A nosotros no nos sacó la guerra. Nosotros nos quedamos acá en las veredas, nos quedamos aún con el miedo a que nos mataran los paras, o el ejército, o cuando se enfrentaban a la guerrilla. Vuelvo y lo digo, a nosotros no nos sacó la guerra, pero sí nos va a sacar la empresa esa que hace Hidroituango y las otras que vienen por las minas. (Líder campesino de San Andrés de Cuerquia, 2016)
El estudio Colombia Nunca Más: extractivismo – graves violaciones a los Derechos Humanos. Caso Hidroituango. 1990 – 2016, es un aporte de la Corporación Jurídica Libertad a la construcción de la memoria histórica y lucha contra la impunidad sobre los crímenes cometidos por los grupos paramilitares y agentes del Estado, que de manera individual o conjunta han actuado contra la población civil, líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores políticos en los 12 municipios de estudio, actualmente afectados por la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango4.
Este trabajo es una forma de evidenciar la necesidad de que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, conformada a raíz de los acuerdos entre las FARC-EP y el Estado colombiano, investigue las causas, responsables y efectos de más de 50 años de conflicto político, social y armado con amplia perspectiva, donde evidencie cómo la estrategia bélica ha favorecido intereses económicos de sectores nacionales e internacionales dominantes.
La relación extractivismo-graves violaciones a los derechos humanos es un binomio permanente en los países donde se lleva a cabo la expoliación de bienes comunes. El desarrollo de infraestructura vial, energética y de comunicaciones, a través de megaproyectos que atienden principalmente las demandas internacionales, afecta a los pobladores que soportan tal expropiación y transformación territorial. En Colombia, el desarrollo del modelo extractivista está marcado por el conflicto político, social y armado. La guerra ha sido una estrategia para despojar a las comunidades de sus tierras, y para establecer un orden totalizante que reprime la movilización por la garantía de los derechos y por cambios estructurales en el modelo de desarrollo. En las regiones Norte y Occidente de Antioquia, donde se construye la represa más grande de Colombia, se han presentado graves violaciones a los derechos humanos entre 1990 y 2016.
Establecer la relación entre la implementación del modelo extractivista y las graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, ha sido un objetivo y exigencia, desde hace varias décadas, de las víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones campesinas y de diversos sectores del movimiento social, así como de académicos, quienes han insistido que lo acontecido en materia de conflicto político, social y armado, se encuentra ligado a las dinámicas económicas de sectores interesados en llevar a cabo megaproyectos e inversiones en los territorios con mayores bienes comunes5.
El marco ético-político, conceptual y metodológico en el que se soporta la investigación, se encuentra sustentado en los lineamientos del Proyecto Colombia Nunca Más (PCNM), el cual aboga por el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda de la verdad integral, la sanción a los responsables de los crímenes, la reparación integral a las víctimas y la garantía de no repetición.
En el estudio se caracterizó el modelo extractivista, tomando como ejemplo la hidroeléctrica Hidroituango, que incluye entre sus efectos la transformación territorial, la pérdida de actividades económicas como la agricultura, el barequeo y la pesca, y el desarraigo de familias que histórica o transitoriamente se asientan en la zona, convirtiéndose en víctimas del megaproyecto. También se identificaron algunas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por estructuras paramilitares y agentes del Estado contra la población y sectores sociales organizados, en tres periodos:
• 1990-1994: presencia del paramilitarismo y creación de grupos CONVIVIR
• 1995-2006: expansión paramilitar, Seguridad Democrática, proceso de desmovilización
• 2007-2016: reingeniería del paramilitarismo, resurgimiento de procesos organizativos
Se analizaron fuentes secundarias y datos estadísticos, y se documentaron 256 casos que comprenden 607 víctimas6. Los paramilitares o el Estado, conjunta o individualmente, son los principales responsables de estos hechos.
Las regiones Norte y Occidente son territorios definidos como estratégicos para la construcción de hidroeléctricas, la explotación minera y forestal, el desarrollo de la industria lechera y la vocación turística, de acuerdo a las agendas de desarrollo construidas por el Estado, en coherencia con los lineamientos de organismos internacionales (Agenda para la competitividad de Antioquia, 1997).
Según el Inventario de Potencial Hidroeléctrico de Antioquia (Banco de Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia [BIRD], 2011), para 2010 solo se había desarrollado un tercio de lo proyectado en 1979. El Norte es el territorio con mayor potencial hidroeléctrico, aunque en el 2010 generaba solo el 17% del total. Con Hidroituango suma dos tercios del potencial hidroeléctrico en construcción, también tiene el 90% del potencial en diseño y la mitad de los proyectos con estudio de factibilidad. De realizarse todos los proyectos previstos, el Norte, con un 4% de la población del departamento, generaría un tercio de la hidroelectricidad de Antioquia.
