Ejecuciones extrajudiciales en Colombia

Caen a diestra y siniestra

“Lo detuvieron a él y a otros dos muchachos. Eso fue como a las 5:00, los estuvieron torturando como hasta que los mataron como a las 10:00 de la mañana. Por la radio dijeron que habían agarrado a tres guerrilleros de las FARC. Cuando los vi en la cara tenían un ácido”, señala un testimonio recogido por la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia.

Con señales de tortura fueron presentados ante los medios de comunicación los cuerpos de Flavio Ariza Ortiz, Alonso Rodríguez Molina Y José Jeremías Vargas, asesinados el 10 de enero de 2007 en la vereda Las Malvinas del municipio de Tame (Arauca), por miembros de la Brigada Móvil No. 5 del Ejército Nacional.

Meses antes, el 20 de agosto de 2006, en la zona rural de Saravena (Arauca) fue ejecutado extrajudicialmente Alibar Flórez Becerra por miembros del Grupo Mecanizado No.18 “General Gabriel Revéiz Pizarro”, quienes lo acusaban de haber activado una carga explosiva en contra de una patrulla militar.

Tras varios desplazamientos a los que se vieron obligados sus familiares, por fin el 26 de noviembre de 2007 fueron acusados por su participación en la ejecución extrajudicial de Flórez Becerra, el capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita, el teniente Alexander Prada García, el subteniente Julio Alexander Jaimes Socha, los suboficiales Nelson Javier Carreño Pinzón y Ricardo Muñoz, y los soldados profesionales Wilfer Cardona García y Mauro Fernando Cepeda.

Un mes después de la ejecución extrajudicial de Alibar Flórez, el 5 de septiembre de 2006, la emisora “Colombia Estéreo” del Ejército Nacional anunció rampante “dado de baja un guerrillero en la vereda de Dosquebradas”, municipio de Remedios. Se trataba de Pablo Emilio Agudelo, un campesino que minutos antes de su muerte acompañó a miembros del Batallón Calibío del Ejército Nacional para indicarles el camino, como ellos mismos se lo habían pedido.

Cometido el crimen, uno de los soldados advirtió a los familiares que no interpusieran ninguna denuncia. Actualmente la familia de la víctima se encuentra en situación de desplazamiento.

Cientos de casos… y siguen aumentando

Estos testimonios de familiares y testigos recogidos por la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, alimentan la lista de los 132 casos documentados en el informe final[1], que a su vez no es más que una porción de los 955 casos de ejecuciones extrajudiciales registrados en el país entre julio de 2002 y junio de 2007, además de 235 casos de desaparición forzada por acción directa de agentes estatales, según el informe de las organizaciones que hacen parte de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos.

La Misión, conformada por un grupo interdisciplinario de 13 profesionales con diferentes nacionalidades y poyada por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia, fue clara en afirmar que no se trata de casos aislados, como lo expresara el General Fredy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares, en una rueda de prensa, sino que se encontraron “patrones comunes en la forma de realización de las ejecuciones extrajudiciales que se pudieron documentar en varias regiones de Colombia, lo que permite concluir que se trata de conductas sistemáticas que responden a una premeditación”.

Personas humildes, campesinos, indígenas, líderes comunitarios y personas socialmente marginadas han sido las víctimas por excelencia de los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas en Colombia. Muchas de ellas ocurrieron durante el desarrollo de operaciones militares, algunas veces montados como coartada del Ejército, algunas víctimas fueron detenidas arbitrariamente y luego desaparecidas, los autores han alterado las escenas de los crímenes, y finalmente las víctimas son presentadas como personas muertas en combate.

Tras la comisión de estas atrocidades se oculta la importante presión por resultados ejercida directamente por el actual Gobierno nacional y su política de seguridad democrática. Prueba de ello son las remuneraciones económicas, profesionales y premios a la Fuerza Pública por la presentación de “positivos”.

El soldado Alexander Rodríguez de la Brigada Móvil No. 15 del Ejército Nacional que opera en Ocaña (Norte de Santander), denunció ante la Procuraduría General de la Nación que recibe incentivos por falsos positivos. Igualmente, el gobierno de Colombia dictó el decreto 1400 de 5 de mayo de 2006 que tuvo vigencia hasta el 14 de mayo de 2007, que habilitaba la entrega de incentivos a los miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del DAS por participación en operaciones de importancia nacional. Anunciando el inicio de esta política, que incluía estímulos por causar bajas en el desarrollo de operaciones militares, la página web de la Fuerza Aérea sobre este aspecto aún informa que: “Como un incentivo para la Fuerza Pública, el Gobierno pondrá en marcha a partir de hoy la Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional (Boina), que entregará 12 salarios básicos mensuales al soldado, policía y agente del DAS que participe en la captura o muerte en combate de un jefe guerrillero”.

De allí, entonces, que la política de seguridad democrática, tan propia del gobierno Uribe, vuelva a ser cuestionada y confrontada, puesto que se establece una relación directa entre su puesta en marcha “y el deterioro de la situación de derechos humanos en el país, en particular, de la protección y derecho a la vida en Colombia”. La Misión constata, además, el incremento del 67% de los casos registrados de ejecuciones extrajudiciales durante los primeros cinco años del gobierno Uribe, con relación al quinquenio anterior a su posesión.

Caldo de cultivo para la impunidad

Hasta la publicación del informe, en el 2008, no se habían “alcanzado avances significativos en el esclarecimiento y sometimiento a juicio de los autores intelectuales, a pesar que hay indicios de que mandos más altos pueden estar implicados”. La justicia parece estar en medio de la niebla cuando los militares condenados por cometer ejecuciones extrajudiciales son un número extravagantemente menor de los implicados y los reales responsables.

Si bien el informe es claro en que el “gobierno colombiano acabó por reconocer la existencia de este crimen y adoptó algunas medidas”, estas han sido insuficientes. Alrededor de los casos de ejecuciones extrajudiciales se ha tejido todo un entramado de dificultades y actitudes displicentes y negligentes, como las asumidas por el Presidente de la República y el Ministro de Defensa, quienes han sugerido constantemente “que las organizaciones de derechos humanos comprometidas en documentar el fenómeno lo están haciendo para desprestigiar a las fuerzas armadas, descalificando su actuación, lo cual pone a estas organizaciones en un serio riesgo”. 

Ligadas a las violaciones y al silenciamiento general está la impunidad de casi la totalidad de casos de ejecuciones extrajudiciales, puesto que la mayoría de las investigaciones no son asumidas por tribunales competentes e imparciales, sino que son desarrolladas por la jurisdicción penal militar, de modo que su desarrollo se caracteriza por la falta de interés, poca minuciosidad, pasividad y dilatación en los trámites de los procedimientos; la recolección de testimonios que puedan contribuir con el esclarecimiento de las muertes es nula o poca. “Se constata igualmente la dificultad de acceso de los familiares a la justicia, así como su elevada desprotección tras ocurrir los hechos”.

Las recomendaciones presentadas por la Misión en el informe final responden a las falencias que se evidenciaron mediante los testimonios. Ellas tienen qué ver con que le gobierno nacional brinde las garantías forenses y jurídico procesales para que se esclarezcan estos crímenes y se logre hacer justicia.
 

[1] Los casos que se presentan en el informe fueron recogidos de los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Caldas, Casanare, Caquetá, Cesar, Guajira, Guaviare, Meta, Norte de Santander, Sucre y Tolima.