Portada: Juan David Gil Villegas.
Este texto está dedicado a la memoria del líder Walter Enrique Rodríguez Palacio, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Miguel e integrante de la Asociación Campesina del Bajo Cauca, quien fue asesinado en el Bajo Cauca un día antes de celebrarse el Tribunal Internacional de Opinión en la ciudad de Medellín.
Los Tribunales Internacionales de Opinión (TIO)
El Tribunal Internacional de Opinión es un mecanismo de carácter extrajudicial impulsado por sectores de la sociedad preocupados por la impunidad sobre los crímenes de Estado y la vulneración de los derechos individuales, colectivos y de los pueblos. Se inspira en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), organismo internacional no gubernamental instaurado en 1979, que tiene como objetivo transformar en permanente la función iniciada por el Tribunal Russell en 1966 y 1967. Estos Tribunales no tienen carácter coercitivo y sus decisiones no son vinculantes, ya que no hacen parte del ordenamiento jurídico nacional, ni internacional. Por el contrario, apelan a la conciencia ética de la humanidad para que juzgue las situaciones de injusticia, barbarie o desconocimiento de los derechos por parte de los Estados o las grandes corporaciones que controlan los territorios, los bienes comunes y los propios Gobiernos.
Desde su nacimiento el TPP ha juzgado varios Estados, dictaduras y empresas transnacionales como: las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial (Berlín 1988; Madrid 1994); las corporaciones transnacionales y las industrias textiles del vestido y de la indumentaria deportiva por sus impactos sobre los derechos laborales y el medioambiente (Bruselas, 1998); las malas prácticas de las corporaciones transnacionales (Warwick, 2001); las políticas neoliberales y transnacionales europeas en América Latina (Viena, 2006; Lima 2008), entre otras. Colombia ha sido objeto de examen y enjuiciamiento en dos ocasiones: entre 1989 y 1991 se enjuicio la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, en un ciclo de audiencias que involucró a doce países de América Latina y que tuvo la sesión final deliberante en Bogotá, del 22 al 25 de abril de 1991. La segunda ocasión fue entre los años 2006 y 2008 cuando se enjuicio a empresas transnacionales responsables de violación a los derechos humanos. Tuvo la sesión final en Bogotá entre el 21 y 23 de julio de 2008.
Desafortunadamente, la grave, permanente y sistemática vulneración de los derechos humanos, de la naturaleza y de los pueblos en todo el mundo, ha llevado a que el TPP tenga solicitudes Tribunal Internacional de Opinión 2019 Por la defensa de los bienes comunes en Antioquia 16 permanentes en varias partes del mundo, las cuales no siempre puede atender por factores de tipo político y económico ya que depende exclusivamente de la voluntad de ciudadanos, ciudadanas y organizaciones sociales que lo impulsen. Por esta razón se ha creado un mecanismo intermedio conocido como el Tribunal Internacional de Opinión (TIO), impulsado por organizaciones sociales que juzgan situaciones particulares en sus territorios. En Colombia se han impulsado varios Tribunales Internacionales de Opinión para juzgar temas como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el despojo de los territorios, las masacres y ejecuciones extrajudiciales, entre otros.
Tribunal Internacional de Opinión “Por la Defensa de los Bienes Comunes en Antioquia”
El departamento de Antioquia tiene una amplia historia de resistencia social y política. Cuenta con organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres, víctimas, ambientalistas, barriales, comunitarias, de derechos humanos, entre muchas otras. En parte, ello explica la concentración de la violencia social y política, además de la violencia derivada del conflicto armado en este territorio. La élite política, económica y militar que tiene grandes intereses sobre el territorio y los bienes comunes, han acudido a formas legales e ilegales de persecución y vulneración de los derechos contra los líderes, lideresas sociales, las comunidades y los procesos organizativos. Miles de personas han sido asesinadas, desaparecidas, desplazadas, torturadas, judicializas, o sometidas a otras modalidades de agresión para evitar las trasformaciones sociales, políticas y económicas impulsadas desde los procesos organizativos.
La mayoría de estos crímenes se encuentran en la impunidad pese a que existen certezas o evidencias de la responsabilidad en los mismos por parte de agentes estatales, instituciones gubernamentales o particulares que actúan arropados por el manto de dicha impunidad. 1 En este Tribunal se invitó a participar a la Mesa Minera del Carmen de Atrato, Chocó Capítulo 1 Introducción 17 Por ello, las organizaciones sociales y de derechos humanos que hacen presencia en el territorio han decidido impulsar esta iniciativa del TIO para llamar la atención de la sociedad nacional e internacional sobre el riesgo que en la actualidad sufren los territorios y las comunidades y pueblos que la habitan.
La privatización de los territorios y los bienes comunes con fines comerciales constituyen una política que no solo pone en riesgo la existencia de las comunidades, sino de la humanidad misma. Buscamos llamar la atención sobre la importancia de reconocer los derechos de la naturaleza como actualmente lo han venido haciendo las Altas Cortes, al otorgar derechos específicos a varios ríos del país: el Atrato, el Amazonas y el Cauca.
Carácter del Tribunal Internacional de Opinión “por la Defensa de los Bienes Comunes en Antioquia:
El Tribunal Internacional de Opinión realizado en Medellín, Antioquia, tuvo un carácter independiente, no vinculante desde el punto de vista legal, sin funciones judiciales, que actuó desde los principios humanísticos y éticos que inspiran la conciencia de la humanidad, recogiendo la voz de las víctimas, las organizaciones sociales, y las comunidades como la fuente principal de su investigación y sus pronunciamientos.
