Desde el pasado 26 de agosto más de setecientos campesinos, mineros, pescadores y comerciantes del norte de Antioquia están alojados en el Corregimiento del Valle, municipio de Toledo, desde donde han venido protestando por los daños ambientales, sociales, culturales y económicos causados por el megraproyecto hidroeléctrico Hidroituango, y exigiendo que las obras sean suspendidas hasta llegar a un acuerdo con el gobierno departamental y con EPM, que el Río Cauca y sus playas sean liberados para que los mineros artesanales expulsados de aquella zona comiencen a ser reparados, que en el proceso de negociación participen la directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el Ministro de Medio Ambiente y el Ministro del Interior, y que hagan presencia en los escenarios de discusión el delegado para derechos colectivos de la Defensoría del Pueblo Nacional, la Procuraduría Agraria y Ambiental y la Contraloría General de la Nación.
En medio de elevados niveles de militarización, la indiferencia de organismos civiles del Estado, la ausencia de instalaciones propias para atender a las personas afectadas en caso de presentarse disturbios; los cientos de manifestantes provenientes de los municipios de Ituango, Briceño, Toledo y San Andrés de Cuerquia, zonas de influencia del megaproyecto, no han dejado de marchar reclamando soluciones concertadas a las problemáticas que se han venido presentando en la zona, entre ellos la ausencia de participación de las comunidades en la planeación y ejecución de las obras, el desplazamiento al que muchos campesinos se han visto abocados, el incremento en los costos de vida, el aumento desmedido del pie de fuerza en la región acompañado de señalamientos y persecuciones a la comunidad por parte de la Fuerza Pública.
Las comunidades ven con desconfianza la oferta tajante y concluyente de la Gobernación de Antioquia y de EPM de establecer una mesa de negociación sin suspender el avance de las obras, puesto que se fecundarían nuevos efectos negativos sin haber reparado los daños causados hasta el momento.
Han pasado más de ocho días y, en lugar de llegar a acuerdos, las comunidades han estado sometidas a la estigmatización, la irrupción violenta del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD) en las reuniones y asambleas que vienen desarrollando, la simulación de combates en las zonas cercanas al campamento con el propósito de generar terror entre los manifestantes, y la desinformación difundida por los medios de comunicación.
Pese a las circunstancias, las comunidades de Ituango, Briceño, Toledo y San Andrés de Cuerquia no claudican en el propósito de que se garanticen sus derechos al trabajo y la vida digna.
Documentos y comunicados
Agosto 29 de 2012. Reunión entre comunidades, Gobernación y EPM
Agosto 31 de 2012. Carta a EPM y Gobernación de Antioquia
Septiembre 1 de 2012. Comunicado público
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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