Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la grave situación de Derechos Humanos que vive el departamento de Antioquia. En la actualidad siguen siendo persistentes y sistemáticas las agresiones contra defensores, líderes, lideresas y organizaciones sociales de diversos territorios, muestra de ello ha sido el caso de Ana Fabricia Córdoba, quien fue asesinada en el mes de junio de 2011. Este crimen, aunado al incumplimiento permanente a los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional en las mesas territoriales y temáticas condujo a que el proceso Nacional Garantías, el cual se instaló en el 2008 por iniciativa de la Comunidad Internacional y la sociedad civil articulada en las plataformas de Derechos Humanos y Paz, se suspendiera. Se recuerda que dicho proceso de garantías se implementó con la finalidad de que una vez logradas las mismas se reanudaran la concertación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.
Entre enero y marzo de 2011, 96 defensores fueron víctimas de agresiones: nueve defensores de Derechos Humanos fueron asesinados, 68 amenazados y 4 desaparecidos; 64 organizaciones vieron afectada su labor por algún tipo de agresión (SIADDHH-SPD). El asesinato de líderes, asesinato de víctimas en proceso de restitución de tierras, la desaparición forzada, los robos de información y otras agresiones a organizaciones demuestran que las garantías para la labor y la vida de las personas que defienden los Derechos Humanos, están muy lejos de realizarse.
En el departamento de Antioquia, el último año en la subregión de Urabá líderes y lideresas del proceso de reclamación de tierras han sido víctimas de desplazamiento forzado, amenazas, atentados, y han sido asesinadas 11 personas, situación que no se compadece con el supuesto éxito del proceso de devolución de tierras que el gobierno ha publicitado.
De igual manera se ha denunciado por parte de organizaciones campesinas y sociales del Bajo Cauca e Ituango el riesgo fruto de los señalamientos que vienen haciendo Funcionarios de la Gobernación de Antioquia, la Fuerza Pública y organismos de seguridad de Estado, de ser miembros de grupos guerrilleros que operan en la zona o sus colaboradores, desconociendo la calidad de victimas del desplazamiento forzado y las reivindicaciones por los impactos negativos de los megaproyectos en el territorio (ver http://colombialibresiempre.blogspot.com/2011/06/director-1.html).
En esta subregión del departamento continúan los hostigamientos y señalamientos a través de reseñas ilegales de campesinos por parte del Ejército, consistentes en traslados en helicóptero desde sus veredas hasta bases militares en el departamento de Córdoba donde son reseñados y posteriormente dejados en libertad en condiciones desventajosas para su regreso al territorio.
En la región del Cañón del Melcocho, en el Oriente Antioqueño, se han denunciado dificultades con la Fuerza Pública destacada en dicho territorio. Desde el año 2010 se ha denunciado la presencia de presuntos desmovilizados de grupos ilegales, que han ocasionado desplazamiento forzado de algunos de los habitantes, amenazas. Pero cabe notar que en esta zona, según informes oficiales, no existe presencia de la guerrilla ni de paramilitares, sin embargo se denunció el asesinato del líder comunal William Andrés Álvarez, quien fue sacado de su vivienda en horas de la madrugada por cuatro individuos.
Es preocupante que la problemática de estas cuatro subregiones ha sido denunciada ante las autoridades competentes y hasta la fecha no se ha logrado esclarecer los hechos y mucho menos conocer a los responsables intelectuales y materiales.
En el caso del Área Metropolitana sigue existiendo un amplio control territorial, social, político y económico por parte de grupos paramilitares hoy mal llamados BACRIM o combos. Continúan los montajes contra los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales, el desplazamiento forzado intraurbano y la amenaza contra procesos comunitarios en la ciudad. Además se advierte el rol de justicia privada de estos grupos ilegales, lo cual profundiza el control social. Ejemplo de esto es que en el último año han sido asesinados aproximadamente 19 líderes y lideresas sociales en la ciudad, entre ellos el líder Álvaro Garcés Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Cruz, municipio de Itagüí, asesinado el 10 de junio de 2010. En esta misma acción criminal resultó gravemente herido Humberto Alonso Muñoz Cardona vicepresidente de la misma JAC. Es preciso decir que meses antes de este hecho circuló en este barrio un panfleto en cual estos fueron amenazados.
