Denuncia pública

1. Desde el mes de abril del presente año, se conoció la existencia de una investigación adelantada por la Fiscalía 74 Delegada ante la Cuarta Brigada de Medellín, en la cual se investiga a diferentes organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y de derechos humanos de hacer parte del organigrama del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC). Dicha investigación se fundamente en informes de inteligencia elaborados conjuntamente por el Rime y el CTI que parten de considerar criminales las acciones legales y legitimas desarrolladas por dichas organizaciones.

2. Los señalamientos también se fundamentan en los testimonios de dos testigos que aparecen como desmovilizados, que a la vez son estudiantes de la Universidad de Antioquia y que apoyan la labor de inteligencia que realiza la cuarta Brigada en el campus universitario; estos dos informantes han sido denunciados por actos de amenazas, intimidación y agresión física contra miembros de la comunidad universitaria. El testimonio de estos “desmovilizados” ya ha sido desvirtuado en procesos anteriores donde también se investigó a personas que nuevamente aparecen vinculadas en el actual proceso.

3. El día 7 de Mayo de 2008 WINSTON GALLEGO PAMPLONA y JORGE MENESES, ambos miembros de la Fundación Sumapaz, fueron abordados a la salida de la Universidad de Antioquia por dos hombres de civil que portaban armas de fuego que detuvieron al taxista y posteriormente obligaron a los dos jóvenes a entregar sus pertenencias y sus documentos de identidad, las cuales nunca fueron devueltas a sus dueños. Ante la presencia de la policía en el lugar de los hechos se vieron obligados a identificarse como integrantes del Ejército Nacional. Por los hechos se inició una investigación disciplinaria ante la Procuraduría para investigar la conducta de los miembros de inteligencia militar implicados. Sin embargo a la fecha no se conoce el resultado de la misma, pero en cambio todos los datos de Winston y Jorge aparecen reportados en los informes de inteligencia señalados.

Hechos:

1. Desde el momento mismo del conocimiento de dicha investigación, las organizaciones y personas comprometidas decidieron comparecer libre y voluntariamente ante el despacho de la fiscal para aclarar su situación jurídica, pese a que dicha funcionaria desconoció el derecho de defensa y el debido proceso al no informarles de la existencia del proceso en su contra.

2. A través de su abogado WINSTON GALLEGO PAMPLONA informó por escrito a la fiscal que estaba dispuesto a comparecer al despacho en el momento que lo requiriera para ser escuchado en versión libre y demostrar su inocencia en los hechos así como desvirtuar las falsas acusaciones que pesan en su contra. En razón de la manifestación voluntaria de comparecer al proceso la fiscal tomó la decisión de citarlo para ser escuchado en indagatoria el día 10 de junio de 2009.

3. En la fecha programada WINSTON GALLEGO acudió voluntariamente a la diligencia de indagatoria, donde aportó elementos probatorios para desvirtuar las acusaciones en su contra y establecer la legalidad de sus actividades como defensor de derechos humanos. Sin embargo, una vez terminada dicha diligencia la fiscal determinó ordenar su captura inmediata. Esta decisión desconoce la presentación voluntaria de WINSTON GALLEGO en el proceso y su expresa decisión de colaborar con la investigación, violándose derechos fundamentales como la libertad individual, que sólo puede ser limitada en casos excepcionales, y la presunción de inocencia.

4. Esta situación genera una gran preocupación para las demás personas y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos que están siendo investigadas, puesto que evidencia una vez más la persecución y estigmatización a la legítima labor de defensa de los derechos humanos y la oposición política en el país, poniendo en riesgo la vida y libertad de las otras personas que también han decidido presentarse voluntariamente a indagatoria.

Por todo lo anterior solicitamos:

• A la Fiscal 74 delegada ante la Cuarta Brigada que respete y garantice los derechos fundamentales de las personas que están siendo investigadas, tales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad.

• A la fiscalía General de la Nación que proceda a reasignar el proceso a una fiscalía que garantice su independencia estando por fuera de las guarniciones militares que son las que en forma arbitraria realizan labores de inteligencia a las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos.

• A la Procuraduría General de la Nación que avance en la investigación por los ilegales informes de inteligencia realizados por el Rime y el ejército, así como por la utilización arbitraria de personas que aparecen como desmovilizados de grupos ilegales y que son el fundamento de la apertura de procesos penales contra defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, estudiantiles y sindicales.

• A Naciones Unidas, especialmente a la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que realice un seguimiento a la situación de defensores de derechos humanos que están siendo investigados en razón de su legítima actividad y en el marco legal establecido en la legislación nacional e internacional. Dada la gravedad de la situación, convocamos, para que tome cartas en el asunto y lidere el acompañamiento a las organizaciones en riesgo, y así mismo facilite los acercamientos entre éstas y las entidades del Estado colombiano que sean pertinentes.