‘Desde las entrañas mismas del Estado se larva la conspiración de la impunidad’ Mirna Mack
Determinado por un contexto de guerra civil prolongada, el ejercicio de la dominación política en Colombia se ha servido de una serie de mecanismos que se sitúan de una manera particular en las intersecciones de las unidades antitéticas legalidad-ilegalidad y coerción-consenso, con miras a vencer o contener las fuerzas rebeldes, pero principalmente, a sofocar y disciplinar en la sociedad subalterna a todo aquel que no encaja en el orden de relaciones dominantes y de algún modo se resiste (aunque no tenga vínculos orgánicos con la rebelión); y a garantizar que las nuevas generaciones se acojan al proyecto político actualmente imperante, según lo evidencia la investigación desarrollada por el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Corporacion Jurídica Libertad.
Aunado a ello, los sucesivos informes de Naciones Unidas sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia desde mediados de los años noventa, pone sobre el telón la necesidad de la lucha contra la impunidad como factor decisivo en el combate al paramilitarismo y, particularmente, como forma efectiva de afectar la relación (complicidad, tolerancia o apoyo) de agentes estatales con ese tipo de organizaciones; así como la falta de compromiso que ha demostrado el Estado con respecto a esta lucha, pese a la formulación de distintos instrumentos institucionales y a la aplicación de sanciones judiciales en algunos casos.
Este planteamiento, así como los hallazgos de este estudio, permiten reafirmar que la falta de ese “compromiso efectivo” y su persistencia en el tiempo constituye una política que elimina de facto los constreñimientos jurídicos para la organización, ejercicio y reproducción de la violencia a través del paramilitarismo o de agentes oficiales; y que la impunidad se convierte así en una garantía para el funcionamiento y reproducción del paramilitarismo como expresión de descentralización del monopolio de la fuerza y, por tanto, dispositivo represivo con una misión de orden vinculado orgánicamente al Estado.