Masacre en San Carlos: 15 años de impunidad e indolencia estatal

Habitante del Oriente Antioqueño 

A 15 años de la masacre de ‘La Escalera’ en el municipio del Oriente Antioqueño en San Carlos, el crimen sigue impune y sus víctimas aún exigen verdad, justicia y reparación integral.

En la mañana del 15 de abril del año 2000, un grupo paramilitar en la zona rural del municipio de San Carlos detuvo dos vehículos tipo escalera y un pequeño camión obligando a varios pasajeros a descender de los mismos.

Lista en mano, los paramilitares procedieron a pedirles su identificación, obligando a 13 de ellos a subirse a uno de los vehículos escalera, en el cual se transportaron rumbo al perímetro urbano del municipio.

Durante el recorrido, los habitantes del lugar observaban con extrañeza que el vehículo tuviera la carpa cerrada en un día soleado.

Minutos después de que cruzara por el Parque, la comunidad fue alertada sobre lo ocurrido y decidieron informar a las autoridades con el propósito de que rescatar con vida a las personas retenidas.

Los integrantes de la Fuerza Pública desestimaron y hasta rechazaron las denuncias de los pobladores. Por lo tanto, no emprendieron ninguna actividad para neutralizar el accionar del grupo paramilitar.

La actitud negligente de los militares, provocó el reclamo de varios de habitantes y de familiares de las víctimas.

15 años después se siguen preguntando por qué se presentó el hecho, si en esa época la Policía Nacional y el Ejército Nacional con efectivos de la Fuerza de Despliegue Rápido y los batallones Juan del Corral, Barbacoas, Granaderos y la Brigada Móvil Número Tres vigilaban el municipio.

Aquel día, encontraron los cuerpos del conductor y el ayudante del vehículo en el paraje rural Puente Arkansas.

Sus familiares tuvieron que ir solos a recoger los cadáveres, debido a que la Fuerza Pública no los acompañó para cumplir con esta labor humanitaria.

Más tarde, se supo que durante el camino en el vehículo escalera, los trasladaron a un camión hurtado en las horas de la mañana, cuyo conductor y ayudante, los señores José Cristóbal García y William Vásquez, fueron asesinados.

Ante la indiferencia institucional, los familiares de las víctimas iniciaron la búsqueda de sus seres queridos recorriendo la ruta de muerte emprendida por el grupo armado.

11 años después localizaron los cadáveres en el cementerio clandestino que los paramilitares habían adecuado en el Corregimiento El Jordán.

Para que se cumpliera con el proceso de recuperación de los cuerpos acudieron al Inspector de Policía del municipio que a su vez recurrió al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación – CTI para que procediera a realizar las exhumaciones.

Así como lo evidencian los pobladores, las primeras investigaciones desarrolladas por organismos de Derechos Humanos nacionales, internacionales (entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas) y de control del Estado, develaron que el accionar paramilitar se desarrolló en medio de un gran despliegue de Fuerza Pública en la zona, que el vehículo escalera en el que transportaron a las víctimas desde la entrada a la Vereda la Villa hasta el lugar del asesinato debió pasar al menos por 3 controles de las autoridades y por el parque central de San Carlos, donde se encontraba el comando de la Policía.

A pesar de lo investigado, los miembros de la Fuerza Pública implicados fueron exonerados de toda responsabilidad por la Procuraduría General de la Nación.

Todavía, la investigación previa iniciada por la Fiscalía en relación a esta masacre y a otras ocurridas en circunstancias similares en el territorio, se encuentra abierta.

Los familiares de las víctimas acudieron al ente acusador a solicitar su desarchivo a partir de la captura del jefe paramilitar Gabriel Muñoz Ramírez, conocido con el seudónimo de Castañeda, quien hasta la fecha no ha sido vinculado formalmente al proceso y no ha contribuido a la verdad que tanto se reclama, tal y como lo ha hecho en otros procesos.

A pesar del paso del tiempo, la indiferencia y la indolencia estatal, los familiares, amigos de las víctimas y la comunidad de San Carlos, resisten al olvido y a la impunidad de los hechos.

Hoy, continúan realizando actos de memoria individual y colectiva, expresiones de exigencia de verdad y justicia, que reivindiquen la vida y obra de sus seres queridos y develen los intereses económicos y políticos que dieron lugar tal violencia degradante, donde los integrantes de la Fuerza Pública explican su inactividad en la zona (léase connivencia con las estructuras paramilitares), con el argumento de que estaban custodiando, por órdenes militares, la infraestructura hidroeléctrica y no la vida de los pobladores de la región.