El TIO “por la Defensa de los Bienes Comunes” tuvo una duración de cuatro meses comprendidos entre julio y noviembre de 2019, y terminó con una Audiencia final el 21 y 22 de noviembre de 2019. Durante los meses previos a la Sesión final se realizaron las siguientes acciones:
• Presentación de la propuesta a las organizaciones y comunidades en los territorios de las cuatro regiones del departamento de Antioquia.
• Definición de los casos que se presentaron en la Audiencia.
• Revisión de fuentes documentales, judiciales, testimoniales, sobre el contexto, responsables, víctimas y daños ocasionados en los territoritos. Tribunal Internacional de Opinión 2019 Por la defensa de los bienes comunes en Antioquia 18
• Elaboración de fichas y documento final por cada uno de los casos elegidos y presentados en la Audiencia.
• Realización de talleres y jornadas de trabajo con las comunidades y organizaciones de cada uno de los territorios afectados cuyos casos se presentaron en la Sesión final del TIO.
Finalmente se realizó una jornada de evaluación y devolución de los resultados del TIO con las comunidades y organizaciones participantes.
Este Tribunal de Opinión tenía los siguientes objetivos:
Determinar la responsabilidad, por acción u omisión, del Estado colombiano, empresas públicas o privadas, o agentes estatales comprometidos en la comisión de violaciones a los derechos humanos, los derechos de los pueblos, o crímenes contra la naturaleza ocurridos en el departamento de Antioquia, particularmente en las regiones del Bajo Cauca, Nordeste, Suroeste y Oriente antioqueño. Además, se analizó el caso de la mina El Roble en el Carmen de Atrato, Chocó.
Establecer si el asesinato de las lideresas y líderes sociales cometidos en estas regiones están relacionados con planes para favorecer intereses políticos, económicos, militares o sociales en los territorios, particularmente la explotación y comercialización de los recursos naturales.
Develar las estructuras criminales involucradas en la comisión de los crímenes contra la naturaleza y los beneficiarios de dichos crímenes.
Acompañar y respaldar a los líderes y lideresas sociales, defensores/as de derechos humanos y organizaciones sociales que siguen apostándole a la defensa del territorio, la implementación del Acuerdo de Paz, y luchan por el reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, propiciando medidas para su seguridad e integridad personal y colectiva.
Composición:
El Tribunal Internacional de Opinión estuvo compuesto por un juez internacional y dos jueces nacionales, reconocidos como personas de intachable condición ética y humana, con una tradición de trabajo a favor de los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Independientes en cuanto a ideologías y credos religiosos. También participaron dos personas expertas en el tema de derechos de la naturaleza y los bienes comunes que actuaron como peritos para brindar elementos de conocimiento y decisión a los jueces.
Jueces:
Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate
Coordinador de la ONG Paz con Dignidad-Euskadi e investigador en el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad. Su última investigación desarrolla las alternativas al poder corporativo. Participa activamente en la plataforma vasca de solidaridad internacional Elkartasuna Eraldatuz, así como en el grupo de investigación Parte Hartuz Amerika Latina de la UPV/EHU.
Padre Javier Giraldo Moreno
Sacerdote Jesuita. Defensor de Derechos Humanos. Investigador de Derechos Humanos del Banco de Datos del CINEP. El Padre Javier ha sido integrante del Tribunal Permanente de los Pueblos. Ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de las víctimas. En los últimos años ha estado acompañando la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Ha escrito libros y artículos sobre la responsabilidad del Estado en los crímenes de lesa humanidad cometidos por la fuerza pública en el país.
María Ovidia Pelechor Anacona
Líder indígena, descendiente del pueblo Yanacona, integrante del Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Psicóloga social, defensora de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Ganadora en el año 2015 del Premio Nacional a la Defensa de los DDHH en la categoría larga trayectoria. Es secretaria general del pueblo Yanacona, coordinadora del Programa de Mujeres del CRIC y de la Comisión Política del Movimiento Social de Mujeres, y del equipo de la Consejería de Mujeres, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Integra la Mesa Departamental de Participación de Víctimas del departamento del Cauca en representación de los indígenas.
Experto y experta:
Nury Estela Yagarí González
Indígena perteneciente al Pueblo Embera Chamí. Abogada y defensora de derechos humanos. Es asesora de la Organización Indígena de Antioquia (OIA). Hace parte de la Mesa Interjurisdiccional de Antioquia, escenario que permitirá la coordinación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Especial Indígena. Ha sido investigadora de temas relacionados con la explotación de recursos naturales en los territorios ancestrales de pueblos indígenas. Como Coordinadora de Territorio y Medio Ambiente de la OIA estuvo al frente del caso del cerro Careperro en el municipio de Murindó y Carmen de Darién, donde se otorgaron permisos a la empresa minera estadounidense Muriel Mining Corporation. Participa en el programa Licenciatura de la Madre Tierra de la OIA y la Universidad de Antioquia.
Pedro José Arenas García
Activista de derechos humanos y constructor de reformas de políticas de drogas. Estudió ciencia política, administración pública y actualmente estudia leyes. Fue Alcalde de San José del Guaviare y Representante a la Cámara por ese departamento ante el Congreso de la República. Ha sido invitado como conferencista a los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. Es cofundador de la Corporación Viso Mutop, una organización sin ánimo de lucro que monitorea la evolución de la política sobre coca, amapola, y marihuana en Colombia, y los derechos humanos. Estudió con el Transnational Institute de Amsterdam y con la Organización de Estados Americanos (OEA). Fue invitado a contribuir con el proceso de paz y acompañar los foros ciudadanos para la construcción del punto 4 del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC–EP. Ha sido miembro del Observatorio Global de cultivos y cultivadores declarados ilícitos en Colombia desde 2014. Es investigador asociado de Indepaz.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
+60 (4) 4017462 – 4017635 – 5575153