Ley de víctimas: mucha publicidad y poca efectividad

Medellín, 10 de abril de 2014. Hace algunos meses la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas contrató en varios medios de comunicación públicos y privados un comercial que hablaba de los grandes avances con la Ley 1448 de 2011, su lema principal era bastante sugestivo: “estamos transformando vidas”. Quiero creer que fue un acto de honesta autocrítica lo que llevó a suspender su emisión o a no renovar los contratos para su publicidad.

Si bien la aplicación del marco jurídico para el reconocimiento de los derechos de las vícimas del conflicto armado se fundamenta en el enfoque transformador para -según el Decreto 4800/11- contribuir a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que contribuyeron a la victimización, con la idea de brindar garantías de no repetición y avanzar hacía procesos de reconciliación, su aplicación sigue siendo insuficiente, por no decir poco efectivo, es mucha la publicidad y pocas las víctimas que han recibido una reparación integral.

Los principios de sostenibilidad, progresividad y gradualidad de la Ley sobre los cuales se han diseñado y se están implementado las políticas públicas generan gran rechazo y frustración a las miles de víctimas, a quienes se les ha hecho creer que por fin sus condiciones de vida van a cambiar, pero que en el mejor de los casos sólo reciben una indemnización monetaria absolutamente insuficiente para mejorar sus condiciones de vida. A ello se suma la persistencia de la violencia socio política del conflicto armado que año tras año aumentan las cifras de personas agredidas en todo el departamento.

Por cifras entregadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV- sabemos que Antioquia es uno de los departamentos con los mayores porcentajes de víctimas del país. A diciembre de 2013 se contabilizaban 1.198.323 (actualmente la cifra llega a casi millón trecientos mil) reconocidas en el Registro Único de Víctimas, siendo el desplazamiento forzado la principal agresión con un 80% de los casos, seguido de las desapariciones forzadas (14%) y el homicidio (2%), pese a lo cual el Director Territorial de la Unidad de Víctimas, Jorge Mario Alzate, informó el pasado 9 de abril que sólo han sido indemnizadas cien mil personas. En el año 2012 la Unidad señaló que de las víctimas el 5% se autoreconocen como afrodescendientes, el 1% como indígenas, el 1% como gitanos, y 869 personas se autoreconocen como raizales, lo que evidencia el cambio poblacional del departamento como consecuencia del conflicto y plantea grandes desafíos entorno a la implementación de un verdadero enfoque diferencial que tenga en cuenta lo étnico como parte esencial de su desarrollo.

Esta realidad exige que la política de atención a las víctimas sea integral y garantice cambios reales en las personas afectadas, a partir de hacer eficaz el reconocimiento y ejercicio de los derechos. En este sentido habría que señalar que siguen existiendo graves falencias que no permiten el cumplimiento de dicho objetivo y señalan la necesidad de una reforma del actual marco jurídico. Algunas de las preocupaciones que nos asisten son:

1. La implementación del Registro Único de Víctimas:

Este es un buen mecanismos definido por la Ley para posibilitar tener certeza de las víctimas directas e indirectas, avanzando en su caracterización. Sin embargo su implementación tiene graves problemas desde su puesta en marcha, que afectan el reconocimiento de las víctimas y de sus derechos. La definición del procedimiento como un acto administrativo, lleno de formalismos legales, y centralizado en Bogotá, está dejando por fuera a cientos de víctimas que por no aparecer en dicho Registro serán invisibilizadas y revictimizadas. Ya los Informes de seguimiento elaborados por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría dan cuenta de dificultades en el Formato Único de Declaración que no tiene en cuenta en forma integral los elementos del contexto y el enfoque diferencial, entre otros. Allí se recoge una información básica sobre la cual los funcionarios de la UARIV en Bogotá definen la inclusión o no. Y aunque la Ley señala que este no es un requisito para ser reconocido como víctima -lo cual no deja de ser un cínico chiste- la realidad es que no estar allí deja por fuera de toda atención a las víctimas.

El tema de centralismo es una gran dificultad porque la definición realizada por funcionarios que no conocen las regiones ni los contextos en los cuales se han dado las victimizaciones está dejando por fuera a muchas víctimas, desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto y plantea una dificultad sobre la verdad y la memoria histórica que se está construyendo, porque es claro que hoy la versión oficial es la que aparece recopilada por instituciones como la UARIV.

