Declaración de las FARC – EP frente a decisiones de la Corte Constitucional

Foto: Corporación Jurídica Libertad

El anuncio del fallo de la Corte constitucional mediante el cual se declara la inconstitucionalidad de los literales h y j del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2016 por presunta sustitución de la Constitución, ha puesto el proceso de paz en la situación más difícil que éste haya vivido desde su inicio.

Cuando nos aprestábamos a dar por realizado el proceso de dejación individual de armas según lo establecido en el Acuerdo, es decir a doce días del D+180, se ha sembrado la mayor de las incertidumbres respecto de la disposición y la capacidad del Estado en todos sus poderes para honrar los acuerdos de La Habana.

No se trata simplemente de la decisión judicial, con una interpretación por cierto muy controvertible que banaliza el juicio de sustitución constitucional, sino que estamos frente a la posibilidad de que -de consolidarse una mayoría en la Corte, adversa a la implementación-, se asista al desmonte del andamiaje normativo que desarrolla los acuerdos. Nuestro llamado es a la sindéresis y al mejor juicio para que se habilite la posibilidad de hacer de la paz el derecho supremo consagrado en el ordenamiento constitucional al que hemos aceptado acogernos.

El fallo contiene el peligro de renegociar una vez más el acuerdo en el Congreso y por qué no decirlo, de estimular el saboteo de su desarrollo normativo, como ha sido intención y manifestación declarada de los sectores de la ultraderecha que tienen asiento en esa corporación. En medio de las dificultades y las diferencias conocidas, valoramos la posición hasta ahora adoptada por las mayorías en el Congreso. Además del debate juicioso, de la incorporación de numerosas proposiciones y modificaciones, esa Corporación ha aprobado actos legislativos y leyes de importancia crucial para la implementación del Acuerdo. Aunque la situación generada por el fallo es de suma gravedad y modifica sustancialmente las condiciones de trámite de las normas, nuestro llamado también va hacia ese órgano para que se contribuya a un desarrollo legislativo que se atenga como hasta ahora, al espíritu y la letra del Acuerdo. Esto, bajo el entendido que la celeridad de los desarrollos legislativos es para garantizar la implementación material urgente de los acuerdos y beneficiar así con hechos al conjunto de la sociedad colombiana.

Al Presidente de la República le hacemos igualmente un llamado para que asuma con toda decisión las posibilidades que le otorga la Constitución en su artículo 189, numeral 6, en lo que corresponde a sus facultades para la negociación e implementación de acuerdos de paz. Más aún si se considera la distinción con el Premio Nobel, el permanente respaldo de toda la comunidad internacional, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de los países garantes y acompañantes.

Aspiramos a que la colaboración armónica de los poderes públicos, ordenada por la Constitución, sea una realidad material en este caso de tanta importancia histórica para la generación presente y las generaciones futuras de nuestro país. La paz de Colombia es una obligación del Estado en su conjunto. Con ese propósito estamos comprometidos a fondo.

De nuestra parte, manifestamos:

1. Nuestra decisión indeclinable de seguir cumpliendo lo acordado tal y como lo hemos venido haciendo hasta el momento. No sobra reiterar que nuestra decisión ha consistido en transitar a la vida política legal para darle continuidad a nuestras aspiraciones, ajustándonos a las reglas de la Constitución y la ley con las reformas acordadas. Ante la situación presentada, se han cambiado de facto las condiciones para que todo el proceso se surta en los tiempos hasta ahora establecidos. Nos hemos declarado en asamblea permanente en las ZVTN para que el conjunto de nuestra organización pueda tomar las decisiones más inteligentes en esta situación adversa.
2. La necesidad de convocar con urgencia la CSIVI para ocuparse de manera exclusiva del camino a seguir en lo que a nuestro juicio es una diferencia sustancial respecto de las condiciones de implementación del acuerdo. Urge una reconducción del proceso.
3. La necesida de poner en marcha un diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales a fin de lograr el gran acuerdo político nacional, tal como está consagrado en los textos de La Habana, de compromiso con la construcción de la paz y la implementación de lo convenido.
4. La invitación a todos los colombianos y colombianas para que con sus libres expresiones y a través de la movilización manifiesten su apoyo al Acuerdo en esta hora difícil

Seis años nos ha llevado transitar el complejo camino de la negociación, de la firma del Acuerdo y ahora de su implementación temprana. Semejante esfuerzo colectivo no puede descarrilarse por decisiones judiciales. Este proceso de paz necesita más hechos y menos leyes.

SECRETARIADO FARC-EP

18 de mayo de 2017