Informe Comuna 13: Memorias de un Territorio en Resistencia, Resumen Ejecutivo

El informe que hoy se socializa se realizó como una contribución al trabajo que desarrolla la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), al propósito del esclarecimiento de los hechos y responsables del conflicto armado que ha vivido la comuna 13, al reconocimiento de las víctimas y al trabajo de las organizaciones sociales de la zona. Para el presente informe sumaron sus energías y conocimientos las siguientes organizaciones, todas ellas con larga trayectoria de presencia en la zona y cada una con maneras de estar y trabajar, metodologías y énfasis diversos: Corporación Jurídica Libertad, Instituto Popular de Capacitación, Centro de Fe y Culturas; además, la Fundación Santa Laura Montoya y el Colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, organizaciones que han encarnado la lucha por la memoria y la verdad en la comuna 13. Este grupo de organizaciones respalda la tarea del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición creado en el marco del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC.

Para la realización del informe se siguió una metodología de construcción colectiva que implicó:

• Centralización documental. Esta fase consistió en la centralización del acervo documental existente en cada una de las organizaciones, a saber: archivos fotográficos, prensa escrita, literatura gris, informes, comunicados, caracterizaciones, publicaciones y ejercicios de memoria. También, investigaciones y análisis sobre el desarrollo del conflicto en la comuna 13, liderados por grupos académicos de la ciudad y por instituciones oficiales del contexto local y nacional.
• Definición de énfasis temático del informe. Se desarrollaron tres encuentros de discusión y reflexión con la participación de las organizaciones y representantes de víctimas para la priorización de los temas, la delimitación del marco temporal de análisis y los énfasis.
• Generación de información. Se implementó la estrategia de revisión documental tomando como referencia el marco temporal de análisis (1995-2020) y los temas de énfasis priorizados. Entre el material utilizado para el proceso se destacan: la consulta de memoria desarrollada en el año 2016, la línea de tiempo de hechos de victimización y resistencias, la base de datos del Proyecto Colombia Nunca Más, el archivo fotográfico y de prensa aportado por el Comité de Memoria de la comuna 13 y la base de datos de violencias aportado por el Observatorio de Derechos Humanos del IPC. Además, se llevaron a cabo entrevistas a líderes comunitarios, víctimas y representantes de organizaciones de la zona.
• Construcción y discusión de documento final. Se conformaron subgrupos de trabajo para la redacción de los borradores de cada uno de los capítulos del informe; posteriormente, cada organización hizo una lectura a profundidad del borrador y se llevó a cabo una discusión conjunta sobre los contenidos.

El informe analiza el período 1995-2020. Dicha temporalidad se explica por los siguientes argumentos:

1. A partir del año 1995 se puede establecer más claramente la existencia de grupos de milicias con capacidad de control social y territorial sobre amplias zonas de la comuna, con estructuras de mando definidas y en franca confrontación con el Estado y grupos paramilitares.
2. Entre 1995 y 1996, la organización social con asiento en la zona logró un mayor protagonismo. Fueron fortalecidas las juntas de acción comunal, las organizaciones juveniles y comunitarias, y empezó la construcción de propuestas de planeación participativa del territorio, entre ellas el Plan Pa’lante o Realizadores de Sueños.
3. Entre 1996 y 2016 se centró en la consolidación de la impunidad, la confrontación armada, disputa de territorios y la victimización a grupos poblacionales, que aún persiste. El periodo se subdivide, a su vez, en tres momentos que tienen características diferentes en cuanto a los actores involucrados, las víctimas, las modalidades de agresión y los mismos intereses en disputa: periodo 1 (de 1996 a 1999), periodo 2 (de 2000 a 2009) y periodo 3 (de 2010 a 2020).

Además de lo anterior, el informe se detiene en las formas del daño individual y colectivo y destaca la manera como, a pesar del ambiente hostil en que han desarrollado su trabajo, las organizaciones sociales y comunitarias de la zona constituyen su más valioso acumulado, tanto para afrontar el daño causado como para el diseño de proyectos de futuro que se correspondan con esa noción básica que inspira cualquier Estado de derecho: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…”.
La comuna 13 es un conglomerado de comunidades de unos 140.000 habitantes, en su mayoría correspondiente a sectores sociales empobrecidos y marginados, que por décadas han padecido la falta de políticas públicas y de Estado que garanticen la satisfacción de sus derechos. Muchos de los sectores están conformados por familias sobrevivientes que han llegado desplazadas de otros lugares del país y del departamento, o destechados que han buscado en la montaña un refugio en casas construidas en medio de la precariedad.