Las víctimas de crímenes de Estado siguen sin la posibilidad de ser reconocidas como víctimas. En la mayoría de los casos ni siquiera se atreven a hacer el trámite y cuando lo han hecho se les han negado la inclusión. En Medellín ya completamos varios casos de no reconocimiento de los hechos, dentro de los cuales hay víctimas de ejecuciones extrajudiciales donde se pretende exigir a las víctimas que haya una sentencia judicial contra los militares implicados para poder ser reconocidas como tal.

2. La falta de políticas y planes metodológicos por parte de la Fiscalía para la búsqueda de los desaparecidos forzadamente:

Los familiares de las víctimas de desaparición forzada han señalado que éstos también fueron desaparecidos de la Ley de Víctimas porque no existen rutas que permitan articular los avances contenidos en otras normas como la Ley 1531 de 2012 (Declaración de Ausencia) o la 1408 de 2010 (Homenaje a las víctimas). Prueba de ello es que son pocos o nulos los procesos de búsqueda efectiva de las víctimas. Con la implementación de la Ley 975 de 2005 la Unidad de Justicia y Paz centra sus esfuerzos en la información entregada por los paramilitares postulados pero no cuenta con Planes Metodológicos para la búsqueda de otros casos no confesados o de las desapariciones forzadas ocurridas en la década de los años 80. Un ejemplo de ello es el caso de la Comuna Trece de Medellín ubicada como uno de los principales lugares de comisión de estos crímenes. Desde el año 2003 se empezaron a denunciar los hechos y de forma reiterativa se solicitó la intervención en las Escombreras donde se denunció la inhumación clandestina e ilegal de víctimas. Sin embargo doce años después no se ha avanzado en nada y hoy tenemos una montaña de impunidad que sepulta los derechos de los familiares a encontrar a sus seres queridos.

Asimismo es preocupante la situación de los cuerpos encontrados que no han podido ser identificados y entregados a sus familiares, lo que se une con el tema de NN en cementerios donde tampoco se conoce una política clara para su identificación. El Movice ha señalado que es necesario tener una estrategia de largo plazo para cumplir con las diferentes etapas a la hora de encontrar a los desaparecidos y no depender exclusivamente de los testimonios ofrecidos por los victimarios, que además en la mayoría de los casos están supeditados a sus intereses legales. Como dice doña Fabiola Lalinde “los familiares tenemos derecho a que nuestros familiares desaparecidos sean buscados toda la vida, así nunca los encuentren”.

3. La falta de enfoque transformador de la reparación:

La reparación integral señalada por la Ley 1448/11 es un derecho nivelado por lo bajo. Las indemnizaciones económicas, que en el mejor de los casos llegan a 24 millones de pesos, no permiten que las familias puedan restablecer proyectos de vida. Además si se tiene en cuenta que éstas suelen ser las personas con niveles de pobreza y exclusión social más bajos, la situación se agrava porque las víctimas no son vistas como sujetos de derechos, sino como un objeto de atención humanitaria, ligada incluso a intereses polítiqueros como ha sucedido en las actuales campañas electorales. La metodología de brindar una pequeña asesoría para la inversión de los recursos no deja de ser anecdótica -por decir lo menos- ¿Qué posibilidades reales tiene una familia de garantizar la sobrevivencia a largo con los recursos recibidos? En la mayoría de los casos el dinero es invertido en mejoramiento de vivienda y pocas oportunidades tienen de lograr una inversión para generar ingresos, mucho menos en barrios donde hasta la venta de huevos está controlada por los grupos paramilitares.

Pese a que se tiene establecida una ruta de reparación y que los familiares reciben el formato donde se les explica que serán atendidos por las diversas entidades, esto no deja de ser un formalismo. La posibilidad de educación superior para los hijos/as de las víctimas, de salud integral y de empleo, no funcionan eficazmente. Además los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad hacen mucho más lento el proceso. La entrega de las indemnizaciones a pequeños grupos por todo el país deja grandes frutos políticos para las instituciones (principalmente el gobierno nacional y la Uariv) que mediante la publicidad de los actos genera la sensación de grandes avances; pero simultáneamente deja grandes frustraciones en las miles de víctimas que viven de la tutela, los derechos de petición y las llamadas en espera, rezando para acceder a esos pequeños recursos. En el caso de la Comuna Trece, por ejemplo, ya son doce mamás que han muerto esperando recibir algo para paliar la precaria situación económica y otras ancianas parece que van por el mismo camino.

