Campamento de refugio humanitario en Barbosa, Antioquia

CAMPAMENTO DE REFUGIO HUMANITARIO
EN BARBOSA, ANTIOQUIA

Medellín, 28 de agosto de 2013. En el Coliseo del Municipio de Barbosa se encuentran desde hace diez días en el denominado Campamento de Refugio Humanitario alrededor de cuatro mil doscientos campesinos provenientes de municipios del Nordeste, Norte y Bajo Cauca antioqueño y del Alto Sinú, departamento de Córdoba, quienes en defensa de su territorio apoyan el Paro Nacional Agrominero. Los mismos hacen parte de organizaciones como: ASCNA, El consejo Mayor de Porce IV, Cahucopana, ACVC, Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamuco -AHERAMIGUA- y la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú -ASODESCA-.

En el Campamento los líderes denuncian las agresiones cometidas contra ellos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, sus cuerpos evidencian el uso excesivo de la fuerza, las violaciones a los derechos humanos y la política de un Estado que insiste en desconocer y criminalizar la protesta campesina. Dentro de los campesinos agredidos están ROBINSON DARIO JIMENEZ LÓPEZ, un menor de 16 años que fue brutalmente golpeado en todo el cuerpo por agentes de la policía, además de los señores LUIS ENRIQUE ALVAREZ LOPÉZ, EDER ANTONIO ALVAREZ y JOSE HILARIO RESTREPO CORTES. Los campesinos fueron momentáneamente retenidos por la policía y fotografiadas sin ninguna justificación.

Pese a contar con un comité de salud se encuentran desabastecidos de medicamentos y ya se presentan las primeras enfermedades infecciosas. La alimentación por su parte está a cargo de cada delegación, pero ha sido complementada con las provisiones que la Cooperativa de Mineros de Amalfi les ha ido proporcionando solidariamente.

Las organizaciones que protestan exigen que el Gobernador de Antioquia Sergio Fajardo dialogue y negocie con ellos a través de la conformación de una Mesa Departamental de Interlocución y Negociación, donde además del pliego de peticiones se discuta la propuesta de una consulta popular sobre la explotación minera en estas regiones, así como la inversión social en los municipios afectados, además se analice la situación de derechos humanos por toda la persecución sufrida y se establezcan garantías de no represión contra los manifestantes. Especialmente casos concretos de líderes mineros y campesinos que han sido amenazados incluso después de haber participado en reuniones institucionales.

Uno de los casos más preocupantes es el del líder defensor de derechos humanos ANDRES CHICA, uno de los voceros de las protestas que fue amenazado y debió desplazarse para proteger su vida. Este caso ha generado mucho temor, además por la política de la Gobernación de otorgar recompensas de hasta diez millones de pesos por información sobre líderes y financiadores de la protesta que supuestamente promuevan disturbios o ataques contra la fuerza pública, medida anunciada por el secretario de gobierno Santiago Londoño, lo que refuerza la estigmatización contra las organizaciones que promueven y apoyan las movilizaciones. Todo ello se suma el decomiso de alimentos por parte del ejército y la restricción al transporte público para movilizarse por ciertas carretera o las amenazas a los transportadores como ocurrió con Sotracor, a quienes llamaron a amenazar si movilizaban a los campesinos integrantes de ASODESCA.

Los mineros denuncian como el gobierno nacional y departamental favorece con sus políticas a empresarios nacionales y empresas multinacionales, mientras desconoce los derechos de los campesinos y pequeños mineros. Ponen como ejemplo el caso de la empresa Mineros de Antioquia a quienes se les otorgó 7000 hectáreas para la explotación minera en el Bajo Cauca donde tienen al menos cinco dragas que generan grandes impactos ecológicos sobre el río Cauca, a donde llegan residuos del mercurio que utilizan. Sin embargo se señala a los mineros artesanales o pequeños mineros de ser los causantes de la contaminación, criminalizándolos así por una actividad que han realizado ancestralmente.

El Campamento de Refugio Humanitario en el Coliseo Deportivo de Barbosa, evidencia que el “tal Paro agrominero” desconocido por el gobierno nacional, si es una realidad. Las organizaciones agromineras de Antioquia y Córdoba han dejado claro que se suman a las peticiones nacionales resumidas en: 1. Medidas y acciones frente a la crisis de producción agropecuaria 2. Acceso a la propiedad de la tierra 3. Reconocimiento a la territorialidad campesina 4. Participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera 5. Adopción de medidas que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de la población rural 6. Inversión rural en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías. Reivindicaciones que también están siendo apoyadas por la Centrales obreras, el movimiento estudiantil y en general gran parte de la sociedad colombiana.

El gobierno nacional y local no puede seguir respondiendo a estas justas peticiones con represión y un mentiroso llamado a la protesta pacífica como estrategia para banalizar los reclamos ante un modelo de desarrollo agropecuario y minero que favorece la agroindustria, las multinacionales y las exigencias de los Tratados de Libre Comercio firmados con varios países, entre ellos el de Estados Unidos.

El reciente informe del Grupo de Memoria Histórica ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad evidencia como el problema agrario ha sido una constante causa de la violencia en Colombia. Además allí se hace memoria como el movimiento campesino ha sido reprimido, señalado y estigmatizado tal como lo viene haciendo el gobierno de Juan Manuel Santos y su ministro de defensa que han puesto algunos medios de comunicación a su servicio para deslegitimar la protesta con el argumento de estar infiltrada por las FARC y favorecer así la acción criminal del Escuadrón Móvil Antidisturbios que ya deja algunos campesinos muertos, cientos de manifestantes heridos, detenidos y criminalizados. El ciclo de violencia tiene que parar y el publicitado compromiso de paz del actual gobierno debe traducirse en una nueva política de Estado que respete los derechos humanos, la oposición, la protesta y las alternativas al modelo de desarrollo basado en la explotación irracional de los recursos naturales, la megaminería y la privatización de los territorios.

Además es urgente que la consigna de respeto al derecho a la protesta se traduzca en medidas reales que pasan por permitir la libre movilización, el control del ESMAD, la investigación y sanción por los hechos de exceso en el uso de la fuerza, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la tortura, los homicidios y las detenciones arbitrarias, entre otros.

Llamamos a que el gobierno local rectifique su propuesta de pago de recompensas por la denuncia de líderes que puede favorecer la comisión de graves violaciones a los derechos humanos como ya ha pasado en otros momentos de la historia reciente del país. La utilización de incentivos económicos ha dado lugar a la privación injusta de la libertad de cientos de personas y peor aún a la ejecución extrajudicial de campesinos presentados como guerrilleros muertos en combate. Señor Gobernador, la política de derechos humanos va más allá de discursos retóricos y se debe traducir en el cumplimiento absoluto de las normas nacionales e internacionales que protegen la vida, dignidad, libertad y seguridad de quienes salen a la calle a manifestarse.

Solicitamos al Ministerio Público que fortaleza la labor de documentación y formalización de las denuncias por el accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios para permitir sanciones ejemplares a estos hechos como una medida que posibilite las garantías de no repetición.