Informe: ¡Paz, ni en el horizonte! Crisis humanitaria, liderazgos en riesgo e incumplimiento del Acuerdo de Paz en Antioquia

Situación de riesgo de la labor de las y los defensores de derechos humanos en Antioquia, 2019 Presentación y contexto territorial1 La Corporación Jurídica Libertad, La Fundación Sumapaz, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) – Nodo Antioquia, la Corporación Acción Humanitaria por la Paz y la Convivencia del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA) y el Semillero del Grupo de Investigación Cultura, Violencia y Territorio, adscrito al Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia presentan el balance sobre la situación de riesgo para la labor de los líderes y lideresas en el departamento.

En este informe se realiza un diagnóstico de la crisis humanitaria de 2019 en la subregión del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, con el propósito de visibilizar las afectaciones que está ha generado a las y los habitantes. Se llama la atención sobre la responsabilidad del Estado, a quien se exige que cumpla con su labor de garante, que implemente el Acuerdo de Paz y que adopte medidas integrales para garantizar la labor de las y los defensores de derechos humanos.

El Acuerdo de Paz pactado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la antigua insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo en siglas FARC-EP además de la instauración de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional – ELN, significó para diferentes sectores sociales y políticos una posibilidad para la transición política a la paz, después de más de medio siglo de conflicto armado. Sin embargo, el panorama de incumplimiento de los acuerdos, el recrudecimiento de la guerra en muchos territorios y el cierre de la mesa de negociación con el ELN, ha demostrado que aún el Estado y máxime, el gobierno actual, se niegan a llevar a cabo una transición ágil, pacífica y consensuada del conflicto.

Estas dificultades son el resultado de una disputa sostenida por sectores económicos y políticos que, por un lado, mantienen intereses estratégicos sobre los territorios, en mayor medida los anteriormente ocupados por las FARC-EP, y, por otro lado, se niegan al esclarecimiento de la verdad sobre la vinculación del Estado y terceros civiles con hechos enmarcados en el conflicto armado. Ambos elementos ponen en el foco de la violencia a líderes y lideresas que defienden los territorios, principalmente rurales, de intereses extractivistas, y que impulsan la participación comunitaria para la defensa de los acuerdos de paz y la defensa de las garantías allí definidas para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.

La presencia de actores armados paramilitares en el departamento de Antioquia, sus intereses geoestratégicos, confrontaciones y la ausencia de una política de Estado para su desmonte o sometimiento continúa siendo una de las causas de la persistencia del escenario de la guerra. La representación armada de todos estos grupos se proyecta completamente hacia el ejercicio de poder en las dinámicas sociales, culturales, políticas, económicas y territoriales que instauran imaginarios sociales proclives y funcionales a sus intereses.

La guerra no ha cesado. A más de tres años de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP, Antioquia continúan siendo un fortín geoestratégico para la presencia de todos los grupos armados, principalmente grupos paraestatales que hacen una fuerte presencia en los 125 municipios del departamento y que uno a uno se han distribuido palmo a palmo amplias zonas urbanas y rurales.

Todos los municipios del departamento tienen presencia de al menos un grupo paraestatal o funcional a este. Territorialmente predominan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Este grupo ha aumentado su dominio al 90% de los municipios del departamento. El mapa de presencia revela el avance y el fortalecimiento geoestratégico de las AGC, representada en los Bloques o estructuras: “Juan de Dios Úsuga”, “Jairo de Jesús Restrepo” y “Pacificadores de Córdoba y Bajo Cauca”. Influyen totalmente en Urabá y, mediante alianza y pactos de no agresión, en otras subregiones como el Suroeste, Oriente, Occidente.

Luego de la salida del escenario de las FARC, en subregiones como Urabá, se amplía el panorama del dominio completo de las AGC, extendiéndose a zonas del Urabá chocoano, antes controladas por los Frentes 34 y 57 de las FARC. Por la Serranía de Abibe en límites con Córdoba, los Frentes 5 y 58 de las FARC dominaban amplias zonas rurales que permitían la movilidad hacia la franja de incidencia de la represa de Urrá y todo el corredor del margen oriental de esta serranía hasta el Nudo del Paramillo. Esta línea sirve de tránsito y control de corredores que conectan las zonas del Chocó con los puertos de Turbo, Sur de Córdoba, Norte de Antioquia, y Bajo Cauca, para posteriormente llegar al Magdalena Medio y el departamento de Santander.

En el Norte de Antioquia, las AGC conservan una sólida rivalidad en armas con las Disidencias de las FARC lo que ha generado confrontaciones en medio de la población civil, desplazamientos forzados y un contexto de guerra. Es de anotar que Los Pachelly hacen una fuerte presencia en esta zona.

