El grupo conformado por las delegadas y delegados de las organizaciones de Derechos Humanos Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos –CCEEU- Nodo Antioquia, Corporación Reiniciar, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Fundación Sumapaz, Fundación Manduco, Aheramigua y Corporación Jurídica Yira Castro, recibimos alrededor de 100 denuncias que evidencian la grave situación de derechos humanos que padece la comunidad campesina del municipio de Tierralta, enmarcada en:
los procedimientos para acceder a procesos de reparación administrativa, lo que se traduce en su vulneración.
3. Situación de Derechos Económicos Sociales y Culturales. A 15 años de la construcción de la Hidroeléctrica de Urra en los territorios campesinos e indígenas, no se ha garantizado para ellos el suministro de agua potable y luz eléctrica para sus viviendas y establecimientos comerciales. Esta debe obtenerse a través de motobombas que demandan gasolina, la que es objeto de fuerte control por parte del ejército nacional. Las comunidades adolecen de servicios de salud, pues no se
cuenta con centros médicos ni se han realizado brigadas de salud en los últimos años. A esto se suma, el bloque sanitario ya denunciado. La vulneración al derecho a la educación de los niños y niñas se manifiesta en la ausencia de docentes en las escuelas rurales. Por ejemplo, hace más de un año, no se han nombrado los profesores de la escuela del corregimiento de Crucito dejando a casi 600 niños sin educación básica primaria y menos secundaria.
limitando la explotación de los recursos naturales que eran el sustento de la comunidad campesina que ha habitado esta zona por más de 40 años.
La empresa incumplió los compromisos asumidos con la comunidad en materia de reubicación, titulación, saneamiento, generación de ingresos, empleo, infraestructura y tratamiento ambiental a la represa. Con ello se ha afectado la economía campesina, los usos y costumbres comunitarios y el medio ambiente. El transporte fluvial a través de los ríos y dentro de la represa sufre particularmente los efectos de la ausencia de tratamiento ambiental de las bocas de los ríos. Fuertes oleadas de sedimentos producen constantemente el volcamiento de las embarcaciones, causando en numerosos casos la muerte de sus ocupantes además de las pérdidas económicas generadas.
Nunca se investigó la relación existente entre la construcción de la hidroeléctrica, la expropiación de las tierras a los habitantes históricos de las mismas (colonos e indígenas) y el accionar paramilitar en el mismo periodo de tiempo.
PROPUESTA:
- Ante esta realidad, la comisión propone la elaboración de un informe que dé cuenta de esta situación y la ilustre a través de las denuncias recibidas.
- Dar trámite de dicho informe a todas las autoridades competentes (Ministerio de Defensa, Interior, Ambiente, Agricultura, entre otros, Fiscalía y Organismos de Control) y organismos nacionales e internacionales de promoción y protección de derechos humanos.
- Hacer seguimiento de estas denuncias de la mano de ASODECAS.
- Demandar ante la Mesa Nacional de garantías, la protección del proceso campesino ASODECAS y de la comunidad afectada por el megaproyecto de Urra.
- Concertar con la comunidad y sus líderes, procesos de acompañamiento y asesoría permanente a esta comunidad.