En el Caribe colombiano, el control territorial se ha convertido en una forma de gobernanza criminal: los grupos armados controlan economías legales e ilegales, disputan las rentas, cooptan organizaciones sociales y buscan incidir en las decisiones políticas y públicas. La expansión del Clan del Golfo durante 2025 profundizó estas dinámicas en los ocho departamentos de la región.
Esta violencia también busca silenciar y desarticular a quienes defienden los derechos y el territorio. Desde 2016 hasta finales de 2025 fueron asesinados 161 líderes y lideresas sociales en el Caribe, 99 de ellos en Cesar, Bolívar y Córdoba, mientras persisten amenazas, desplazamientos, cooptación y sometimiento de las organizaciones comunitarias.