Declaración política del cuarto encuentro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

Movimiento de víctimas de Crímenes de Estado
Marzo 8 de 2008

1. El IV Encuentro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado se reúne luego de la gran marcha de las víctimas y de la población que se ha solidarizado en el país y en el mundo con nuestra causa (se han realizado por lo menos 100 actos a nivel mundial, en el país aproximadamente en 20 departamentos se realizaron marchas, concentraciones y actos en los cuales participaron miles de personas entre víctimas, sus organizaciones y solidarios). Esta gran movilización se hizo en un ambiente de hostigamiento, estigmatización y amenazas por parte del gobierno y los paramilitares. Podemos afirmar que el reconocimiento a nuestro movimiento es una realidad, y que se consolida nuestra propuesta en materia de verdad histórica, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

2. El IV encuentro reafirma que el Movimiento en su propuesta de lucha contra la impunidad seguirá impulsando sus ocho estrategias para la sociedad colombiana. Consideramos que las estrategias aprobadas en nuestro anterior encuentro, son un acierto, la población cada día más acoge nuestras exigencias como válidas; cuando se corean o agitan nuestras consignas de no al perdón y olvido, los clamores por rescatar la memoria y la dignidad de las víctimas, nuestras exigencias de justicia para que los crímenes no sigan en la impunidad, la exigencia por la devolución de todos los bienes que nos han robado, el retorno o la reubicación con garantías, el acompañamiento internacional en la Comisión Ética por la verdad; las audiencias públicas por la verdad; la localización de fosas comunes y el proceso de identificación de las víctimas ha sido precario pero ha demostrado que si es posible recuperar a nuestros seres queridos, poder enterrarlos y hacer el duelo que corresponde de acuerdo a nuestras creencias; se ha avanzado en la necesidad de documentar el genocidio que a lo largo de las últimas décadas han padecido comunidades indígenas, sectores sociales y partidos políticos de oposición. Nuestro llamado es a que persistamos en la profundización de las ocho estrategias, que cada víctima, cada organización y en fin cada colombiano las asuman, defiendan y hagan realidad.

3. El Movimiento se ha venido fortaleciendo, son muchos los capítulos regionales que se han conformado pese la difíciles situaciones de contexto en que están las víctimas y sus organizaciones; hay que continuar impulsando la conformación de nuevos capítulos regionales. Igualmente es fundamental contar con acompañamientos que ayuden a este fortalecer los capítulos, estrategias psicosociales para manejo de los daños causados por los crímenes, etc. Pero también es necesario seguir ampliando al Movimiento, llegando a otros sectores importantes como las personas torturadas, las y los detenidos ilegales, exiliados y refugiados en el exterior, la población a afectada por las fumigaciones y los bombardeos.

 4. Reafirmamos que luego del proceso de diálogo y negociación del Gobierno Nacional con el paramilitarismo, este sigue vigente y fortaleciéndose, siguen los grupos criminales que no se desmovilizaron o se volvieron a reintegrar, siguen actuando en las mismas zonas y además todas las zonas están totalmente militarizadas por ejército y policía. La realidad de la desmovilización es que solo 55 de estos criminales están presos, es decir, asistimos a la operación más grande de impunidad de los últimos tiempos. Mecanismos alternos a la ley 975 han permitido llevar a juicio a políticos vinculados con el paramilitarismo. Reconocemos el papel adelantado por la Sala Penal de la Corte y el Fiscal en adelantar algunos procesos y llamarlos a juicio.

5. Hemos apreciado en las regiones la total desprotección de las víctimas, sus familias y organizaciones; por ello creemos que hay necesidad de buscar acompañamientos internacionales y exigir cada vez más las garantías que tenemos reconocidos por tratados y convenios de derechos humanos, para que el Estado nos garantice nuestros derechos a la organización, la movilización y sobre todo para continuar defendiendo nuestros derechos sea en este marco de legalización de paramilitarismo o en futuros espacios de negociación con los movimientos guerrilleros.

6. Nos reafirmamos en la existencia de un conflicto social, político y armado en Colombia, que hemos padecido por cerca de 40 años, y el cual debe ser solucionado en sus causas estructurales. Hemos visto en todo este tiempo de intervención militar de Estados Unidos y otros países industrializados, un privilegio en la ayuda militar para el Plan Colombia I y II, o de lucha contra el terrorismo o contra las drogas, etc. Esta ayuda no ha contribuido ha solucionar el problema, por el contrario hay más guerra, más polarización, más muertes y afectaciones a la población. Nos preguntamos ¿quién se beneficia de toda esta tragedia? La respuesta no puede ser otra que los de siempre; grandes industriales de la guerra, los militares y los gremios económicos nacionales e internacionales. Por ello seguiremos planteando la necesidad de solución política negociada al conflicto, la implementación de acuerdos humanitarios, el intercambio de prisioneros, etc.

