El Acuerdo de Paz de la Habana firmado por las FARC-EP y el Estado Colombiano en 2016 puso fin a la última confrontación militar de carácter nacional asociada a las dinámicas geopolíticas de la guerra fría que marcaron la vida política latinoamericana por más de medio siglo. A pocos meses de cumplirse seis años de este importante hecho político para la historia colombiana más reciente, la ebullición de disputas armadas regionales en diferentes puntos de su geografía, documentada en los informes anuales de la ONU, Human Right Watch, Amnistía Internacional y una decena de organizaciones defensoras de derechos humanos, permite dilucidar una reorganización militar, territorial y social en el traumático post acuerdo criollo.
No es gratuito que el informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (Gitoc), el cual tuvo en cuenta a los 193 países miembros de la ONU, ubique a Colombia como el segundo país con más cantidad de organizaciones y mercados criminales superado solamente por la República del Congo. Calificación preocupante porque si bien el acuerdo de paz avanzo en el diseño de propuestas y planes que buscan incidir en las causas económicas y sociales que originaron el conflicto armado, las reformas allí contenidas han sido detenidas, paralizadas por las fuerzas políticas que buscan conservar su poder en base a la política de territorios violentados, explotados, olvidados y estigmatizados socialmente.
Desde 2017 asistimos a una agudización de las confrontaciones militares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Choco, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Estos hechos han tenido como resultado la emergencia de nuevas crisis humanitarias, las cuales deben ser atendidas con prontitud si el gobierno quiere avanzar en los proyectos de paz que está intentando adelantar por vías legislativas durante el último mes.
Antioquia es bastante incendiaria: electoralmente se orienta hacia el apoyo a las fuerzas de derecha más conservadoras del escenario representativo-parlamentario y, al mismo tiempo, aporta una buena dosis de combustible a la hoguera guerrerista que mantiene fragmentado el país con la imposición de fronteras y limites en las nueve subregiones que componen este departamento. Son constantes los choques entre diferentes grupos armados: guerrillas, disidencias, paramilitares, carteles de la droga y fuerzas militares. En su disputa por el control de corredores estratégicos, recursos naturales, la producción de base de coca y el tráfico de drogas, la más afectada ha sido la población civil y sus organizaciones de base puesto que durante los últimos 5 años se ha presentado el asesinato de 144 líderes sociales (PSG 2022), 43 masacres entre 2020 y 2022 (Indepaz 2022), la imposición de normas para el disciplinamiento social, decenas de confinamientos masivos así como desplazamientos forzados (colectivos o gota a gota), donde campesinos, indígenas y negritudes son las poblaciones más damnificadas[1].
En el oriente y suroeste antioqueño: subregiones consolidadas según una visión instrumental e institucional del espacio, se han disparado los índices de violencia, especialmente los asesinatos, resultado de la disputa por el monopolio de la comercialización de drogas y la seguridad entre estructuras paramilitares y mercenarias del orden nacional y regional, es decir, las Autodefensas Gaitanistas, el Clan Isaza y la Oficina del Valle de Aburrá. En el Urabá, laboratorio nacional de paces frustradas, se impone un férreo control social bajo la tutela de la denominada Empresa, valga decir las AGC, que no es otra cosa sino una de las expresiones más avanzadas en la evolución de los aparatos paramilitares que se han originado en esta subregión desde 1980. Y en subregiones donde tuvo una fuerte presencia la insurgencia de las FARC-EP como lo son: bajo cauca, nordeste, norte y occidente antioqueño las comunidades asisten temerosas a los constantes movimientos y enfrentamientos entre miles de hombres armados de odios, intereses económicos y muy pocas respuestas o iniciativas a la crisis social nacional.
Estas guerras locales, asociadas en muchas ocasiones a intereses trasnacionales desconocen totalmente las normas del derecho internacional humanitario y sus protagonistas en el campo de batalla: hombres en su mayoría provenientes de clases y sectores empobrecidos, parecen ensañados en ser los verdugos de comunidades que solo anhelan y quieren trabar la tierra en paz. En este sentido con el objetivo de promover una agenda humanitaria para Antioquia, que alivie y mitigue la actual crisis que se presenta en el departamento viene funcionando desde el pasado 9 de septiembre la Mesa Humanitaria y por la Paz con la participación de más de 40 organizaciones de la sociedad civil.
El llamado a la conformación y fortalecimiento de la Mesa Humanitaria en Antioquia, como también se está dando en otros departamentos, es la continuación en la búsqueda de alternativas políticas que permitan imaginar y transitar los caminos para finalizar con la terrible noche de la guerra en Colombia.
[1] Oficina para la coordinación de asuntos humanitarios (OCHA), en sus Sistema de Monitoreo, informa que entre 2021 y 2022 se registraron 1.168 infracciones al DIH: 577 homicidios en persona protegida, 121 acciones de restricciones a la movilidad de la población, 56 casos de hostigamiento, 23 casos de minas antipersonal y 75 combates. En los últimos 20 meses este accionar de los grupos armados ilegales, ha provocado la muerte (masacres), el desplazamiento forzado y el confinamiento de más de 13.120 personas. Ver bases de datos: https://monitor.salahumanitaria.co/#
Cra. 47 # 53-45 Ed.
+60 (4) 4017462 – 4017635 – 5575153