Así mismo el 27 de agosto de 2010 fueron asesinadas Janet Vanessa Aristizábal Amaya y María Elena Murillo Cardona, lideresas comunales que pertenecían al comité barrial de emergencia del barrio Santa Cruz parte baja, quienes fueron ejecutadas con tiros de gracia y sus cuerpos fueron dejados a orillas del río Medellín en el sector del Sinaí, comuna dos, zona nororiental de la ciudad.
De igual manera se llama la atención sobre el asesinato del líder comunitario Gustavo Jaramillo, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Moravia (comuna 4- zona nororiental) en el mes de septiembre de 2010, quien llevaba poco más de un año en el cargo reemplazando al anterior presidente de la JAC quien también fue asesinado el 25 de abril de 2009. Igual suerte corrió el presidente de la JAC del barrio Bello Oriente, comuna tres, Manrique.
Desde el mes de junio del 2011 han sido asesinados en el Área Metropolitana tres líderes y una lideresa social y hasta la fecha estos graves hechos permanecen en la impunidad; es así como el 7 de junio del presente año fue asesinada Ana Fabricia Córdoba lideresa de la población en situación de desplazamiento forzado quien pertenecía a las organizaciones Mujeres Aventureras y LATEPAZ (Lideres Adelante por un Tejido Humano de Paz), quien había interpuesto una denuncia penal contra la Fuerza Pública por el asesinato de su hijo en el año 2010.
El sábado dos de julio del presente año fue asesinado el líder cultural y deportivo de la comuna 16- Belén- Duber Henrney Álvarez; en otro lugar del Valle del Aburra, esta vez en el Municipio de Caldas, fue asesinado el líder comunitario y pre candidato al Concejo de dicho Municipio, Wilton Ramírez Arroyave. La última agresión contra líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en la ciudad registrada hasta la fecha fue el asesinato de William Bernardo Román Flórez, líder comunitario de los floricultores del corregimiento San Cristóbal de Medellín, ocurrido el domingo 10 de Julio de 2011.
Las balas asesinas de las bandas paramilitares hoy mal llamadas BACRIM o combos también han intentado acallar las voces de artistas urbanos, ejemplo de esta situación es que entre el segundo semestre del 2010 y lo corrido de este año, han sido asesinados aproximadamente 10 jóvenes entre líderes y representantes de la cultura hip hop, entre ellos: Luis Alberto Pacheco Medina quien fue asesinado el domingo 01 de mayo de este año y que era miembro del Colectivo Clika. En esa misma fecha Jhonatan Vertel, un reconocido líder de la agrupación Automático, desapareció de su residencia ubicada en el barrio castilla, comuna 5 de Medellín, y el miércoles 4 de mayo de 2011 fue reconocido su cuerpo en medicina legal.
A estas muertes se deben agregar las de Alejandro Sierra Yhiel, un joven de 17 años del grupo Ruta Difusa asesinado el sábado 26 de Marzo de 2011, David Fernando Romero asesinado el 15 de marzo de 2011, Héctor Pacheco Marmolejo, Kolacho, del grupo C15 asesinado el 24 de agosto de 2009.
De igual manera sigue siendo preocupante las amenazas, señalamientos y desplazamientos intraurbanos contra las lideresas, líderes sociales y de derechos humanos de la comuna 8- Villa Hermosa- donde por lo menos 15 líderes y lideresas (y sus familias) han sufrido algún tipo de agresión, o en casos más específicos atentados y violencia sexual, esto por denunciar las agresiones de grupos paramilitares adscritos a las estructuras de alias Sebastián y Valenciano.
Se debe recordar el asesinato de Alexander Pulgarín, líder social y miembro de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social- CORPADES- el 20 de diciembre de 2009; este crimen fue motivado por las denuncias que este líder realizaba en contra de las estructuras paramilitares asentadas en este territorio; las medidas de protección para este defensor llegaron un día después de su muerte. Cabe anotar que CORPADES, ha sido víctima de amenazas y de varios asesinatos de sus miembros, entre ellos tenemos los Judith Vergara, hecho ocurrido el 22 de abril de 2007 y el de Víctor Hugo Gallego Arboleda el 31 de diciembre de 2008.