7. Defendemos la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos de Colombia y América Latina y la lucha por la paz del continente y exigimos el cese de las bases militares y la presencia de bases extranjeras.

8. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado reafirma su decisión de no participar en el llamado Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos concertado con el Estado y proponemos que sea la sociedad civil quien construya un plan alternativo.

9. Reconocemos en estos esfuerzos el trabajo adelantado por la senadora Piedad Córdoba y la mediación del presidente Chávez; que llevaron a resultados concretos en la liberación de 7 personas privadas de la libertad; de la misma forma reconocemos el papel de los países de la cumbre del grupo de Rio de Janeiro y de los países amigos para la paz en Colombia y el continente: Francia, España, Suiza, Cuba, etc. Preocupa que la búsqueda de alternativas humanitarias para la liberación de las personas retenidas este en manos de otros gobiernos y no asuma este gran clamor nacional el gobierno colombiano. A todos ellos y al conjunto de la comunidad internacional de Estados y a las organizaciones como la ONU y la OEA, los llamamos a que cumplan su real papel de preservar la paz en el mundo y a plantear iniciativas en este sentido, con el fin de solucionar con su concurso el conflicto que padecemos por largos 40 años. A todos ellos les reafirmamos que nuestros derechos a la Verdad Histórica, la aplicación de Justicia, la Reparación Integral por todo el daño causado y las garantías de no repetición no son negociables, y por ello exigimos nuestro derecho a participar en la solución del conflicto con nuestros delegados, propuestas y a decidir en plenaria cualquier acuerdo al que se llegue. Nuestro futuro y el de nuestros seres queridos no lo queremos dejar en manos de los causantes y beneficiarios de los crímenes.

Frente a esta cruda realidad nuestro movimiento se permite sugerir las siguientes:

PROPUESTAS:

• Desde la Comisión Ética trabajar hacia una verdadera comisión de la Verdad histórica, o el juzgamiento de los Crímenes de Lesa Humanidad, cuando exista garantías democráticas en Colombia. En la cual podamos participar como víctimas, discutir todos los elementos de la misma, tales como presupuesto, personal, infraestructura, sedes, tiempo de duración, periodo de tiempo a investigar y juzgar, delitos cometidos, etc.

• Proponer una verdadera justicia, la cual implica establecer la igualdad real ante la ley, abolición de los fueros políticos, religiosos, militares y cualesquier privilegio o inmunidad; el establecimiento de una verdadera carrera judicial, elección popular de jueces, fiscales y magistrados; presupuesto autónomo, jurados de conciencia populares, cárceles iguales para todos los presos sin distinciones, juicios igual en igualdad de condiciones para todos los casos, una sola dirección en la Rama judicial y su plena autonomía.

• Parar la guerra, decretando una tregua bilateral e iniciar el proceso de diálogo en el país, en donde participe el conjunto de la sociedad colombiana, incluido el tema de las violaciones de los DH y del DIH. Con facilitación y mediación de gobiernos y organizaciones internacionales como la ONU y OEA.

• La abolición del paramilitarismo, su desmonte real y la exigencia de cesar toda ayuda militar extranjera. No queremos cooperación para la guerra y para que se queden luego con nuestros recursos naturales y se apoderen de nuestro territorio.

• Solicitamos el acompañamiento de todas las organizaciones internacionales para que se garantice en este proceso la vida de las víctimas y sus organizaciones, y para que los pocos juicios que se han iniciado contra los paramilitares y los políticos vinculados con estas estructuras criminales terminen en el menor tiempo posible.

• Llamamos a todas las víctimas a fortalecer sus organizaciones y a que trabajemos coordinadamente en una sola mesa frente al Estado y la llamada comunidad internacional de Estados y organizaciones para que nuestros derechos sean respetados y garantizados y para que se nos reconozca como interlocutores en el tema de los DH.

 • Proponemos la necesidad realizar una Conferencia nacional sobre tierras y territorios y también un Encuentro nacional sobre democracia y genocidio; precedidos ambos eventos por talleres regionales Bogotá.