que participaron en su captura.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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