Respondiendo a los actos de discriminación, señalamiento, persecución y exterminio de los que han sido víctimas los defensores y defensoras de Derechos Humanos y los líderes sociales y comunitarios en Colombia, especialmente durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez ; un amplio grupo de organizaciones sociales y de Derechos Humanos vienen dinamizando diferentes escenarios de discusión alrededor de una política integral en materia de Derechos Humanos.
Para tal fin el viernes 10 de julio se desarrolló la sexta audiencia territorial de garantías, en esta ocasión en la ciudad de Medellín, con el objetivo de poner sobre la mesa las posturas de la sociedad civil y de los entes estatales nacional, departamental y municipal con respecto a la prevención de violaciones de los Derechos Humanos, su protección, y la investigación, justicia y control.
En miras, además, de que se adopten las decisiones y medidas pertinentes en torno al tema de garantías, el documento, complemento de otros que se han presentado con anterioridad al Gobierno nacional, contiene una serie de exigencias claras y específicas para que la garantía plena del ejercicio de la labor de defensa de los derechos de los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales sea una realidad.
En él se evidencia el descontento de las organizaciones en relación al silencio que han guardado la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo frente a los casos de violaciones de los Derechos Humanos, especialmente en lo referente a las ejecuciones extrajudiciales que en Antioquia cobraron la vida de 504 personas entre el 1º de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2008 , según datos de la Corporación Jurídica Libertad.
Manifiestan también la inconformidad con la negligencia de algunos personeros de los municipios ubicados en las subregiones del departamento, donde la gente se queja de no recibir atención oportuna y de padecer la indiferencia de los funcionarios.
Una de las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil gira en torno al reconocimiento de la legitimidad del trabajo realizado por los defensores y defensoras de Derechos Humanos y los líderes sociales y comunitarios, mediante pronunciamientos públicos de los gobiernos nacional, departamental y municipal a través de los medios masivos de comunicación, tan bien empleados hasta el momento para desdibujar la labor de los defensores frente a la opinión pública.
Asimismo reclaman que las fiscalías sean retiradas de las guarniciones militares como garantía de respeto al derecho de distinción e independencia judicial, se reconozca la existencia de un conflicto social y armado en Colombia y el fracaso del proceso de desmovilización y, en ese sentido, sean desmontados las estructuras paramilitares y los acuerdos de los organismos del Estado con la ilegalidad. En este mismo sentido se rechaza la implementación de la doctrina de Acción Integral que pone en cabeza de los militares las funciones civiles de las autoridades permitiendo cada vez más la militarización del país.
Le exigen a la Procuraduría investigar el empleo de desmovilizados de la insurgencia y de los paramilitares en las investigaciones que se llevan a cabo contra defensores y líderes sociales y comunitarios, la violación del debido proceso y derecho a la defensa en las causas penales contra defensores y defensoras de Derechos Humanos. Y a la Corte Suprema de Justicia rechazar la terna para Fiscal General de la Nación puesto que no responden al principio de imparcialidad requerido para tal cargo.
¿Acuerdos?
No obstante la enfática exigencia de las organizaciones de la sociedad civil de que se presentaran en la audiencia de garantías autoridades municipales, departamentales y nacionales con capacidad de decisión, de nuevo se han levantado quejas y reclamos por la ausencia de algunos funcionarios y la poca importancia que parecen brindarle al tema de defensa de los Derechos Humanos.
Aún mayor fue la indignación cuando, no obstante la sentencia judicial proferida en marzo pasado, que reconoce la existencia del paramilitarismo en la Comuna 8 de Medellín – que involucran a Severo Antonio López, alias “Job”, quien se reunió en distintas oportunidades con funcionario del gobierno Nacional en la Casa de Nariño -, el delegado de la Alcaldía Municipal fue enfático en que en la ciudad no hay paramilitarismo. Por poco afirman “aquí no pasa nada”.
Pese a ello y a grandes desacuerdos con respecto a la situación de seguridad en el departamento y la violación de los Derechos Humanos, ambas partes dan una valoración positiva de este espacio de interlocución, y lo reconocen como el primer paso de muchos que habrá que dar para avanzar en el tema de garantías en el departamento y en el país.
Sin embargo dejan claro que consideran indispensable discutir el tema de la militarización y paramilitarización en el departamento, a partir de la realidad concreta, para avanzar en la generación de garantías para el ejercicio de defensa de los Derechos Humanos; y la indefectibilidad de que se cumplan los acuerdos: “No daríamos ningún paso adelante si las garantías acordadas y las que se acordarán no se hacen efectivas. No nos podemos seguir reuniendo toda la vida esperando algo que no llega. Ya queremos realidades”, han afirmado.
Las organizaciones de la sociedad civil terminan diciendo que no son partidos políticos urgidos de adeptos y por tanto no necesitan que las legitimen, que lo que exigen es que se les respete, se repare el daño hecho a los individuos y a las organizaciones sociales al tacharlas de terroristas, y se reconozca que la labor de los defensores y defensoras de Derechos Humanos y de líderes sociales y comunitarios ha sido invaluable para el desarrollo de la democracia en Colombia.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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