En el Bajo Cauca, las AGC, se enfrentan militarmente contra el grupo llamado “Caparros” o “Caparrapos”, que figuran en el sur de Ituango, Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Remedios y Segovia, generando una crisis humanitaria.

En las 16 comunas, 4 corregimientos de la ciudad de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, hay una fuerte presencia de las AGC y de actores armados articulados a estructuras de mayor capacidad militar y económica.

Este informe muestra a la denominada Oficina del Valle de Aburrá (OVA) con representación zonal en 28 municipios de Antioquia. Ejerce el dominio en barrios enteros de la ciudad de Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá, Oriente, Suroeste y Nordeste antioqueño. Así mismo, la Alianza Criminal del Norte del Valle de Aburrá (ACN) aparece asentada en siete municipios del área metropolitana de Medellín y el Norte de Antioquia.

Otras estructuras como Los Triana y los Mondongueros tienen una dinámica propia de empresa criminal: 8 ¡Paz ni en el horizonte! Crisis humanitaria, Liderazgos en riesgo e incumplimiento del Acuerdo de Paz en Antioquia Así lo evidencian los homicidios colectivos y selectivos registrados durante el primer trimestre de 2018 en los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado, constituyendo el primer escenario de riesgo de esta advertencia, pudiéndose advertir una confrontación armada en los mencionados sectores: Entre los días 1 y 3 de abril del presente año entre “Los Chivos” y “La Mano de Dios”, en el sector de Nuevo Amanecer, se presentaron enfrentamientos que dejaron un saldo de cuatro muertos. La alianza de “Pachelly” con “Los Chivos”, “Los Pájaros”, “Las Violetas” y “San Bernardo”, parece ser una seria amenaza al control de las AGC sobre los corredores de movilidad en esta zona de Medellín que siguen afectando la situación de derechos humanos en el área… (Defensoría del Pueblo, ATI 041-18).

Un escenario de conflicto crítico se presenta en el conjunto de barrios ubicados al suroccidente de la Comuna 13 y limítrofes con Altavista y la Comuna 16 – Belén: Belencito, El Corazón, Betania, Villa Laura y los sectores de Monteverde y Cantarrana. Durante los últimos 10 años se ha mantenido el control hegemónico de la ilegalidad en cabeza de la banda de Betania (La Sexta), gracias, en parte, al apoyo que desde entonces recibe de Los BJ – Chamizos, procedentes de las comunas 8 – Villa Hermosa y 9 – Buenos Aires, ubicadas al oriente de la ciudad. A su vez, han mantenido un pacto con las AGC para custodiar y facilitar la movilidad entre el Suroccidente y el Noroccidente de la ciudad. (Defensoría del Pueblo, ATI 059-18).

Se deben destacar que estructuras como la Terraza, San Pablo, Picacho, Caicedo, Robledo y las Convivir, ejercen gran control en los barrios y centro de Medellín. Es importante resaltar que en la comuna 13, existen 36 bandas, entre ellas: La Agonía, El Pesebre, La Independencia, La Pradera, La Quiebra, Belencito, Betania entre otras (El Colombiano, 2018) lo que evidencia que, pese al fuerte control de la Policía y el Ejército, el paramilitarismo continúa instalado en las comunas, y que la política de pacificación estatal ha servido para la instauración de este orden. En el caso del municipio de Bello, el enfrentamiento territorial armado es protagonizado por estructuras criminales como Los Pachelly, Los Mesa y Niquía Camacol en los barrios de las comunas 4, 6, 7 y 8.

En el mapa de presencia de grupos armados ilegales, se señala la presencia del Clan Isaza en 15 municipios comprendidos en las subregiones del Magdalena Medio y el Oriente antioqueño. El ELN hace presencia en 15 municipios de Antioquia. En Bajo Cauca están en Caucasia, Cáceres, El Bagre y Zaragoza. En Nordeste se encuentran en Amalfi, Anorí, Remedios y Segovia, municipios que sirven también de corredores de movilidad hacia el Sur de Bolívar.

En el Norte de Antioquia, hacen presencia en Valdivia, Campamento y Guadalupe, y en el occidente del departamento en los límites con el departamento del Chocó en Frontino (Occidente) y Urrao (Suroeste). Las Disidencias hacen presencia en cuatro municipios: Ituango, Tarazá, Briceño y Valdivia, lo que ha ocasionado enfrentamientos con las AGC, principalmente.

En el caso de Ituango, esta disputa ha conllevado al desplazamiento forzado de algunos pobladores y al confinamiento de las comunidades. Al igual que ocurre con los actores armados ilegales, la fuerza pública también hace presencia en los 125 municipios, lo que evidencia que no es por falta de pie de fuerza que los grupos armados ilegales se establezcan en los territorios. Tal es el caso del Bajo Cauca que, con más de 5.000 efectivos de la fuerza pública en el territorio, presenta una grave crisis humanitaria.

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