La represa Hidroituango se construye en parte por el interés de suplir la demanda eléctrica del mercado internacional en detrimento de las comunidades que habitan los territorios. Esta obra causa graves impactos al medio ambiente, afecta la seguridad y soberanía alimentaria y genera desplazamiento forzoso. En respuesta han surgido procesos de movilización social en defensa de la tierra, el territorio y los derechos colectivos que exigen la detención de la obra, la reparación a las víctimas, la realización de un nuevo censo y la consulta con las comunidades sobre su futuro7.
Los principales hechos victimizantes en la zona durante el periodo de estudio son el desplazamiento forzado, el asesinato u homicidio (selectivo y masacres), la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. A estos hechos deben sumarse otras modalidades de agresión que pocas veces son cuantificadas por las entidades del Estado; entre ellas, la estigmatización, los señalamientos, el confinamiento de la población y las prácticas de control social.
El aumento de desplazamiento forzado se explica, en parte, por la expansión del paramilitarismo: Bloque Mineros en el Norte y Bloque Noroccidente en Occidente. La presencia de estos grupos hace frecuentes las masacres, los homicidios y las desapariciones forzadas. Posterior a su desmovilización se reportan descensos en las cifras, pero algunas de las modalidades persisten hasta la fecha.
Gráfico 2: Desplazamiento forzado en la zona de estudio UARIV (1985–2016)
Fuente: Elaboración propia, datos de la UARIV, 2018.
Los asesinatos de población civil u homicidios, en muchos casos, fueron perpetrados por paramilitares como una acción sistemática, sosteniendo que las víctimas eran auxiliadoras de la guerrilla debido a su zona de procedencia (caso Ituango), por pertenecer a un sector social o político organizado, por ser parte de la población LGBTI, por intolerancia social y por razones de género.
Gráfico 3: Homicidios en la zona de estudio UARIV (1985–2016)
Fuente: Elaboración propia, datos de la UARIV, 2018.
Las masacres fueron ante todo una estrategia paramilitar para generar no solo terror sino control social y territorial. En el 2006, el Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la fuerza pública con grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por las masacres de El Aro y La Granja en el municipio de Ituango. Por su parte, el Bloque Mineros, en el proceso de Justicia y Paz, reconoció su responsabilidad en estas masacres y otras como la de Chorrillos en Briceño, la de Juntas en Puerto Valdivia y la de Peque, esta última, perpetrada en conjunto con el Bloque Noroccidental.
Gráfico 4: Masacres en la zona de estudio PCNM (1990-2016)
Fuente: Elaboración propia, Base de Datos PCNM, 2016.
Aunque no existe un registro consolidado en el país sobre la magnitud de las desapariciones forzadas, las distintas fuentes demuestran la persistencia de este grave crimen e identifican a los grupos paramilitares y agentes del Estado como principales responsables. Es evidente que Colombia supera en desapariciones forzadas a países de América Latina que han tenido dictaduras militares abiertas.
De acuerdo con la CCEEU (2016b) que cita un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) registra más de 80.000 personas desparecidas en el país; el Registro Único de Víctimas señala que aproximadamente 45.630 personas han sido víctimas de desaparición forzada, y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2016) habla de alrededor de 60.000 desparecidos. Antioquia es de los departamentos donde se registran más casos de desaparición forzada. De acuerdo con el SIRDEC, en Antioquia hay 10.162 personas desaparecidas; la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) reporta 10.855 casos, mientras que “según datos de la Personería de Medellín, de las 46.557 víctimas directas de desaparición forzada registradas en el país, cerca de un 60% [c. 30.000] de los casos se han presentado en el Departamento de Antioquia” (CCEEU, 2016b, p.9).
Gráfico 5: Comparación temporal: homicidios y desaparición forzada, zona de estudio
Fuente: Elaboración propia, datos de la UARIV, 2018
En los municipios de estudio, la UARIV reporta 629 casos (1985-2016) de desaparición forzada, aunque solo a la estructura paramilitar Bloque Mineros se le imputa 1150 desapariciones en la zona Norte y Bajo Cauca, donde tuvo influencia. La desaparición forzada es un mecanismo de terror, utilizado, en parte, para reducir los índices de homicidio y también para borrar toda prueba de los crímenes de estas estructuras. Las comunidades han denunciado estos hechos y los integrantes de los grupos paramilitares lo confirmaron durante las audiencias de versión libre en el marco del proceso de Justicia y Paz, sosteniendo que en ocasiones miembros de la fuerza pública les solicitaron disminuir el número de asesinatos y para ello emplearon la desaparición forzada.