Incluso hoy, después del promocionado milagro de la comuna, es evidente la exclusión económica y social. De acuerdo con el Informe de calidad de vida de Medellín, 2016-2019 (Medellín, cómo vamos, 2016), el cual fue elaborado con información del censo 2018 y proyección para 2019, el Índice Multidimensional de Condiciones de Vida (IMCV) sigue siendo uno de los menores y, además, de los que menos han crecido en los últimos años: en 2016 era del 41,4 y en 2019 del 41,2. Esta misma alianza, en su informe sobre el Índice de Progreso Social. Comunas y corregimientos de Medellín, 2013-2017, presentado en abril de 2019, señala que San Javier es una de las comunas que evidencian condiciones relativamente peores con relación a años anteriores.

Entre el periodo, 1995-2000, hubo multiplicidad de grupos armados que hicieron presencia en la comuna, con origen, orientación ideológica y prácticas táctico-militares diversas, desde orientaciones de la izquierda alzada en armas como el ELN, las FARC y los CAP, pasando por las bandas delincuenciales asociadas al narcotráfico, los grupos paramilitares, además de la fuerza pública (Ejército y Policía), todos hicieron uso del ejercicio de la fuerza, especialmente con la detentación y uso de armas, y bajo la autoproclamación del monopolio de la justicia y la seguridad impusieron un control territorial, poblacional y también fiscal de la economía local. Detentar el orden bajo estas circunstancias condujo, instantáneamente y de manera prolongada, a unas consecuencias que aún perviven en términos de la violación masiva de los derechos humanos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, a la libertad de circulación y residencia, a la libertad de expresión, a la reunión, a la participación y a la libre determinación, entre otros. (Moreno Bedoya, 2003, p. 209).

La población civil y las organizaciones sociales de base, bajo estos órdenes de violencia, vieron obstaculizadas sus diversas expresiones para el ejercicio ciudadano, y aunque muchas continuaron su labor, se diezmaron los vínculos sociales de solidaridad, las conductas cotidianas de las relaciones sociales y el sentido de lo público y lo colectivo como mecanismos de defensa de la vida, dando paso con ello a una cotidianidad fundada en el miedo, la sospecha y la desconfianza del otro y la otra como posible enemigo.

Hay una pretensión clara de los actores armados presentes en el territorio de controlar las conexiones terrestres entre el Valle de Aburrá y las subregiones Occidente y Urabá, lo que representa la posibilidad de monopolio sobre rutas de narcotráfico y armas, además de acceso a rentas en zonas de implementación de obras civiles de gran envergadura. Históricamente ha habido una disputa por: el control local, el control territorial, el control social e intereses en la economía formal o legal.

Existen tres claros períodos en el desarrollo del conflicto:

I. Periodo 1995-1999: el desarrollo del conflicto y la lucha por el territorio:

Desde mediados de los 90 la insurgencia hizo presencia en la comuna 13, en particular el ELN. Posteriormente se conforman los Comandos Armados del Pueblo CAP que comenzaron acciones de presencia político-militar entre los años 1995 y 1996 en los barrios Olaya Herrera y Vallejuelos, en la comuna 7 Robledo, zona limítrofe con la 13, hacia donde expandieron su presencia en los barrios Blanquizal, El Pesebre, Eduardo Santos, La Quiebra, Juan XXIII, Antonio Nariño, El Corazón, 20 de Julio y Las Independencias. Entre 1997 y 1998 las FARC-EP llegan a la comuna y se instalan en la parte alta del barrio Nuevos Conquistadores, donde instalaron su centro de operaciones. A su arribo sostuvieron confrontaciones con integrantes de los CAP y el ELN, que dejaron varios muertos de lado y lado.

La presencia de estos actores alzados en armas tuvo algunas características en los varios momentos históricos que pasaron por la violencia, pero también por formas organizativas sociales o políticas que no necesariamente se originaron en los grupos armados, y que recibieron su aval o que pretendieron ser instrumentalizadas en favor de su proyección política y militar. Los CAP y el ELN se caracterizaron entre las comunidades por su pretensión de cercanía con los vecinos en los territorios de su influencia en diferentes sentidos. Asimismo, sus insurgentes incentivaron la movilización de las comunidades en fechas conmemorativas de la izquierda política o actividades de protesta de otros sectores sociales. Las FARC no tuvieron desarrollos que les permitieran relaciones más cercanas con las comunidades, lo que se puede explicar por tres vías: (i) el poco tiempo que estuvo esa organización armada en el territorio, que se caracterizó por su disputa con otros actores por hacerse al control territorial. (ii) Que apenas consolidó su estancia allí para los años 1999 y 2000, cuando cesó su confrontación con otras organizaciones, pero se desató la ofensiva estatal y paramilitar; su presencia fue de guerra. (iii) El carácter político-militar de esa organización insurgente, con un sentido más instrumental de la política, que atendía al fortalecimiento de la propia organización y objetivaba la realidad y los procesos históricos, así como a los sujetos.

