LA SALA DE JUSTICIA Y PAZ SE SUMA AL CLAMOR DE LAS VÍCTIMAS DE LA COMUNA TRECE

Reunidos en torno a los cientos de desaparecidos en la Comuna 13 durante los operativos militares y paramilitares desarrollados en el año 2002, y cuyos cuerpos fueron enterrados clandestinamente en La Escombrera; miembros del Tribunal Superior de Medellín, de organizaciones sociales y de Derechos Humanos de la ciudad y la Comuna, y familiares de las víctimas conmemoraron, en la mañana del 9 de abril, el Día de la Solidaridad con las Víctimas con el acto de “memoria y reconocimiento” Escarbando la verdad. Desenterrando la justicia.

En medio de la ceremonia religiosa, el sacerdote franciscano Alonso Monsalve hizo un llamado a la solidaridad y al compromiso con que Nunca Más se repitan crímenes atroces como los que ha vivido la Comuna 13 a lo largo de las dos últimas décadas. “Sólo puede haber paz donde hay justicia, y sólo hay justicia donde hay diálogo”, decía.

En su intervención, el presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, Rubén Darío Pinilla, explicó que la actividad se realizaba en la Comuna 13, a unos metros de La Escombrera, “porque éste es un símbolo del dolor y el sufrimiento de las víctimas, símbolo de las distintas violencias, símbolo de la unión entre las fuerzas legales e ilegales para violar los Derechos Humanos”.

“Yo creo que la justicia ha mostrado una gran impunidad frente a estos hechos y es necesario reconocerlo. Deberíamos pedir perdón por ser una justicia cómoda para el poder”, señalaba el magistrado Pinilla conmovido por la inercia y la impunidad que reina en los casos de desaparición forzada, por la falta de sanciones tanto para quienes han empuñado las armas como para quienes pagaron por ellas, dieron la orden de asesinato o desaparición, e idearon los crímenes.

Exigía, al igual que lo han venido haciendo las víctimas y las organizaciones que las acompañan, el cierre inmediato y definitivo de La Escombrera para comenzar la búsqueda e identificación de los cuerpos que allí han sido enterrados.

El evento, convocado por  la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, organizaciones de víctimas de la Comuna 13, el Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Obra Social Madre Laura, la Corporación Jurídica Libertad, Madres de la Candelaria (línea fundadora), la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) y la Biblioteca de Comfenalco Centro Occidental; finalizó con un acto simbólico en el que las víctimas representaron en siluetas negras a sus familiares desaparecidos.

A continuación el comunicado difundido por Mujeres Caminando por la Verdad y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.

COMUNICADO PUBLICO

 El 16 de octubre del año 2002, más de mil uniformados pertenecientes al Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía, el DAS e integrantes del CTI, así como hombres y mujeres informantes vestidos de camuflado y encapuchados, que hoy sabemos pertenecían al bloque paramilitar Cacique Nutibara, además miembros de la Fiscalía, Personería y Procuraduría General de la Nación, entraron a nuestros barrios a bordo de camiones y tanques blindados, en desarrollo de la denominada Operación Orión, ordenada directamente por el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Durante la Operación Orión la población civil fue atacada indiscriminadamente por la Fuerza Pública, utilizando ametralladoras, fusiles y helicópteros artillados desde los cuales se causaron daños en múltiples viviendas y decenas de víctimas civiles. Algo parecido lo habíamos vivido en mayo en desarrollo de la llamada Operación Mariscal. Este año se cumplen diez años de esa pesadilla que no termina.

Estos actos fueron, sin embargo, presentados como hechos de paz. Nuestra Comuna fue denominada como el “Laboratorio de Paz más exitoso de Colombia”. Los medios de comunicación, las instituciones del Estado, la sociedad en general hablaban del milagro de la pacificación. Muy pocos se interesaron en nuestro dolor, en nuestras denuncias sobre la fuerte presencia paramilitar que quedó como resultado de las operaciones y que contó con todo el respaldo de la Fuerza Pública. Dijimos que estaban desapareciendo forzadamente a muchos de nuestros hijos, hermanos, esposos, pero no nos creyeron. Señalamos que las Escombreras se estaban convirtiendo en cementerios clandestinos de nuestros seres queridos, pero las administraciones permitieron que siguieran vertiendo escombros porque se debía respetar el derecho privado de los empresarios. Las madres, llorando, pedimos una y otra vez protección para nuestros hijos e hijas –especialmente los niños y niñas-, pero ésta nunca llegó y desconsoladas los tuvimos que sepultar en medios del dolor, la pobreza y la soledad.  Exigimos respuestas efectivas para enfrentar la situación y la respuesta fue la militarización del territorio y las obras urbanísticas, sin embargo el paramilitarismo nunca se acabó. Por eso hoy estamos nuevamente aquí pidiendo ser escuchadas y escuchados.

