Continúan ejecuciones extrajudiciales en el Oriente Antioqueño

La Corporación Jurídica Libertad, organización no gubernamental de derechos humanos, denuncia ante la comunidad nacional e internacional, el homicidio cometido contra el señor GERARDO ANTONIO CIRO, reconocido dirigente campesino del oriente del departamento de Antioquia, Colombia.

HECHOS:

El pasado domingo  30 de marzo,  cuando se desplazaba hacia su lugar de lugar de residencia en la Vereda El Jordán del Municipio de Cocorna, oriente del departamento de Antioquia, fue asesinado el líder campesino y dirigente comunal GERARDO  ANTONIO CIRO. De acuerdo con los datos parciales suministrados por la comunidad los victimarios pudieron haber utilizado un arma de fuego con silenciador, ya que ninguno de los moradores del lugar se percató de los hechos, ni escucharon detonaciones de la misma. Esto es evidencia del grado de preparación de este asesinato.

El Señor GERARDO ANTONIO CIRO fue un destacado dirigente comunal en el Municipio de Cocorna y de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Oriente antioqueño ASOPROA, lo que le valió no sólo el reconocimiento de su comunidad, sino también el de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales con las cuales desarrollo varios proyectos productivos en la región, que redundaron en el bienestar de los asociados, en las acciones comunales y en el fortalecimiento organizativo de las comunidades que se abstuvieron de desplazarse de manera forzada de la región.

Desafortunadamente el reconocimiento del señor GERARDO ANTONIO CIRO como líder comunitario también le generó la animadversión de algunos funcionarios estatales y fundamentalmente de la fuerza púbica, quienes miraban con recelo el ejercicio legitimo que hacía de los derechos fundamentales, al punto que de manera temeraria trataron de vincularlo con organizaciones alzadas en armas en contra del Estado, valiéndose para ello de guerrilleros conversos al servicio de los organismos de seguridad, los cuales son utilizados indistintamente como guías en operaciones militares y testigos de cargos en actuaciones judiciales.

Desde el mes de febrero del año 2006, tanto dirigentes comunales del Oriente Antioqueño, como la Corporación Jurídica Libertad solicitaron la intervención de la  Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Los Derechos Humanos  ante las autoridades civiles y militares para que garantizaran la vida de los dirigentes comunales, entre ellos el señor GERARDO CIRO, y de los pobladores del Oriente Antioqueño en general.

En relación a la situación del Señor GERARDO ANTONIO CIRO se sostenía por parte de nuestra institución que:

“GERARDO ANTONIO CIRO es un reconocido líder campesino del municipio de Cocorná, varias veces ha sido presidente de la junta de acción comunal de su vereda El Jordán, miembro de la Asocomunal del municipio y ha representado la región del Oriente Antioqueño en una gira internacional.

La persecución empezó en el 2002 cuando era representante de la Empresa Comunitaria de El Molino “ECOMOROS”.   Producto del bloqueo económico que se impuso sobre las zonas rurales fueron amenazadas y saqueadas las tiendas comunitarias.   Los paramilitares instalados en el casco urbano iniciaron la persecución obligándolo a desplazarse forzadamente para proteger su vida.

Gerardo vuelve a su vereda en el 2005 y se vincula nuevamente al proceso organizativo que se está desarrollando, en la coordinación de 12 veredas que se integran para buscar mejorar sus condiciones socioeconómicas con la ejecución de proyectos productivos, organizativos y de derechos humanos.

A pesar de la desmovilización de los paramilitares del Oriente antioqueño reconocidos miembros de esta organización permanecen en el casco urbano de Cocorná sembrando el miedo entre los habitantes del municipio.   Estas personas empezaron a preguntar por él a mediados del 2005 y al no dar con su paradero amenazaron a una de sus hijas y su esposa.  

A raíz de todas estas amenazas, se buscó la intervención de las autoridades civiles, militares y de policía produciéndose una reunión en junio de 2005 promovida por la personería,  que contó con la presencia del inspector de policía Roberto Arias y el personero Ossman Castaño como autoridades civiles y el teniente Peña, el cabo Romero del ejército y el comandante de policía Mendoza como autoridades militares, en esta reunión se establece que no pesa ningún cargo sobre Gerardo Ciro y que tanto el ejército como la policía se comprometen a investigar y procurarle seguridad.