En otra parte de la ciudad, en la comuna tres- Manrique-, el pasado 28 de junio de 2011 fueron desplazadas las lideresas Flor Inés Restrepo Vidales, del barrio La Cruz, y Aura Oliva Vázquez, del Asentamiento de desplazados de La Honda, ambas lideresas eran compañeras de Ana Fabricia Córdoba pues son también parte de las organizaciones Mujeres Aventureras y LATEPAZ (Lideres Adelante por un Tejido Humano de Paz). Igualmente en la comuna seis-Doce de Octubre-, como retaliación del trabajo de denuncia realizado por la Mesa de Derechos Humanos de este territorio, se encuentran amenazados 11 líderes y lideresas, cabe anotar que en esta comuna las estructuras ilegales interfieren en las diferencias entre las organizaciones sociales y comunitarias. Esta particularidad no es propia de la comuna 6, estas mismas situaciones se observan en otras zonas de la ciudad y el Área Metropolitana. En este contexto de agresiones contra la labor de defensa de los derechos humanos, se destaca que en el Municipio de Itagüí se han registrado amenazas contra la Corporación Itagüí Nueva Gente, organización que ha denunciado violaciones de los derechos humanos en este Municipio del sur del Área Metropolitana.
Igualmente es preocupante lo que está sucediendo en el Corregimiento de Santa Elena donde la Mesa de Desarrollo Local de la Vereda Mazo, denunció amenazas y estigmatizaciones debido a sus labores de defensa de los derechos de los pobladores de este corregimiento, estos hostigamientos se presentaron el pasado mes de junio de 2011 cuando circuló un panfleto donde convocaban a grupos al margen de la ley atentar contra la vida de los integrantes de La Mesa de Desarrollo Local y a ejecutar la mal llamada “limpieza social” en toda Santa Elena, principalmente en las veredas Mazo, Piedra Gorda, Barro Blanco y el Rosario. Estas amenazas se presentan luego que los días 11 y 12 de junio del año en curso, la comunidad realizara actos conmemorativos por la demolición de su sede social para darle paso a la construcción del Parque Arví.
Como organización comunitaria que promueve la defensa del territorio y sus tradiciones, la Mesa ha rechazado la ubicación de porterías en las entradas de las veredas, realizar empadronamientos sin causa aparente invadiendo así la privacidad e intimidad de moradores, desalojar a los campesinos de sus casas, y todo esto debido a la construcción y puesta en marcha del dicho parque. La existencia de esta Mesa data de tiempo atrás la cual se ha caracterizado por liderar la reivindicaciones más sentidas de la comunidad, en diferentes derechos tales como el Derecho a la Salud, Participación ciudadana, entre otros.
Los hechos descritos anteriormente demuestran la existencia de un patrón generalizado y sistemático de agresión a la labor legítima que ciudadanos y ciudadanas de manera particular o colectiva, defienden la vigencia de los derechos humanos desde una perspectiva integral en los ámbitos rural y urbano
Exigimos al gobierno nacional el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos en las reuniones del ámbito nacional del proceso de garantías y en las mesas territoriales y temáticas realizadas que expresen una voluntad política real para la protección efectiva de la actividad de que realizan los y las defensoras de derechos humanos. Respaldamos la decisión de las organizaciones sociales y comunitarias de suspender el proceso nacional de garantías hasta que no se tenga una ruta clara para el cumplimiento de los acuerdos, pues desde que se inicio el proceso de garantías se han mantenidos las agresiones a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos
En ese sentido es importante señalar que los compromisos del Estado colombiano en materia de defensores deben ser abordados de manera seria y bajo la representación de un escenario concreto que asegure el cumplimiento de los compromisos sobre el cual se deben hacer todos los esfuerzos y no dispersar las responsabilidades creando otros espacios alternos que resultan inoperantes.
En relación con lo anterior llamamos al gobierno nacional a respetar el mecanismo del proceso de mesa nacional de garantías
Firman,
Fundación Sumapaz
Corporación Jurídica Libertad
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, GIDH
Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, CORPADES
Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburra
Mesa de Derechos Humanos Comuna 6
Corporación en Derechos Humanos Contracorriente
Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda
Cedecis
Corporación Itagüí Nueva Gente
Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño, ASOCBAC
Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, AMII
Cra. 47 # 53-45 Ed.
+60 (4) 4017462 – 4017635 – 5575153