Hoy, 9 de abril, en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, establecido por la ley 1448 de 2011 –ley y fecha que no fue consultada ni concertada con nosotras las víctimas–, decidimos participar para decirle nuevamente a la ciudad, al departamento y al país que:

 1. No queremos que la respuesta a nuestras exigencias de justicia y verdad siga siendo la impunidad. Queremos que los responsables de los crímenes sean investigados, juzgados y sancionados. Pero no sólo los paramilitares que participaron en los crímenes; queremos ver juzgados a los ex generales Mario Montoya Uribe y Leonardo Gallego Castrillón, señalados por los comandantes paramilitares de haber diseñado y ejecutado conjuntamente con los ellos la operación Orión; así como a las autoridades administrativas que por años han permitido las graves violaciones a los Derechos Humanos y los centenares de crímenes contra nuestras familias.

2. Exigimos mecanismos judiciales, forenses y psicosociales eficaces para avanzar en la búsqueda, hallazgo, entrega y esclarecimiento de los casos de desaparición forzada en la Comuna Trece de Medellín. La principal medida tiene que ser el CIERRE INMEDIATO DE LAS ESCOMBRERAS y la conformación de una Comisión interdisciplinaria e interinstitucional liderada por la Fiscalía General de la Nación y con la participación activa de nosotras las víctimas y nuestras organizaciones, que defina el método más oportuno para buscar y encontrar a nuestros seres queridos, teniendo en cuenta las propuestas entregadas por los expertos forenses de otros países como Guatemala y Perú. Una estrategia que además permita explorar otros posibles lugares donde hayan sido llevados las personas desaparecidas forzadamente. Por ello nuestra consigna de “escarbar la verdad y desenterrar la justicia”, la única reparación posible es que nos devuelvan a nuestros familiares desparecidos.  

3. Hoy más que nunca las víctimas estamos organizadas alrededor de nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Por ello hemos cuestionado los pocos avances que representa la llamada ley de víctimas y restitución de tierras, que por ejemplo no dice nada sobre las casas que nos fueron despojadas a las familias obligadas al desplazamiento forzado en nuestra Comuna. A muchas víctimas se les sigue negando el derecho a la reparación alegando que sus casos son consecuencia del accionar de las bandas criminales o delincuencia común y por tanto no tenemos derechos. La protección que dicen brindarnos es una burla y nuestros niños y niñas siguen estando expuestos al reclutamiento forzado, a la muerte o en el mejor de los casos al desplazamiento forzado. No existe un sistema adecuado de salud que atienda a todas las madres, esposas, hijas y hermanas enfermas a causa del conflicto. Las víctimas seguimos estando sometidas a la tramitología que nos exige, contrario a lo que dice la ley, probar los hechos y los daños, por ello debemos incluso ir a las universidades o buscar en Internet las noticias de los hechos para presentarlos como un requisito que algunos funcionarios han decidido inventarse sin importarles que con ello nos estén revictimizando. Además, no puede haber reparación integral sin garantías de no repetición y nuestra comuna sigue siendo un campo de batalla.

Finalmente, también queremos decir que, pese a todo el dolor, el atropello y la violación de nuestros derechos, no nos callamos, seguimos resistiendo y luchando para hacer de nuestra Comuna, de nuestros barrios, de nuestras calles, lugares donde los niños y niñas puedan jugar con tranquilidad, donde los vecinos superemos las desconfianzas y el tejido social comunitario nos una en la solidaridad. Nos unimos en el canto juvenil que rechaza la violencia, la corrupción y la militarización de los territorios, en la organización de las mujeres y de las víctimas, en las organizaciones comunitarias y comunales que exigen respeto por su autonomía. Nuestra Comuna está llena de vida y dignidad, de resistencia pacífica, de sueños y alternativas que tienen que ser escuchados por los gobernantes y no seguir definiendo nuestro futuro por fuera de nuestras casas y nuestras vidas.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

 Mujeres en busca de verdad

9 de abril de 2012