En noviembre de 2005 Gerardo salió al pueblo en compañía de dos líderes campesinos, allí se acercaron para observarlos detenidamente dos paramilitares a quienes se les reconoce como los nuevos comandantes de esta organización en Cocorná.  La misma semana le comentaron que estos paramilitares lo estaban buscando en el pueblo.  El 6 de Enero de 2006 llegó una nota hasta la finca de Javier Ciro, uno de sus hijos, en la cual se informaba a la familia Ciro que en vista que su padre no salía al pueblo los iban a matar a ellos.  En esta nota también advierten que tanto la familia Ciro como las familias que denunciaron la ejecución de Ubaldo Antonio Buitrago Giraldo vecino de la vereda, ejecutado extrajudicialmente el 13 de octubre de 2005 por el ejército, quedaban en la mira de los paramilitares, razón por la cual, hasta el momento se han desplazado forzadamente cinco familias de esta vereda.

El 4 de febrero de 2006 a través de la personería de Cocorná se citó a una reunión a los nuevos comandantes del  ejército y la policía que operan en el municipio, a la reunión asistieron:  por el ejército un dragoniante y el teniente Carrillo, el  comandante de policía sargento Norberto Quintero como autoridades militares y como autoridades civiles hicieron presencia el personero Ossman Castaño y el alcalde de Cocorná Jorge, también participaron varios líderes comunitarios de distintas veredas del municipio, la Corporación Jurídica Libertad y Gerardo.   Tanto las autoridades civiles como militares del municipio se comprometen a hacer lo necesario para brindarle condiciones de seguridad tanto en el casco urbano, como en la zona rural.

Estas personas son líderes de la organización campesina, han contribuido en el proceso de resistencia al desplazamiento que se vive en la zona rural de los municipios de Granada, San Luis Y Cocorná y se encuentran trabajando en la búsqueda de mejores condiciones sociales y económicas para sus comunidades. 

Los actos de intimidación sobre los líderes no sólo son una amenaza directa a sus vidas e integridad sino que se constituye en una agresión a toda la comunidad rural y en especial a la organización comunitaria,  en tanto la labor que ellos desempeñan en este territorio ha contribuido a evitar el desplazamiento de las familias campesinas y al fortalecimiento de la organización campesina.

Pedimos su intervención ante las autoridades civiles y militares de la región del Oriente Antioqueño y el Departamento para generar mecanismos de protección al derecho a la vida de estos líderes campesinos.” [1]

El asesinato del señor GERARDO ANTONIO CIRO es prueba fehaciente de lo inocuo de los mecanismos de protección del Estado para los defensores de los Derechos Humanos y los dirigentes sociales que siguen siendo estigmatizados y víctimas de acciones criminales.

En el caso que hoy lamentamos y denunciamos, la persecución y asesinato del señor GERARDO ANTONIO CIRO fue sistemática y estuvo determinada por su condición de dirigente comunitario, resaltándose que hace aproximadamente un mes, personas que los pobladores de la región identifican como reinsertados que patrullan conjuntamente con la fuerza pública, estuvieron indagando por Don GERARDO ANTONIO.

SOLICITUDES:

1. Exigimos a la Fiscalía General de la Nación y demás organismos de control que ejerzan todos los mecanismos legales para investigar este crimen y juzgar y sancionar a todos los responsables.

2. Exigimos a la fuerza pública que cumpla su obligación de proteger la vida, seguridad e integridad de toda la población del oriente antioqueño, en especial a los dirigentes campesinos y sociales de la región. Así mismo se abstenga de estigmatizar, señalar o acusar a los dirigentes por su trabajo comunitario.

3. Solicitamos a los organismos de control, humanitarios y a las organizaciones de derechos humanos, brindar un acompañamiento especial a la comunidad del Centro Zonal El Jordán que hoy se encuentra atemorizada por el asesinato de su lidere y quien además era el gestor de la propuesta de resistencia ante el desplazamiento forzado.

4. Solicitamos a los organizamos internacionales de Derechos Humanos y a la comunidad internacional que exijan al gobierno colombiano el pronto esclarecimiento de este crimen, el castigo de los responsables y la protección de los demás dirigentes campesinos y comunales de la región y de la comunidad en general.