El Claustro de Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de laUniversidad de Antioquia, a raíz de las recientes amenazas de las que ha sido víctima el abogado de la Corporación Jurídica Libertad, BAYRON RICARDO GÓNGORA ARANGO, egresado y profesor de nuestra Facultad, quiere hacer públicas las siguientes
CONSIDERACIONES
Las amenazas constituyen hechos inaceptables y repudiables en cualquier comunidad civilizada, en especial cuando a través de ellas se pretende  silenciar la voz y obstruir el quehacer de quienes tienen en sus manos la defensa de aquellas personas que ven lesionados o negados sus derechos fundamentales a la vida, la libertad, la integridad física, moral y patrimonial, entre otros.
 
Constituye un deber ineludible para el Claustro, no sólo repudiar tales amenazas, sino dejar oír su voz para respaldar y solidarizarse con quienes, como el Abogado Bayron Ricardo Góngora Arango, de manera valerosa y comprometida asumen la defensa de los derechos de presos políticos, el acompañamiento de comunidades y la asistencia a víctimas del conflicto armado, todo ello enmarcado, en la Constitución Nacional, las leyes colombianas y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado colombiano.
Entiende el Claustro ante esta nueva amenaza que ahora se cierne sobre  uno de nuestros más comprometidos profesores, con la defensa de los derechos humanos, que ella constituye un grave atentado contra el ejercicio legítimo de la profesión de abogado, con todas sus implicaciones en materia de garantías fundamentales de todas las personas.
El Claustro, como lo ha expresado en otras oportunidades, encuentra que esos hechos  evidencian que nos encontramos ante una intensificación de la guerra, que involucra de  manera amplia e irracional a vastos sectores que no hacen parte de los actores armados del conflicto y cuyas indeseables consecuencias afectan ya a un número considerable de personas.

EL Claustro rechaza cualquier tipo de violencia que atente contra la integridad de las personas o las instituciones fundantes del Estado Social de Derecho, y en este pronunciamiento reitera y reivindica la postura que ha mantenido de tiempo atrás, en el sentido de que el derecho fundamental al debido proceso, representa un mandato jurídico que debe garantizarse desde todo punto de vista, pues de lo contrario caeríamos en las lógicas de las razones de Estado que en tiempos de guerra o de conflicto exacerbados, justifican la abolición y disminución sistemática de derechos fundamentales, tales como la presunción de inocencia.

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