Bogotá, 19 de febrero de 2008. Un elemento que demuestra el carácter sistemático de las ejecuciones extrajudiciales, en particular, y de las violaciones a los derechos humanos, en general, es la impunidad en la que se mantienen todos los casos. Esa impunidad es un hecho notorio y estructural que amerita un estudio concienzudo y una política clara dirigida a combatirla. La realización de la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos constituye, al tiempo, una medida idónea para prevenir nuevas violaciones y una condición necesaria para la realización de los derechos de las víctimas y de sus familias a la verdad, la justicia y la reparación integral. Las evidencias contenidas en este documento ilustran sobre el carácter generalizado y sistemático que revisten las ejecuciones extrajudiciales directamente cometidas por la Fuerza Pública colombiana y, sobre todo, dejan al descubierto que la impunidad en la que permanecen es una práctica deliberada.
Este informe constituye el tercer resultado de una investigación que emprendió el Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, durante el segundo semestre de 2006, con el propósito de documentar la gravedad que revisten las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes estatales. Está compuesto por un documento de análisis elaborado por el Equipo Nacional del Observatorio, con base 26 fichas de trabajo que documentan la ejecución extrajudicial de 37 personas, durante el período comprendido entre julio de 2006 y junio de 2007, que fueron elaboradas por las diez organizaciones que se comprometieron en la iniciativa (Asociación Minga, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Reiniciar, Corporación Sembrar, Corporación Yira Castro, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos).
La primera parte del informe muestra un breve panorama de lo ocurrido en materia de protección y garantía del derecho a la vida en Colombia, durante el último año (julio de 2006 a junio de 2007). Se da cuenta de la persistencia de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a agentes estatales, que continúan siendo perpetradas según los patrones de acción identificados en el anterior informe presentado a la CIDH sobre la materia, y de los ataques de altos funcionarios y militares en contra de las organizaciones defensoras de derechos humanos que vienen denunciando esos crímenes.
La segunda parte se concentra en estudiar los patrones de impunidad identificados a partir del examen de casos, a la luz de los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias de Naciones Unidas y las recomendaciones formuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia en cinco sentencias recientes. De una parte, se examina la obligación estatal de realizar investigaciones con la debida diligencia (principio de minuciosidad). En ese sentido, se advierte que durante las investigaciones: i) no se respetan plazos razonables; ii) no se ofrecen garantías a los derechos a la vida, la integridad y la libertad de testigos, familiares de las víctimas y operarios judiciales; iii) se obstaculiza el desarrollo procesal; y iv) no se asumen líneas lógicas de investigación derivadas del análisis del contexto en que se producen las ejecuciones extrajudiciales.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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