Actualmente atravesamos una crisis civilizatoria y climática producto de las acciones humanas que se han encaminado a devorar, destruir y arrasar con todas las formas de vida que habitan el planeta. Esta manera como el ser humano se relaciona con el ambiente responde a las dinámicas políticas, económicas y sociales impuestas por el modelo de desarrollo excluyente y extractivista que impulsa el gran poder corporativo del norte global.
Ante esta realidad, un número plural de personas en todo el mundo han asumido la defensa de los derechos de la naturaleza y del ambiente con el fin de preservar el planeta y de encontrar formas armónicas en que la humanidad lo pueda seguir habitando.
Esta reivindicación por la defensa de los derechos en favor del planeta, ha implicado cuestionar y enfrentar el modelo económico y los grandes capitales transnacionales, es por ello que a la crisis ambiental se suma la violación sistemática de los derechos humanos de las y los(as) líderes(as) ambientales en todo el mundo; sin embargo, esta situación se agudiza en los países del sur global, principalmente en América Latina y en Colombia, el segundo país donde las personas que defienden y cuidan los bienes comunes son asesinadas por esta labor.
Ante este panorama se hace necesario hacer uso de herramientas jurídico-políticas nacionales e internacionales para la protección de todas las formas de vida en el planeta. Una de ellas es el Acuerdo de Escazú, instrumento que pretende velar por los derechos de la naturaleza y de los(as) líderes(as) sociales.
Celebramos la decisión de la bancada del gobierno nacional de aprobar este acuerdo que ha sido parte de las reivindicaciones del movimiento social y ambiental, ya que permite abrir espacios para la participación efectiva, acceder a la información para la toma de decisiones en los territorios y garantizar la vida y labor de quienes defienden la vida, y por ello, el reto es la materialización de lo allí contenido en clave de paz territorial y justicia social y ambiental.