Comunicado a la opinión pública: Rechazamos los señalamientos a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y a sus líderes.

Foto: Tomada de la web

Las organizaciones abajo firmantes, manifestamos nuestro respaldo y solidaridad a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y expresamos nuestra preocupación por los continuos señalamientos en su contra y las acciones en contra de sus líderes, como es el caso de la orden de arresto de su representante legal GERMÁN GRACIANO POSSO. De igual manera, hacemos un llamado respetuoso a la Corte Constitucional para que seleccione para su revisión la Tutela T 7092205 que ha dado origen a este preocupante hecho.

Como es de público conocimiento, la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional, a través de su comandante Carlos Alberto Padilla Cepeda, interpuso una Acción de Tutela contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó alegando que ésta estaba violando los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre y la intimidad de dicha Brigada. La Tutela fue fallada a favor de los accionantes por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con sede en Apartadó  el 28 de septiembre de 2018. Ante la negativa de la Comunidad a retractarse de las denuncias, la Brigada 17 presentó una acción de desacato que fue fallado el pasado 30 de noviembre ordenando el arresto de Germán Graciano Posso, representante legal de la comunidad, y determinó que fuera trasladado a las instalaciones de la Estación de Policía del corregimiento de San José de Apartadó, pese a que en varias ocasiones la Comunidad ha hecho denuncias públicas de la connivencia de esta estación con estructuras paramilitares que operan en la región.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde su conformación ha sufrido los ataques, persecución y violación de sus derechos humanos por parte de todos los actores del conflicto, incluyendo la Fuerza Pública, situación que ha denunciado reiteradamente y por la cual cuenta con medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pese a sus denuncias y constancias históricas ya suma 307 asesinatos de sus integrantes y más de 965 agresiones en su contra. Esta situación fue puesta en conocimiento del señor Michel Forst, Relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el pasado 26 de noviembre. Forst, quien ha calificado la situación del país como “dramática”, dijo el pasado 4 de diciembre que:“Estoy sumamente preocupado por el posible arresto de Germán Graciano, Representante legal de la Comunidad de Paz de san José de Apartadó. Estuve en esta comunidad hace unos pocos días, durante mi visita oficial a Colombia. Estaré dando seguimiento a esta situación”.

Ante las denuncias de connivencia de la Fuerza Pública, particularmente de la Brigada 17 del ejército, con estructuras paramilitares en la región, la Comunidad de Paz ha recibido órdenes de protección por parte de la Corte Constitucional (T-1025 de 2007 y autos 164/12, 693/17 y el del 7 de septiembre de 2018).Por tal razón es absolutamente reprochable que ante dichas denuncias la respuesta sea la persecución penal y el señalamiento a sus pobladores y líderes. Es obligación de la Justicia, de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio Público rodear y proteger a las personas y comunidades que denuncian hechos tan graves como es el accionar del paramilitarismo. Es inaceptable que un juez de la república acepte la tesis de que las denuncias de las comunidades impliquen un ataque al buen nombre de las instituciones y en cambio no se investiguen las conductas denunciadas.

Por tal razón, la Corte Constitucional que, en concordancia con la decisión en la que ordenó brindar protección a la Comunidad de Paz, adopte todas las medidas a su alcance, incluyendo la selección de la mencionada tutela, para evitar que un caso tan importante y de tan hondas repercusiones, se pueda terminar afectando el legítimo derecho de los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos a denunciar las conductas ilegales de servidores públicos y la connivencia de la Fuerza Pública con estructuras criminales. Es imperativo que en el actual contexto el Estado colombiano proteja a los líderes sociales y defensores de derechos humanos brindándoles garantías para el ejercicio de su labor, que incluye las necesarias para poder denunciar las acciones ilegales de sus propios funcionarios.

6 de diciembre de 2018

Suscriben:

Agencia de Prensa Análisis Urbano

Alianza de Organizaciones Sociales

ANDAS Pasto

Asociación Campesina de Antioquia —ACA

Asociación de Ayuda Solidaria —ANDAS

Asociación de campesinos y campesinas de la Finca La Europa

Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos —ASFADDES

Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, AHERAMIGUA

Asociación de Presbíteras Católicas Romanas

Asociación de Víctimas del Nordeste Antioqueño — ASOVISNA

Asociación de Vivienda EMECE

Asociación Gente Emprendedora —GEMPREN

Asociación Regional de Víctimas del Magdalena Medio –ASORVIMM

CCALCP

Central Unitaria de Trabajadores —CUT Nariño

Centro de Cultura

Centro de Investigación y Educación Popular —CINEP

Cima – Fundecima

Colectivo de abogados José Alvear Restrepo —CAJAR

Colectivo por la Paz en Colombia desde México —COLPAZ

Colectivo Socio Jurídico Orlando Fals Borda —OFB

Comisión Colombiana de Juristas —CCJ

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta

Comité Permanente de Derechos Humanos CPDH

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Valle del Cauca

Comités Oscar Romero —SICSAL

Congreso de los Pueblos Valle de Aburra

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos —CCE-EU

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

Corporación Compromiso

Corporación ConPÁZes

Corporación construyendo poder, democracia y Paz —PODERPAZ

Corporación Con-Vivamos

Corporación Cultural para el desarrollo Arlequín y los Juglares

Corporación de cristianos y cristianas por la justicia y paz

Corporación de Derechos Humanos Gustavo A. Marulanda

Corporación Jurídica Libertad —CJL

Corporación Jurídica Yira Castro

Corporación Justicia y Dignidad

Corporación Justicia y Dignidad Valle

Corporación Minga

Corporación para el Desarrollo Social —CORPADES

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR

Corporación para la Paz y el Desarrollo Social

Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos —CREDHOS

Corporación REINICIAR

Corporación Sembrar

Corporación social para la asesoría y capacitación Comunitaria COSPACC

CPDH Norte de Santander

CPDH Santander

EQUITAS

Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra

Fundación Guagua

Fundación Hasta Encontrarlos

Fundación Progresar

Fundación Sumapaz

Grupo de Víctimas de ejecuciones extrajudiciales Tejiendo Memorias

Grupo DESDE ADENTRO

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos — GIDH

Madres por la Vida del Valle

Mesa Departamental Sobre Desaparición Forzada de Antioquia —MDDF

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE

Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo –MODEP

Mujeres Caminando por la Verdad

Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa – Estados Unidos

Plataforma Colombiana de DDHH, Democracia y Desarrollo

Proceso Social de Garantías de Antioquia

Red proyecto

REDEPAZ

Rostros & Huellas

Santamaría Fundación

PERSONAS:

Abilio Peña

Olga Lucia Alvarez Benjumea 21.393590 Medellín

Andrés Felipe Agudelo, Congreso de los Pueblos. 8.027.779

Luz Mery Velasquez Carmona. CC 43.015.749

José Alexander Castro. CC.71762138