Declaración pública frente a las políticas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Bogotá D.C., 30 de enero de 2011

Durante los días 29 y 30 de enero de 2011, delegadas y delegados regionales del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, nos hemos reunido en la ciudad de Bogotá, para reflexionar sobre la situación de los derechos humanos y las políticas adoptadas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y sus implicaciones para las víctimas en el país. Seis temas merecen nuestra especial preocupación:

1.    La persistencia de un poder mafioso paramilitar y la impunidad de sus máximos responsables

En muchas regiones de Colombia persiste el poder mafioso de las redes ligadas al paramilitarismo bajo la vaga denominación de “bandas emergentes”. Esas estructuras son herencia del desarrollo inédito que el paramilitarismo logró bajo las dos administraciones del ex presidente Álvaro Uribe Vélez a la sombra de la “Seguridad Democrática” y de la cuestionada desmovilización en el marco de la mal llamada Ley de “justicia, paz y reconciliación”. La infiltración de esas redes criminales en las estructuras estatales y a los innumerables escándalos que se produjeron ligados a ese poder criminal en los últimos 8 años –parapolítica, paraeconomía, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales mal llamadas “falsos positivos”, “yidispolítica”, operaciones ilegales de inteligencia – además de los altísimos niveles de corrupción y beneficios impropios de la familia presidencial y círculos cercanos del poder ejecutivo, han generado graves consecuencias en la ética social, en las posibilidades de construcción democrática y han incrementado los altísimos niveles de desigualdad en el país.

Hacemos un llamado para que se adopte una política seria de persecución a los perpetradores de violaciones de Derechos Humanos. Asimismo, al aparato judicial en cabeza de la Corte Suprema de Justicia y de la nueva Fiscal para que investigue de manera rigurosa y pronta a los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia, cuya impunidad propicia la repetición crónica de estas formas de violencia sistemática.

Nos preocupa que en el próximo escenario electoral, quienes han patrocinado ese poder mafioso adelanten acciones para perpetuar su dominio local y regional, sin que los organismos competentes tomen las medidas necesarias para evitar un nuevo ciclo de esa clase de control político.

2.    La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras

Consideramos que el proyecto de ley que próximamente se discutirá en el Senado, es un avance en relación con la actitud política del gobierno de Uribe, en cuanto reconoce algunas de las demandas históricas que víctimas, sectores sociales y políticos han realizado, y reconoce la crítica situación de Derechos Humanos que atraviesa el país, expresando que la violencia es dramática, generalizada y sistemática, y que ha existido un despojo violento de tierras.

El Movimiento de Víctimas ha insistido en la necesidad de un marco legal e institucional que garantice la realización efectiva de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición de los crímenes. Por esa razón, vemos con gran preocupación que el proyecto de Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, carezca de un enfoque integral de la política de reparación y produzca retrocesos sustanciales en cuanto a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos de las víctimas.

La iniciativa restringe considerablemente el universo de personas afectadas al introducir cláusulas como el límite temporal a la calidad de víctima a partir del año 1991, desconociendo de esta manera, crímenes como los genocidios perpetrados contra el Movimiento Gaitanista y contra la Unión Patriótica; torturas, masacres, desapariciones forzadas perpetradas con anterioridad a la década de 1990.

La iniciativa desconoce estándares internacionales y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, al imponer como contingencia presupuestal el criterio de sostenibilidad fiscal y no considerar a profundidad la persecución de los bienes y capitales usurpados por los aparatos criminales. De igual forma, el proyecto de ley no distingue adecuadamente entre reparación y medidas de carácter humanitario o derechos sociales.

El MOVICE considera que aunque este proyecto se presente como el “resultado de un amplio consenso entre el Gobierno Nacional, diversos sectores políticos y la sociedad civil”, su legitimidad se encuentra altamente cuestionada, en tanto no ha sido discutido, ni concertado con las víctimas y los movimientos que las agrupan. Por tal razón el movimiento presentará durante los debates de dicho proyecto, una propuesta de modificación del articulado que incluya demandas que las víctimas han realizado y que no han sido contempladas.

3.    La restitución de tierras y territorios

El Movimiento de Víctimas reconoce que el anuncio de restitución de tierras y territorios formulado por el Gobierno Nacional es un avance. No obstante, señala que se debe buscar la restitución de la totalidad de las 6.8 millones hectáreas que han sido usurpadas con métodos violentos. Igualmente, llama al Gobierno Nacional a que diseñe políticas sostenibles de restitución y retorno para la población desplazada. De tales políticas deben hacer parte medidas de restitución patrimonial, apoyos concretos para proyectos productivos, un programa integral para la protección de las víctimas de despojo y de desplazamiento forzado, así como medidas eficaces para retomar el control territorial en las zonas donde persiste el poder mafioso que busca legalizar el despojo masivo de tierras.

En las próximas semanas el Movimiento de Víctimas presentará al Ministerio de
Agricultura un conjunto de casos de comunidades que han sido víctimas de despojo de tierras, para que hagan parte de los programas anunciados por el Gobierno en materia de restitución de predios.

4.    La búsqueda de la Paz bajo el actual gobierno

Valoramos la disposición de la guerrilla de las FARC-EP de realizar la entrega unilateral de cinco personas en su poder y la respuesta del presidente Santos de crear condiciones propicias para que esta decisión humanitaria se concrete.

