LAS CONTRADICCIONES EN EL GOBIERNO DE SANTOS II

Revista En M6vida
Editorial, Edición No. 1

Por segunda vez uno de los grupos más poderosos en la historia  del país, la familia Santos, asume la más alta carga del poder político: Juan Manuel Santos, el representante actual en esta tarea, cumplió su primer año del gobierno en la presidencia de Colombia. Para muchos fue una sorpresa el timonazo que sus acciones dieron a la política de Seguridad Democrática y la aparente distancia que generó y genera con su predecesor, Álvaro Uribe Vélez, concentrando su política de Estado en temas como las víctimas, la restitución de tierras y la lucha contra la corrupción. Opciones que fueron tomando cuerpo con la formulación de planes de choque para la legalización de escrituras, la expedición de la Ley de Víctimas en presencia del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y las campañas mediáticas de anticorrupción, cuyas principales denuncias recaen directamente  sobre el anterior gobierno, del cual -no olvidamos- él hizo parte.

Pero al mismo tiempo este gobierno habla de las locomotoras minera, de vivienda, infraestructura y agricultura; expide un regresivo Estatuto de Seguridad; planea una sustancial reforma a la justicia que incluye cambios en las altas cortes, reducciones a los alcances de la tutela y la reactivación del fuero militar; promueve programas de mercado de carbono y con ello la promoción de monocultivos como la teca. Entre tanto, abandera la unidad nacional que se convierte en una peligrosa reforma al sistema de partidos, que atenta contra la concepción de oposición política necesaria en cualquier democracia.

El MOVICE ha denunciado desde el principio de este gobierno que estas políticas son incompatibles, que la restitución de tierras va en contravía de la gran cantidad de concesiones que se están otorgando a lo largo y ancho del país para la explotación de minerales; una sola empresa, la Anglo Gold Ashanti, tiene solicitudes que ascienden a dos millones de hectáreas, a sabiendas de que esta expoliación de recursos atenta gravemente contra el territorio y menoscaba  recursos fundamentales como el agua, el aire y la biodiversidad. La política de restitución de tierras en la práctica está limitada a la entrega de un papel que se puede vender, pero en el cual no se puede cultivar, ni vivir, ni tejer relaciones comunitarias, ni promover la permanencia de la cultura. La restitución no incluye el libre tránsito por ríos y carreteras de personas, medicinas y alimentos, y no permite la autodeterminación de las comunidades a construir sus propios planes de vida.

La inversión social se está condicionando a la inversión extranjera que expropia nuestros recursos de manera insostenible; las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas deben regresar a sus tierras invadidas de teca y palma (que a la larga tienen la misma función de control territorial) o con ganadería extensiva, en detrimento de los cultivos ancestrales encaminados a la autonomía alimentaria. Las comunidades tienen que retornar a territorios controlados por el narcotráfico y el paraestado, sin mecanismos efectivos para garantizar la vida e integridad de sus líderes y liderezas como quedó evidenciado con los asesinatos de Rogelio Martínez, Antonio Mendoza Morales y Keyla Esther Berrío Almanza, entre otros muchos. O deben regresar a territorios ocupados por poseedores de mala fe como en el caso de la hacienda Bellacruz.

El marco normativo se está acomodando en pro de las multinacionales que van sobre las locomotoras minera y de infraestructura, y en ese sentido castiga ejemplarmente la tradición de recuperación de territorios a través de acciones de afirmación de derecho, como quedó consagrado en la Ley de Víctimas.

La negación de la presencia paramilitar, la connivencia con la nueva parapolítica, los acuerdos de unidad con todos los partidos políticos que están siendo investigados por atentados contra el erario y graves crímenes contra la humanidad, las reformas a la estructura del Estado para obstaculizar las investigaciones contra parapolítica, el Estatuto de Seguridad que será la base de nuevas violaciones a los Derechos Humanos, son todas políticas que van  en contra de las garantías de no repetición, derecho inescindible de las víctimas.

En este primer año se siente con gran intensidad la persecución del movimiento social, por ejemplo en la infiltración de la policía en el evento sobre agua y minería, realizado en la ciudad de Pasto en el mes de julio de 2011, o en la marcha contra la desaparición forzada en Cúcuta en agosto; en el mantenimiento de procesos judiciales contra miembros del MOVICE como David Ravelo y Carmelo Ágamez; el asesinato de Ana Fabricia Córdoba, en medio de las exigencias de justicia por el asesinato de su hijo y la defensa de las derechos de los desplazados en la capital antioqueña, y del asesinato también del padre Reynel Restrepo, en su lucha por la protección del territorio en Marmato; en las múltiples amenazas y hostigamientos a organizaciones del Movimiento, que tienen una clara intención por la defensa del territorio y demás derechos de las víctimas, como el capítulo Sucre; los graves hostigamientos que han sufrido las comunidades que retornaron a la finca La Europa, como la quema de casas; en los incumplimientos repetidos del Estado frente a las obligaciones adquiridas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de protección y garantías para los integrantes del Movimiento.

Las contradicciones serán innegables mientras  se mantengan  sumidos en la impunidad los millones de hechos de violencia en el país, los diversos magnicidios como el de Jaime Garzón y Manuel Cepeda (quienes  cumplieron en este período 12 y 17 años respectivamente en la impunidad) asesinados por orden de la cúpula militar, que fue transmitida a los grupos paramilitares, en ambos casos, por José Miguel Narváez, personaje “coincidencialmente” responsable material de las interceptaciones telefónicas, tortura psicológica, sabotaje, de los que fueron víctimas las organizaciones de Derechos Humanos que buscaban justicia en estos dos casos, todos ellos crímenes gestados desde el DAS, entidad desde la cual se fraguó también la revictimización del MOVICE durante su segundo y tercer encuentro de víctimas, en el diseño y ejecución de campañas de desprestigio.

Sea este el llamado para insistir sobre el seguimiento de la normativa y de las prácticas que lesionan los derechos de las víctimas; acompañar con determinación los procesos de regreso y retorno, e insistir al gobierno  en que las principales garantías son políticas, es decir, tienen que ver con el desmantelamieto de los grupos paramilitares y de las estructuras políticas y económicas que los sostienen, la depuración de las Fuerzas Militares y organismos de inteligencia, las reformas en la justicia en pro de la verdad y el castigo a los responsables y en general el diseño y ejecución de efectivas políticas estatales para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Estamos atentos a evaluar cada uno de sus pasos porque la política pública no es sólo lo que se dice, sino el camino real y las consecuencias que traen las decisiones u omisiones sobre los temas que conciernen a todos los colombianos y colombianas.

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