¿Rompiendo el control?

En Colombia, más que en casi cualquier otro país del hemisferio occidental, la violencia ha corrompido y socavado a la democracia. Muchas veces, los asesinatos y las amenazas —en lugar de las elecciones libres o el diálogo democrático— son los factores que han determinado quién controla el poder, la riqueza y la influencia en el país. Esto se manifiesta con mayor evidencia en la relación entre los grupos paramilitares e importantes sectores del sistema político, las fuerzas militares y las elites económicas.

Durante las últimas dos décadas, los paramilitares han devastado gran parte del país. Alegando estar combatiendo a las igualmente brutales guerrillas de izquierda, los paramilitares han masacrado, torturado, “desaparecido” forzosamente y asesinado a incontables hombres, mujeres y niños de manera sádica y cruel. En cada lugar al que han ido, han eliminado a todo el que se opusiera a su control, incluyendo a miles de sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, jueces y otras personas. De manera muy lucrativa, han forzado a cientos de miles de pequeños terratenientes, campesinos, afro-colombiano e indígenas a abandonar sus tierras productivas. En muchos casos, los paramilitares o sus cómplices se han apropiado de las tierras abandonadas, mientras que las víctimas se han visto obligadas a vivir en la miseria, en zonas urbanas marginales. Es así que Colombia es el país con las mayores cifras de desplazados internos en el mundo, luego de Sudán.

A la vez que se han alimentado de los ingresos del narcotráfico, la extorsión y otras actividades delictivas, los paramilitares han creado alianzas mafiosas con poderosos terratenientes y empresarios en sus áreas de operación; unidades militares que en varios casos toleraron o incluso colaboraron con los paramilitares; y funcionarios públicos, incluida una gran cantidad de miembros del Congreso, que han recurrido al poder de corrupción e intimidación de los paramilitares para obtener sus cargos.

A través de estas alianzas, los paramilitares y sus colaboradores han adquirido un inmenso patrimonio y una importante influencia política, quebrantado los procesos democráticos y el estado de derecho.

Pero ahora, Colombia tiene ante sí una oportunidad única de revelar y poner fin a la influencia de estas redes, juzgando a los paramilitares y a sus cómplices. En los últimos dos años, varios jefes paramilitares han comenzado a confesar ante fiscales algunos de los detalles de los asesinatos y las masacres que han cometido. También han comenzado a revelar algunos de los nombres de oficiales de alto rango de las fuerzas de seguridad que trabajaban con ellos. Y la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha realizado avances sin precedentes en la investigación de la infiltración paramilitar en el Congreso colombiano.

Este informe evalúa los avances hechos por Colombia en el desmantelamiento de la influencia de los paramilitares y en la revelación de la verdad sobre sus delitos y sus redes, así como los límites y obstáculos para continuar avanzando.
 
Las instituciones de justicia de Colombia han logrado avances históricos contra el poder paramilitar. Sin embargo, estos avances aún son provisorios y frágiles. Son el resultado de una combinación fortuita de factores, como la independencia y el valor de un grupo selecto de jueces y fiscales, una decisión de la Corte Constitucional que creó incentivos para que los jefes paramilitares empezaran a revelar la verdad sobre sus delitos, el accionar de la sociedad civil colombiana y de algunos periodistas, y la presión internacional sobre el gobierno colombiano.

Los avances realizados podrían perderse rápidamente y, de hecho, es posible que ya se estén perdiendo. La reciente extradición a los Estados Unidos de varios de los principales jefes paramilitares —algunos de los cuales habían comenzado a hablar sobre sus redes— aumenta la posibilidad de que sean juzgados por algunos de sus delitos. Sin embargo, también ha interrumpido —esperamos que sólo temporalmente— el trabajo de investigadores colombianos. Hasta el momento, sólo uno de los jefes paramilitares extraditados ha prestado nuevas declaraciones antelas autoridades Colombianas. En Colombia, varios de los casos más prominentes que ha estado investigando la Corte Suprema han perdido ímpetu luego de que los congresistas investigados renunciaran, asegurándose así de que las investigaciones se transfirieran a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía en ocasiones ha realizado un trabajo ejemplar y merece recibir apoyo y recursos. Sin embargo, en algunos casos de muy alto perfil, la Fiscalía parece no haber actuado con la suficiente celeridad para impulsar los casos. La resistencia del gobierno ante iniciativas significativas de reforma del Congreso perpetúa la influencia paramilitar en el sistema político.

Lamentablemente, el gobierno del Presidente Álvaro Uribe está desperdiciando gran parte de esta oportunidad para desmantelar las mafias paramilitares. Aunque ha habido avances en algunas áreas, algunas acciones del gobierno amenazan con frustrar las investigaciones que tienen más posibilidades de generar cambios.

Las siguientes son algunas de las acciones más preocupantes del gobierno de Uribe:

• En reiteradas ocasiones, el gobierno de Uribe ha atacado a la Corte Suprema y a sus miembros, en lo que cada vez más pareciera ser una campaña dirigida a deslegitimar a la Corte.
• El gobierno de Uribe se ha opuesto a propuestas serias de reforma al Congreso dirigidas a eliminar y sancionar la influencia paramilitar en el Congreso.
• Ha propuesto reformas constitucionales que podrían sacar los procesos de lo que se ha llamado la “parapolítica” de la competencia de la Corte Suprema

Si la administración de Uribe continúa por este camino, es probable que los enormes esfuerzos hechos por las cortes y fiscales colombianos para investigar a los cómplices de los paramilitares no logren el objetivo de romper el poder de estas mafias. Colombia podrá seguir siendo un país democrático desde el punto de vista formal, pero la violencia, las amenazas y la corrupción continuarán siendo herramientas comunes para obtener y ejercer el poder en el país.
 
El tema de fondo en Colombia va más allá del problema —al que se enfrentan muchos países—de cómo descubrir la verdad y garantizar la justicia por las atrocidades cometidas en el pasado. Lo que está en juego es el futuro del país: si sus instituciones podrán librarse del control de quienes han recurrido al crimen organizado y, a menudo, a terribles abusos de los derechos humanos para asegurarse el poder, y si se les permitirá a las instituciones democráticas del país cumplir sus roles constitucionales sin tener que enfrentarse al miedo, la violencia y el fraude.
 
Para asegurar un progreso genuino, el gobierno de Uribe debe poner fin a sus ataques contra la Corte Suprema y, en lugar de eso, debe apoyar de manera inequívoca las investigaciones de la parapolítica. También debe tomar medidas decisivas para reformar el Congreso y las entidades ejecutivas en las cuales se han infiltrado los paramilitares. La Fiscalía General de la Nación debería también tomar medidas más enérgicas y coherentes para impulsar las numerosas investigaciones que fueron iniciadas por la Corte Suprema y posteriormente transferidas a su competencia, y para llevar adelante investigaciones de miembros de la fuerza pública, empresas y otros cómplices mencionados por los paramilitares en sus confesiones.