CORPORACIÓN ITAGÜÍ NUEVA GENTE ES DEMANDADA POR CUATRO FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
La Corporación ITAGÜÍ NUEVA GENTE, organización al servicio de la comunidad que promueve y defiende los Derechos Humanos desde el año 2001, fue demandada por cuatro funcionarios de la Administración Municipal de Itagüí por supuesta injuria y calumnia.
La razón de esta demanda fue una carta pública, fechada el día 31 de junio de 2009 y que se puso a circular durante la jornada de movilización denominada “En Itagüí Vivo y Convivo” organizada por la Alcaldía de dicho municipio. En este documento, la Corporación ITAGÜÍ NUEVA GENTE planteó varias propuestas para evitar la vulneración a los Derechos Humanos de los ciudadanos de esta comunidad y, específicamente, en el numeral séptimo se expresó:
“Que se hagan públicos los nexos que tiene la Policía de Itagüí y algunos funcionarios públicos con actores armados al servicio de las bandas delincuenciales y el paramilitarismo”.
Esta cita fue rechazada por cuatro funcionarios del municipio de Itagüí quienes aparentemente se vieron afectados por esta denuncia y, por esta razón, procedieron a demandar a esta Organización No Gubernamental que promueve y defiende los Derechos Humanos en esta ciudad del sur del Valle de Aburrá.
Cabe aclarar que la propuesta hecha en el comunicado puede respaldarse en hechos conocidos por la opinión pública como el caso del Ex Comandante de la Policía de Itagüí Mayor Luis Augusto Manrique Mantilla quien confesó haber participado, junto a otros policías de la misma Estación, en la desaparición de tres mujeres del municipio de La Estrella y de un líder de una banda delincuencial de Itagüí llamado Diego Mejía más conocido con el alias de ‘veintiocho’. Además, el país ha conocido en los últimos años que en muchos lugares el paramilitarismo infiltró estructuras institucionales y contó con el respaldo de funcionarios públicos corruptos que favorecieron su accionar, por lo que en varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha declarado al Estado colombiano como responsable por el accionar de los grupos paramilitares.
La demanda aparece formulada por cuatro funcionarios de alto rango de la Administración Municipal: Juan Carlos Sierra Restrepo, Gerente de Infraestructura y Movilidad; Edgar de Jesús Muñoz Henao, Gerente de Proyectos; Ana Cristina Giraldo, Gerente Institucional del Municipio y Flor Danely Román, Asesora Jurídica de la Alcaldía.
Es importante hacer énfasis que la Corporación ITAGÜÍ NUEVA GENTE ya ha sido demandada en una anterior oportunidad por la Rectora de la Institución Educativa Carlos Cortés Herrera, por cuenta de la Alerta Temprana que la Corporación emitió el 13 de mayo de 2009.
La Corporación ITAGÜÍ NUEVA GENTE ha manifestado abiertamente ante la opinión pública que como consecuencia de lo dicho en este comunicado, en donde se propone un plan de acción para que en Itagüí se generen cambios en pro de la convivencia y la paz, y en donde se pide que se entre a investigar por parte de las autoridades competentes la presunta vinculación de funcionarios de la administración con bandas delincuenciales, se ha contestado con acciones de señalamiento y estigmatización sobre la labor de defensa de los Derechos Humanos, lo que va en detrimento del debate público y de la participación de la sociedad civil para alcanzar la plena vigencia de sus derechos.
Esta vinculación a procesos judiciales se ha convertido en una constante durante los últimos años y ha representado un obstáculo para los trabajos de las organizaciones de Derechos Humanos, al tiempo que ha servido como mecanismo de disuasión a la hora de hacer denuncias sobre temas complejos y controversiales, lo que se ha realizado contra diferentes organizaciones a lo largo del país, como lo ha constatado el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas.
Por esta razón, las organizaciones abajo firmantes, integrantes del Comité de Derechos Humanos de Medellín, nos pronunciamos rechazando esta demanda en contra de la Corporación ITAGÜÍ NUEVA GENTE, por ser una forma de menguar la labor de la defensa de los Derechos Humanos en ese municipio que se ha visto duramente golpeado por la violencia y por los paramilitares, hoy denominados bandas delincuenciales.
Hacemos un llamado a que las autoridades competentes investiguen las denuncias formuladas por esta organización y que además se garantice la vida, seguridad e integridad personal de todos y cada uno de sus miembros.
Asociación Campesina de Antioquia, Asociación de Institutores de Antioquia, Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ, CEDECIS, Central Unitaria de Trabajadores Antioquia, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL, Comisión de Derechos Humanos ADIDA, Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, Corporación Para la Vida Mujeres que Crean, Corporación Región, Corporación Vamos Mujer, Corporación Convivamos, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Nuevo Arco Iris, Corporación Penca de Sábila, Fundación Sumapaz, Grupo Estudiantil Kavilando, Grupo de Trabajo Estudiantil Contracorriente, Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, Habeas Corpus, Instituto Popular de Capacitación IPC, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Redepaz, Ruta Pacífica de las Mujeres, Universidad San Buenaventura
Medellín, 18 de Febrero de 2010
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Last modified: 29 septiembre, 2021