El informa explora la relación de los grupos insurgentes con temas como:

• El control sobre los liderazgos.
• La intolerancia social conocida como “limpieza social”
• La persecución a las bandas o personas señaladas de ser “los sapos”
• Pretensiones de ubicación geoestratégica

II. Periodo 2000-2007: consolidación del proyecto paramilitar y la política contrainsurgente

El arribo a Medellín de estructuras paramilitares adscritas a las ACCU, las AUC y las ACMM significó el inicio de un nuevo estallido de violencia en la ciudad. Ello se evidenció con la participación de esos grupos en todos los conflictos que se desataron entre 1995 y 2005, pero principalmente con el ataque deliberado que los paramilitares iniciaron contra procesos sociales y políticos de la ciudad, como defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, universitarios y otras expresiones sociales y comunitarias.

La consolidación de la hegemonía paramilitar en la comuna 13 se desarrolló en tres periodos: (i) entre 1999 y 2001, cuando se desató la confrontación por el dominio territorial en la comuna. (ii) 2002-2003, consistente en la militarización estatal y paramilitar del territorio. (iii) 2004-2007, cuando se consolidó el dominio paramilitar y se dio continuidad a su presencia silenciosa.

La tensión entre las organizaciones milicianas y organizaciones ligadas a la criminalidad común fue caldo de cultivo para que estas últimas formaran parte de la proyección de estructuras paramilitares en el territorio. Ello tuvo tránsitos diferenciados allí, que se pueden sintetizar en la cooptación de esos grupos de delincuencia común, proceso paulatino que permitió a los paramilitares conformar una fuerza lo suficientemente robusta, como la que se evidenció durante las operaciones militares y en su posterior dominio de esa parte de Medellín.

Desde 2001, con el comienzo de las operaciones de los organismos de seguridad del Estado, en la 13 se dio inicio a un proceso de militarización que se extendería hasta 2003 y su pico ocurriría en 2002. En ese periodo se desplegaron al menos 25 operaciones militares, 15 de ellas en 2002. La comuna 13 se convirtió en el escenario privilegiado de una guerra, cuyos protagonistas eran las milicias, guerrilla, paramilitares y fuerza pública. La militarización fue parte de una estrategia estatal contrainsurgente que tuvo como fin poner en marcha la política de seguridad democrática, que fortaleció la capacidad del Estado para copar militarmente varias regiones del país y la red vial. Para la comuna, la táctica se enfocó en expulsar por la fuerza a los grupos insurgentes, pero, sobre todo, socavar las propuestas de acción colectiva y resistencia social y comunitaria de la comuna. En la ciudad, tanto en la zona occidental como en la oriental aquellas fueron intervenidas, y los barrios de las comunas 3 Manrique, 7 Robledo, 9 Buenos Aires y 13 San Javier fueron los más afectados por la seguridad democrática. A medida que se llevaban a cabo las intervenciones militares en la comuna, los paramilitares del BCN se posicionaban en ella realizando control territorial e iniciando el control social sobre la población, con estigmatizaciones en consonancia con la concepción del enemigo interno.

Los operativos militares ejecutados en la comuna fueron diseñados, impulsados y desplegados por castrenses adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones Judiciales (CTI) y del hoy extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); acompañados por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, más el apoyo de la administración local y nacional. De igual modo, en los operativos se hizo uso de civiles uniformados, armados y encapuchados como fuerzas auxiliares que actuaron como guías y señalaron los lugares y personas sobre las cuales se cometieron los excesos y crímenes; este personal integraba estructuras paramilitares articuladas en el Bloque Cacique Nutibara.

En su fase de consolidación, en su intención de hacerse a la obediencia y el sometimiento de quienes habitaban la comuna 13, los paramilitares y agentes estatales variaron en la implementación de algunas modalidades de agresión, buscando exhibir la pacificación de la zona como una de las bondades de la seguridad democrática. Entre ellas:

• La política estatal de la excepción y la guerra sucia
• La acción conjunta entre el Ejército, la Policía y grupos paramilitares
• Aparente generación de bienestar y paz social

III. Periodo 2008-2020: reorganización de actores armados y agudización del control violento de los territorios

La fractura del poder armado en la ciudad tuvo efectos directos en la dinámica de la violencia y el accionar de los grupos armados con presencia en la comuna 13. Consecuencia de ello, se configuraron duras disputas entre distintas estructuras armadas para hacerse con el poder, permanecer en los territorios y acceder a rentas ilegales, como el narcotráfico, la trata de personas, las extorsiones, y participar en actividades económicas formales como estrategia de lavado de activos y diversificación de fuentes de financiación.