Gráfico 6: Desaparición forzada en la zona de estudio UARIV (1985–2016)
Fuente: Elaboración propia, datos de la UARIV, 2018.
De 36 casos de ejecuciones extrajudiciales registrados en la base del PCNM, 34 tienen como responsable al Ejército Nacional, uno al Ejército Nacional en operación conjunta con la Policía Nacional, y uno al Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA). Entre 1994 y 2010, en Antioquia se registraron 1050 ejecuciones extrajudiciales (CCEEU, 2012a).
En el PCNM también se documentaron 121 víctimas de agresiones a los procesos organizativos, principalmente al MRV8-Antioquia que desde 2010 se moviliza en defensa del territorio, por la garantía de derechos humanos y contra la imposición del megaproyecto Hidroituango.
Asimismo, se evidencia la militarización del territorio y la firma de convenios entre los propietarios del megaproyecto Hidroituango con el Ejército y la Policía Nacional, facilitando el desarrollo de la obra, lo que ha generado agresiones contra la población civil, vulnerando los derechos humanos. Según la Fiscalía General de la Nación hay 2000 militares realizando labores de seguridad en la zona.
En los 12 territorios de estudio se han presentado graves violaciones a los derechos humanos, las cuales no se pueden comprender de manera aislada a la implementación del modelo extractivista y mucho menos al desarrollo de megaproyectos (caso Hidroituango). La funcionalidad de la guerra se halla en la posibilidad de despojar de manera violenta a las comunidades de sus territorios y a su vez destruir toda forma de resistencia, para dar cabida a los intereses de grupos privados, transnacionales o del propio Estado.
En este sentido sigue siendo vigente la exigencia de las organizaciones sociales que reclaman investigaciones por parte del Estado respecto al papel del paramilitarismo en la construcción de la represa Hidroituango, así como de otros posibles actores privados.
En 2011, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, requirió a la Fiscalía General de la Nación para que dilucidara, en el devenir de la audiencia de formulación y legalización de cargos a los postulados del Bloque Mineros, si las acciones que esta estructura paramilitar realizó en zonas de influencia del megaproyecto eventualmente pudieron favorecer la construcción de la hidroeléctrica. En 2013, la Magistratura reiteró esta solicitud, sosteniendo que: “la inquietud que tenía para ese momento y que continuamos teniendo, es la siguiente: […] el 31 de diciembre de 19979 […] se hizo la creación de esa sociedad como primigenia […] nosotros lo que queríamos saber era, esos socios fundadores para esa fecha quiénes eran, porque a partir de ese instante, empezaron todas las masacres en esta zona”. Pese a que, en el 2016, la Fiscalía General de la Nación había programado una audiencia con el comandante del Bloque Mineros para indagar sobre los posibles nexos de este grupo con el megaproyecto, al cierre de este informe no se conoce ningún resultado al respecto, persistiendo el vacío estatal en materia de investigación sobre lo que parece ser un secreto a voces.
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4. Aunque los municipios afectados por la construcción de la hidroeléctrica son más de doce, para este estudio se tuvieron en cuenta solo aquellos que aparecen en la documentación oficial a 2016:
Zona Norte – Briceño, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Valdivia y Yarumal.
Zona Occidente – Buriticá, Liborina, Olaya, Peque, Sabanalarga y Santa Fe de Antioquia.
5. Informes: Proyecto Colombia Nunca Más, CINEP, ILSA, El Centro Para la Justicia Social Tierra Digna, Movimiento Ríos Vivos – Antioquia, CENSAT, CCEEU, entre otros.
6. Documentación casos: Encuentros en los territorios con víctimas o sus familiares, y gru- pos focales:(1) Defensores de derechos humanos y líderes sociales; (2) Movimiento Ríos Vivos
– Antioquia.
Banco de datos: CINEP, Proceso Social de Garantías de la Fundación Sumapaz, entre otros.
7. El 28 de abril de 2018, un derrumbe en la zona de la represa provoca una emergencia en Hidroituango.
8. Movimiento Ríos Vivos es un proceso organizativo de carácter nacional, en Antioquia desarrollan trabajo en diferentes subregiones. Cuando se hace referencia al proceso departamental se denomina MRV-Antioquia.
9. La Asamblea Departamental de Antioquia (29 diciembre 1997) faculta al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, a crear la sociedad promotora de la Hidroeléctrica Pes- cadero Ituango (HPI). Acto de Constitución de Sociedad Promotora de la HPI (junio 1998), se conforma la Asamblea General de Accionistas (58 empresas): Gobernación de Antioquia, EADE S.A., IDEA, ISAGEN, Integral y ACIC.
Vea el libro Colombia Nunca Más: Caso Hidroituango completo Aquí.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
+60 (4) 4017462 – 4017635 – 5575153