La Corte IDH declaró al Estado colombiano responsable por las desapariciones forzadas de 12 campesinos, tres de ellos niños, y la ejecución extrajudicial de otro integrante de la comunidad de la Vereda la Esperanza, ocurrida en 1996.
Foto: Corporación Jurídica Libertad
Washington, D.C.,1 de diciembre del 2017.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado colombiano responsable por las desapariciones forzadas de 12 campesinos, tres de ellos niños, y la ejecución extrajudicial de otro integrante de la comunidad de la Vereda la Esperanza, ocurrida en 1996.
“Por más de dos décadas, un grupo de unos 120 de nosotros nos hemos dedicado a una lucha incesante para esclarecer la verdad tras la desaparición de nuestros seres queridos. Hoy, la Corte Interamericana ofrece una luz de esperanza para quienes, con dignidad y valentía, han esperado justicia durante más de 20 años”, señaló Florinda de Jesús Gallego Hernández, familiar de los desaparecidos.
Entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), con el “apoyo y la aquiescencia que prestaron los agentes de la Fuerza Pública”, asolaron la comunidad Vereda la Esperanza, un municipio agricultor situado cerca de la autopista Medellín-Bogotá en Antioquía.
Asimismo, en su sentencia, la Corte no sólo reconoció el involucramiento directo del Estado en las desapariciones, sino que también declaró violaciones de las investigaciones realizadas por el Estado, tanto en el proceso ordinario como en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
Sobre la Ley de Justicia y Paz, la Corte determinó que la versión de los hechos presentada por los postulados no constituye en sí una verdad judicial definitiva, y requiere una investigación exhaustiva. Asimismo, la Corte declaró que la coordinación entre la jurisdicción de Justicia y Paz y la jurisdicción penal ordinaria no garantizó el derecho a la verdad de las víctimas. En este sentido, la Corte señala que el proceso de compulsa de copias, en el que se remite información de Justicia y Paz a la jurisdicción ordinaria, no ha permitido que la investigación de estos hechos avance.
“Actualmente estamos atravesando por un contexto en el que se está debatiendo cómo proceder con la estrategia para la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, la determinación de la Corte IDH de que la investigación no avanzó tras la compulsa de copias, es de suma importancia”, dijo Liliana Uribe, representante de la Corporación Jurídica y Libertad. “Colombia debería reconocer lo señalado por la Corte al pensar cómo garantizar el derecho de las víctimas a la verdad bajo este nuevo marco”, añadió.
En base a su sentencia, la Corte IDH ordenó que se realizara una investigación plena de los hechos, una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de las víctimas, y la reparación integral de la comunidad, que incluye tratamiento médico y psicológico, un acto público de reconocimiento, y un monumento en memoria de los desaparecidos, así como una reparación económica.
“La sentencia de la Corte Interamericana es producto del trabajo de los integrantes de la comunidad de la Vereda La Esperanza y su búsqueda perenne por la verdad”, señaló Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. “Ésta es prueba del papel fundamental que juegan las víctimas en avanzar causas que han permanecido en la impunidad durante años. Esperamos que el Estado colombiano asegure que los procesos actuales de justicia transicional tengan en cuenta la perspectiva de las víctimas para garantizar la no repetición de los hechos”.
Familiares de Víctimas Vereda La Esperanza
Corporación Jurídica Libertad
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL
Lea la sentencia de la Corte completa aquí.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
+60 (4) 4017462 – 4017635 – 5575153