Si bien la Fiscalía le formularía imputación por 147delitos, entre ellos concierto para delinquir, porte ilegal de armas, porte deinsignias y uniformes, entrenamiento de grupos ilegales, reclutamiento demenores, desaparición forzada, desplazamiento forzado; las masacres de LaEsperanza, Cazadores, Pescadores, Bucamba, La Parroquia, Frías, Las Mercedes yLa Leonera; y unos 150 homicidios selectivos; la audiencia del día de ayer secentró en los asesinatos de “limpieza social”, cometidos contra indigentes,personas con problemas mentales, drogadictos, mujeres prostituidas, homosexuales,ladrones, jíbaros y personas acusadas de ser militantes y colaboradores degrupos armados, según lo confesó el jefe paramilitar y lo ratificó la Fiscalía,como si las condiciones físicas y mentales, las simpatías, los ideales, losvicios, los gustos y los oficios fueran justificación para exonerar a los paramilitaresde su responsabilidad.
La estrategia de calificar estos y otros delitos comoacciones de “limpieza social” o como crímenes de guerra, pretende dejar porfuera de la justicia internacional, especialmente de la Corte PenalInternacional, a estos jefes paramilitares, olvidando que se trata de crímenescontra la humanidad que además comprometen la responsabilidad del Estado.
La Fiscalía, en la contextualización inicial de laaudiencia, en lugar de refutar los supuestos orígenes de las AutodefensasCampesinas del Magdalena Medio, y en general de las Autodefensas Unidas deColombia, siguió la línea argumentativa del jefe paramilitar, justificando suconstitución como organización armada por fuera de la ley con la necesidad deseguridad personal, la oposición de ideologías y hasta las condiciones de lasvíctimas.
En total, la apología a Ramón Isaza lo convirtió primero envíctima y luego en justiciero, olvidándose de los no pocos casos de expropiación,desplazamiento y desaparición forzados, y pretendiendo mostrar sus accionescomo parte de la lucha antiguerrillera cuando en realidad no lo son.
Así las cosas, ¿dónde queda la dignificación de las víctimascuando son llamadas de cualquier forma para justificar su asesinato,desaparición o desplazamiento; cuando la verdad sobre los crímenes cometidoscontra ellas es parcial, y cuando los responsables seguirán campantes ysonantes sin recibir la sanción merecida?
Vuelvea evidenciarse, entonces, que el aparato de justicia colombiano está diseñadopara perpetuar la impunidad. Su interés, con toda esta parafernalia del procesode justicia y paz, no ha sido más que acreditarse frente a la comunidadinternacional, omitiendo que su aporte a la reconstrucción real de la verdad ysu obligación de hacerles justicia a las víctimas, continúan siendo primordialesdeudas con los colombianos.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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