El incremento de hechos victimizantes, como los homicidios, el desplazamiento forzado, el reclutamiento, la consolidación de redes de narcotráfico locales y la instauración de prácticas (por ejemplo, las llamadas fronteras invisibles entre barrios y sectores), fueron evidencia concreta de la escalada de violencia; esta fue determinada por la escisión de la Oficina de Envigado, pero posteriormente confluyeron otros factores que incidieron en la pervivencia de la violencia armada por más de una década.

A partir del año 2008 fue posible reconocer decenas de grupos armados en el conjunto de barrios y sectores de la comuna 13 en abierta disputa por lograr el control de territorios. Algunos de estos grupos fueron protagonistas del proyecto contrainsurgente; otros, expresiones incipientes de criminalidad y violencia que iban ganando poder y legitimidad en microterritorios, especialmente de la periferia. Durante el periodo de análisis fueron múltiples las transformaciones de estos grupos armados en términos de su composición y estructura; sin embargo, sus patrones de actuación, vocación económica y fines de control violento de la población y los territorios se mantienen invariables en el tiempo.

Modalidades de victimización por períodos:

Modalidad 1996-2002 2003-2007
Asesinatos 101 99
Desaparición forzada 60 30
Heridas-lesiones 89 2
Detenciones arbitrarias 371 1
Amenaza 5 7
Desplazamiento o repoblamiento 9 109
Allanamiento 5 5
Atentado 3 1
Torturas 2 0
Sin dato 22 6
Totales 667 260

La magnitud de las agresiones cometidas desde 1995 hasta 2020 evidencia una impunidad estructural, además un patrón de sistematicidad y generalidad en las graves violaciones a los derechos humanos dirigidas contra la población civil. No puede hablarse de daños colaterales, puesto que no son hechos aislados ni en cuanto al número y carácter de las víctimas ni en cuanto a las modalidades utilizadas. Es importante tener en cuenta que, si bien desde los años 90 la comuna 13 ha sido escenario permanente de crímenes cometidos contra la población, fue durante 2001, 2002 y 2003 cuando hubo el mayor registro de casos, coincidiendo con el desarrollo de las operaciones militares de la fuerza pública y el posicionamiento y consolidación de la estrategia paramilitar. Esto generó daños de todo tipo entre la población, entre los que están:

• Daños individuales y a la familia
• Daños emocionales
• Daños en la salud física
• Daños particulares a las mujeres, los niños y niñas y la población joven.
• Daños colectivos: afectación al liderazgo social del territorio; al tejido social comunitario y al proyecto de vida individual y colectivo.
• Daño colectivo por la destrucción del lazo social

Pero estos daños no lograron socavar por completo la organización social, la resistencia y la construcción de paz. El devenir histórico de la comuna 13 y de los territorios ubicados en la ladera occidental de la ciudad ha estado caracterizado por la acción social, el trabajo comunitario y las apuestas de bienestar social y desarrollo pensadas desde el territorio para enfrentar las dinámicas de exclusión, empobrecimiento e inequidad. La acción social, liderada desde comienzos de la década de los 80 principalmente por organizaciones de base, colectivos de mujeres, grupos juveniles, asociaciones económicas, surgió como respuesta a las problemáticas y precarias condiciones de vida de los pobladores y por una evidente debilidad del Estado a la hora de garantizar los servicios básicos, la seguridad y programas sociales a una población que progresivamente ocupaba amplias zonas de la periferia.

Además, la memoria y la lucha de las víctimas por sus derechos, se convirtió, para las organizaciones del territorio, en una herramienta para comprender la realidad concreta y resistir a la guerra; pero también ha sido la acción más contundente contra el olvido y la impunidad.

En conclusión:

1. El Estado colombiano en sus distintos niveles y ramas tiene una alta responsabilidad con respecto a lo ocurrido en la zona y las graves violaciones a los derechos humanos que afectaron a cientos de sus pobladores.
2. La responsabilidad también les compete a las guerrillas que infringieron el derecho internacional humanitarios y cometieron crímenes de guerra.
3. Las estructuras paramilitares y criminales son responsables de graves crímenes contra la población y pudieron actuar gracias a la connivencia de agentes estatales.
4. El conflicto armado ha producido profundos daños físicos, psicosociales y culturales en la población.
5. Ha habido una multidimensionalidad del daño colectivo
6. En la 13: el conflicto armado en un territorio urbano con heridas abiertas
7. La organización social ha sido el soporte de vida del territorio

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