Dicha decisión, sumada a las expresiones públicas de las comandancias de las FARC-EP y del ELN de estar en disposición para iniciar diálogos en la búsqueda de la terminación del conflicto social y armado, es un signo importante que debería ser tratado con responsabilidad por parte de la administración Santos. Se debe avanzar en el reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno, el cese en la militarización territorial y social y la creación de un mecanismo que facilite estas conversaciones hacia la solución política y negociada, con la participación amplia de la sociedad civil.

Instamos a las partes del conflicto a que respeten incondicionalmente el Derecho Internacional Humanitario como aspecto esencial para avanzar en la solución del conflicto armado. En especial, la abolición de prácticas como el confinamiento y los bloqueos de alimentos y medicamentos en distintas regiones del país. El MOVICE se declara parte del gran movimiento que busca la Paz y tomará las iniciativas que considere pertinentes para la concreción de este propósito vital para la sociedad colombiana.

5.    En solidaridad con las víctimas de los desastres naturales y sociales

El MOVICE expresa su solidaridad con los más de dos millones de personas víctimas de la reciente ola invernal, así como a las familias de los trabajadores mineros muertos y heridos por la falta de controles de las autoridades y por la irresponsabilidad empresas extractoras de recursos naturales.

Tras la definición de las catástrofes que afrontan los sectores más pobres de la sociedad como “desastres naturales” se esconden las consecuencias de un modelo socioeconómico fundado en la inequidad; la corrupción endémica y la falta de políticas preventivas.

Las decisiones que el Gobierno está tomando al amparo de los decretos de emergencia para resolver la crisis económica y social generada por las inundaciones contienen disposiciones que benefician a sectores privados, en realidad aumentan los niveles de desigualdad, y no explicitan mecanismos de vigilancia para que los recursos y las donaciones recaudados vayan a la atención de quienes han sido afectados. De esta forma, la tragedia invernal se está usando como coyuntura para propiciar negocios privados o incluso como una oportunidad para ganar votos en las próximas elecciones.

El Movimiento de Víctimas considera que los recursos para atender las secuelas de los desastres que sufre el país deben provenir de impuestos al sistema financiero, a los grandes patrimonios, e igualmente del congelamiento del pago de la deuda externa. Urge la participación de las víctimas en la decisión de las propuestas de atención de emergencia y reconstrucción, y la constitución de fuertes veedurías ciudadanas.

6.    La política de masiva extracción minera, agronegocios, infraestructura: nuevas formas de despojo y explotación

El despojo es un crimen que continúa perpetrándose mediante la implementación del modelo económico extractivo de orden transnacional, que se convierte en una de las llamadas “locomotoras” del modelo económico del actual gobierno. La presión sobre las tierras y territorios va en aumento mediante el impulso de la minería a gran escala, el desarrollo agrícola basado en monocultivos agroindustriales de materias primas y agro combustibles y la construcción de megaproyectos que facilitan el desarrollo de esta economía extractiva y primaria.

El desplazamiento forzado se encuentra asociado íntimamente a la implementación de este modelo en los territorios de comunidades agrarias, mestizas, indígenas y afrocolombianas. En todos estos casos no se han implementado mecanismos adecuados de Consulta y mucho menos de consentimiento en conformidad con el Derecho Internacional y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Dentro de las bases del Plan de Desarrollo 2010 – 2014 propuesto por el Gobierno y denominado “Prosperidad para todos” se espera un incremento en la extracción de oro que trascienda de 44 toneladas anuales que se producían en el año 2008 a 72 toneladas anuales en el 2014. En 2008 se encontraban adjudicadas 8 millones 400 mil hectáreas a la minería; concesiones que se podrían cuadruplicar afectando principalmente territorios indígenas y afrodescendientes. Se trata de concesiones mineras que destruirán ecosistemas ubicados en zonas de reserva forestal como el Cerro Sagrado Cara de Perro, nacimientos de agua del río Mazamorras y cerro Negro o páramos como El Almorzadero, Santurbán.

Invitamos al gobierno a conocer, a discutir y concertar las iniciativas de las comunidades urbanas y rurales respecto a las operaciones extractivas, de infraestructura y de agronegocios, propuestas que comprenden mejoramiento de la calidad de vida, de inversión en condiciones de equidad y de respeto a los Derechos Humanos y los ecosistemas.

Llamamos a la movilización social contra este desastroso proyecto de despojo y explotación de los recursos naturales del país, a boicotear a las empresas transnacionales que pretenden destruir los sistemas ecológicos. Invitamos a las víctimas y a la sociedad, a decenas de testigos que se encuentran presionados a denunciar judicialmente los nexos de esas empresas y consorcios con los grupos paramilitares.

El MOVICE considera que la voluntad política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos se debe materializar en hechos concretos, y no sólo en declaraciones de buenas intenciones. Para ello se requieren acciones tendientes a superar las condiciones de desigualdad social que subsisten en la sociedad colombiana; el desarrollo de una política de paz que incluya el desmonte efectivo del paramilitarismo; la reanudación de diálogos con los grupos guerrilleros; el respeto por el Derecho Humanitario, la garantía y protección para las víctimas y organizaciones y el cumplimiento efectivo de los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral.