Medellín, 8 de septiembre de 2013. Hoy 6 de septiembre de 2013 nos encontramos en la sede del Refugio Humanitario instalado en el Coliseo del Municipio de Barbosa, organizaciones sociales y de derechos humanos, nacionales y regionales:Corporación Colectivo De Abogados José Alvear Restrepo, Corporación Reiniciar, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Corporación Jurídica Libertad, Corporación en Derechos Humanos Contracorriente, Corporación para la Paz y tl Desarrollo Social Corpades, Corporación Jurídica Yira Castro, Fundación Sumapaz, Comité de Derechos Humanos de la CUT Antioquia y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos /Nodo Antioquia, acompañados por la oficina del Representante a la Cámara Iván Cepeda Castro, con el fin de verificar y documentar las graves denuncias que por abusos de autoridades oficiales y en especial de la fuerza pública, han sufrido los cerca de 4000 campesinos y campesinas que en el marco del Paro Popular, Agrario y Minero, se encuentran de forma pacífica ocupando desde hace 14 días las instalaciones del Polideportivo del municipio, de a fin de llamar la atención del gobierno departamental y nacional, dado el histórico abandono estatal que han sufrido en sus regiones. Esta amplia concentración cuenta con delegaciones de los departamentos de Antioquia, Bolívar y Córdoba y agrupa a las siguientes organizaciones CAHUCOPANA, AHERAMIGUA, ASCNA, ASODECAS, ASOBAC, ACVC, ASCIT y el Consejo Mayor Comunitario Del Porce.
Estas organizaciones se han declarado en Refugio Humanitario en Barbosa, buscando el respeto al legítimo ejercicio de la protesta y a fin de no sufrir de nuevos actos de represión y violación de derechos humanos como aquellos de los que fueron objeto por parte de la fuerza pública en repetidas ocasiones en su tránsito previo por los municipios de Segovia y Caucasia.
Durante nuestra visita pudimos constatar a través de los testimonios ofrecidos por la comunidad, de las múltiples agresiones de las que fueron víctimas, incluyendo a los menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores.
La información recolectada da cuenta del uso desmedido e indiscriminado de la fuerza por parte del ESMAD, actuando conjuntamente con grupos de civiles encargados de lanzar bombas incendiarias directamente contra el campamento, ocasionando el incendio de varios cambuches y otros bienes de la comunidad.
Recibimos el testimonio de varios menores de edad, que en condiciones de indefención fueron golpeados brutalmente por miembros del ESMAD.
La Comisión documentó al menos un caso de tortura y detención arbitraria, cometida contra un joven de la comunidad en la Estación de policía del municipio de Barbosa
Como consecuencia de los hechos de violencia atribuibles a miembros de la fuerza pública, destacamos con tristeza el caso de dos mujeres campesinas, que estando en estado de gestación, sufrieron las consecuencias del uso masivo e indiscriminado de gas lacrimógeno, lanzado por la policía nacional al refugio humanitario durante los días 28 y 29 de agosto, provocándoles el aborto.
A su vez, varias personas recibieron múltiples heridas causadas por gases lacrimógenos que fueron lanzados como proyectiles contra los civiles y que produjeron contusiones, hematomas, quemaduras y laceraciones. Igualmente constatamos el uso de armas de fuego en contra de la comunidad, que dieron como resultado dos heridos, uno de ellos de gravedad, que permanece en un centro hospitalario de la ciudad de Medellín.
Resulta igualmente grave, recibir denuncias de actos de sabotaje por parte de funcionarios de la Alcaldía Municipal, quienes según el testimonio de un campesino, han ofrecido dinero a varios manifestantes para que abandonen el refugio humanitario.
La Comisión de verificación solicita el cese de los actos de ataque y hostigamiento al refugio Humanitario, la comunidad campesina y sus líderes y solicita a las autoridades competentes que investiguen integralmente las graves denuncias formuladas por la comunidad en presencia de la Gobernación de Antioquia y la Defensoría del Pueblo.
Igualmente insta a las autoridades locales, regionales y nacionales a que abran caminos de diálogo que apunten a encontrar soluciones concretas e inmediatas a las problemáticas presentadas por la comunidad y que justifican su pacífica protesta.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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