Es cierto que en el departamento se han implementado experiencias con grupos de víctimas como es el caso del municipio de San Carlos y de los indígenas de la Puria en el Carmen de Atrato Chocó, sin embargo, sería importante evaluar ciertos impactos generados por el retorno y la eficacia de los mismos meses después, cuando sigue el diseño de megaproyectos minero energéticos y de infraestructura que siguen generando desplazamiento de los territorios o no garantizan que las comunidades retornadas fortalezcan los planes de vida colectiva.

Además la gran burocracia creada por la Ley agudiza la dispersión en la aplicación de los procesos de reparación. Las víctimas están abocadas a trabajar con diferentes funcionarios cada uno de los programas diseñados: memoria, rehabilitación, de satisfacción, entre otros. Lo cual genera desgaste, desmotivación, pero además desconoce la integralidad en términos de atender la reconstrucción de los proyectos de vida evitando que las víctimas se vean obligadas a responder a múltiples cuestionarios, entrevistas, reuniones, lo que la postre casi que se convierte en una forma de vida, sin que se logren transformaciones reales.

4. Poco avance en la aplicación eficaz del enfoque diferencial.

El tema del enfoque diferencial también ha sido señalado por la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo como una de las falencias de la implementación de la Ley. A la fecha no se h avanzado en las Consultas Previas para la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva a las Víctimas afrodescendientes, Indígenas, Raizales y Comunidad Rom. En el departamento de Antioquia, que cuenta con esta población, no se conocen planes específicos de atención. Es preocupante, por ejemplo la situación de las comunidades desplazadas en la ciudad de Medellín, ya arraigadas en el territorio, en asentamientos nucleados, que vienen siendo afectadas con la implementación de mega obras como el cinturón verde, el monoriel o el metro cable. A la fecha se desconoce si la administración ha concertado con esta población los procesos de retorno o reubicación.

5. Precariedad del derecho a la participación.

Las Mesas de Participación de Víctimas -municipales y departamental- vienen funcionando, de hecho se dice que son las que mejor vienen operando en todo el país, lo cual deja una enorme preocupación por cómo puede estar el resto del país. Porque lo cierto es que estos escenarios no logran una verdadera representación y vocerías de las víctimas organizadas o no, ni se ha posibilitado que desde allí se avance en el diseño de políticas claras de intervención.

Hay que decir que la tendencia del gobierno nacional, así como de los entes territoriales, es a la institucionalización de las organizaciones, con la consecuente pérdida de autonomía de las víctimas. Poco se construye con las organizaciones, que en la mayoría de los casos son llamadas a refrendar lo que las instituciones ya definieron. No se toman en cuenta los procesos que ya han avanzado y el mensaje parece ser que si no se articulan los procesos a lo definido por la institucionalidad no hay forma de apoyarlos. Es paradójico que la implementación de la Ley y de los espacios de participación esté fragmentado a las organizaciones, desestimulando los procesos autónomos y generando confrontación y división entre las víctimas.

6. La persistencia del conflicto armado y las diferentes modalidades de agresión.

Finalmente hay que señalar que la persistencia del conflicto armado y la violencia socio política es la principal preocupación sobre las posibilidades de avanzar en procesos de justicia transicional. Ya el informe de la Personería de Medellín del año anterior daba cuenta de cómo persisten modalidades de desplazamiento y desaparición forzada. El Informe de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos del 2013 señala que del 1 de diciembre de 2012 – 15 de noviembre de 2013, las principales modalidades de agresión reportadas contra la labor de las y los defensores de derechos humanos fueron: detenciones arbitrarias (160 casos), judicializaciones (53 casos), hostigamientos colectivos (53 casos), amenazas individuales (44 casos) y personas heridas (39 casos), el resto de agresiones son: hostigamientos individuales, retenciones, agresión individual, empadronamiento, 3 casos de Ejecuciones Extrajudiciales.

Los grupos paramilitares mantienen el control en diferentes zonas del departamento, así como la presencia de la insurgencia en varias subregiones. En Medellín, pese a que los homicidios se han reducido, está claro que esto ha sido gracias al llamado Pacto del Fusil, que posibilita acuerdos de las empresas criminales para favorecer la acción institucional, especialmente los macroeventos de vitrina que permiten que la ciudad sea embellecida a costa del sacrificio de los derechos de las víctimas y otros pobladores.

Por ello la apuesta del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado es por el proceso de negociación en la Habana como un paso que nos permite avanzar en la superación del conflicto armado y abre escenarios para luchar por la transformación de las políticas de Estado que han posibilitado la violencia y la vulneración de los derechos humanos. La lucha es por lograr que podamos avanzar de ser reconocidos como personas objeto de atención a víctimas sujetos de derecho.