Antioquia, 29 de enero de 2013. El 15 de diciembre de 2012 se realizó en el auditorio de la Casa de la Cultura de San Carlos-Antioquia el Foro “Agua, Identidad y Territorio, Riqueza Hídrica en San Carlos”. La convocatoria realizada por la Alcaldía, la Personería y organizaciones sociales que trabajan en la región tuvo una notable acogida por parte de la población.
De acuerdo con los organizadores, con este evento se pretendía generar espacios que permitieran que la comunidad sancarlitana “ampliara sus conocimientos respecto a la situación del sector energético nacional, los impactos de la construcción de las hidroeléctricas en los territorios y los mecanismos de participación a través de los cuales la comunidad puede intervenir de manera directa en la solución de las distintas problemáticas que se presentan a fin de que se tomen las determinaciones adecuadas en cuanto a las compensaciones, mitigaciones e indemnizaciones a que haya lugar.”
El interés para discutir este tema en el municipio surge a partir del proyecto de represar el rio Samaná Norte para construir las hidroeléctricas Porvenir I y II que inundarán tierras agrícolas de los municipios de San Luís, San Carlos, San Francisco y Puerto Nare.
Los habitantes y la administración de San Carlos saben de qué les hablan cuando se anuncia la construcción de una represa. Han experimentado los efectos positivos y negativos de la instalación de 4 hidroeléctricas-Punchiná, Jaguas, Playas y Calderas- que hoy generan alrededor de 1200 de los 9000 MW que se produjeron en el 2011 en Colombia.
Saben de sobra que además de los cantos de sirena de las empresas constructoras de los proyectos que siempre prometen un reino de prosperidad, hay que escuchar a aquellos actores sociales que tienen una visión del progreso no mediada por el afán de lucro.
Por eso fueron invitados Rubén Bustamante perteneciente al sindicato de trabajadores de ISA, Edgar White vicepresidente de SINTRAEMSDES –Sindicato de trabajadores y empleados de servicios públicos- , Elkin Ramírez de la Corporación Jurídica Libertad y 5 integrantes del Movimiento en defensa de los territorios y afectados por las represas –Ríos Vivos-.
Rubén Bustamante empezó explicando cómo funcionaba el circuito de producción y distribución de energía que hoy es un sistema interconectado nacional. Describió la forma en que en la década del noventa se comienza a introducir el capital privado en el sector eléctrico implicando la conversión del servicio estatal en un negocio de privados.
En Colombia el sistema energético crece de forma acelerada. Varió en un 71% en 19 años pasando de generar 8527 MW en 1992 a 14627 MW en 2011. El 67 % de esta generación es hidráulica. El aumento a través del tiempo la demanda es menor al de la oferta. La pregunta que surge es por qué tantas construcciones de plantas y tan grandes sino no son necesarias para el abastecimiento de la demanda. La respuesta es sencilla, por el mercado. Existe interconexión con Venezuela, Ecuador y si se hace con Panamá se conectaría con una línea que une a los países centroamericanos. La proyección es pensando en exportar energía hacia el norte. Por eso se piensa en tanta plantas generadoras.
Edgar White explica como a los países que están en la cordillera andina “nos ponen a generar energía porque nuestro consumo está garantizado”.
Recordó que hace 32 años se desarrolló la central de San Carlos. Invita entonces a los habitantes a hacerse las siguientes preguntas: ¿Qué tan bueno ha sido la hidroeléctrica para el municipio? ¿Qué tanta cobertura de electricidad hay en las zonas donde se genera electricidad? Se escuchan murmullos en el público.
De acuerdo con Edgar sólo el 2% de energía del mundo es hidroeléctrica debido al gran impacto que genera. Excepto en América Latina, las centrales hidroeléctricas producen energía con agua pero además tienen otras funcionalidades. Tres Gargantas en China genera energía y regula caudales para que no se desborden los ríos. En Colombia los dueños de las empresas se ponen contentos cuando la central está llena porque eso significa plata pero no les importa los impactos. El hecho de apostarle todo a la energía hidroeléctrica monopropósito tiene sus impactos en Colombia: Urrá I y II se han inundado, La Salvajina y La Miel se han desbordado.
De acuerdo con el vicepresidente de SINTRAEMSDES Las hidroeléctricas disminuyen el bienestar de la población. El primer trabajo que se hace cuando se va a construir un proyecto de este tipo es la desviación del rio generando muerte de los peces. Cuando se hacen las “buchas” -donde se desplaza la sedimentación- se mueren los peces ahogados por exceso de sedimentación (a lo que uno de los participantes del público agrega “y el hambre trae violencia”). También se presenta una disminución y pérdida del potencial minero. Se afectan los niveles freáticos.
Elkin Ramírez habla de los mecanismos de participación comunitaria en defensa del territorio. Comienza con una caracterización del oriente antioqueño que en el censo de 2005 tenía 600.000 habitantes, 130.000 de los cuales fueron víctimas del desplazamiento forzado entre 1995 y 2009 de sus habitantes.
San Carlos es un municipio piloto en los procesos de retorno de esta población victimizada. Por eso cuando se levantan restricciones existentes para la protección de las tierras de los desplazados se presentan proyectos como el de Porvenir II, imponiéndose una nueva modalidad de despojo. Los terrenos requeridos para el adelantamiento de estos proyectos hidroeléctricos por ser de “utilidad pública”, si no son vendidos por los campesinos a los precios impuestos, son objeto de expropiación por valores irrisorios.
De acuerdo con el abogado de la Corporación Jurídica el Oriente Antioqueño está viviendo una situación singular: los dinamizadores de la economía nacional son las “locomotoras” y en esta región en el futuro inmediato serán puesta a toda marcha. Una de las cinco es la minero-energética. Existen 20 mil solicitudes para concesión mineras, de estas 14 mil fueron presentadas tan sólo en 2012. En los últimos años han sido otorgados 9200 títulos mineros de los cuales 3200 son para la explotación y 6000 para la exploración en todo el territorio nacional involucrándose un aproximado 5’856.878 hectáreas, equivalente al 5.13% territorio nacional.
El Oriente Antioqueño tiene unas 700 mil hectáreas de tierra, 60 mil están involucradas en el proceso de concesión, otras 80 mil serán destinadas para la construcción de centrales hidroeléctricas. Porvenir II va a inundar en total 1092 hectáreas, y adicionalmente para retiro y espejo de aguas debe destinar unas 3 mil hectáreas de tierra productiva.
Ramírez le explica al auditorio los mecanismos constitucionales que permiten emprender la defensa del territorio: Consulta popular, Cabildo abierto, Iniciativa legislativa. Cita además la acción de nulidad (Ley 1437 2011), la acción de tutela (Dto. 2591 de 1991), la acción de cumplimiento de la ley o acto administrativo (art. 87 C. P.) y la acción popular y de grupo (art 88 C. P.).
El Movimiento Ríos Vivos realiza un panel en el que participan habitantes de los territorios afectados por los proyectos de Hidroituango y El Quimbo en el departamento del Huila. Este último fue declarado de utilidad pública a través del decreto 321 que decía que se debían expropiar “todos los terrenos necesarios”. El proyecto se desarrolló en los municipios de mayor productividad agrícola del Huila -5mil has-. En 2008 se realiza la expropiación y los territorios pasan a ser propiedad de la multinacional EMGESA. En ese momento el proyecto hidroeléctrico del Quimbo no tenía licencia ambiental. Con el Quimbo -manifiesta la integrante del movimiento- se produce inutilización de las vías, desintegración de empresas de la reforma agraria y1500 personas desplazadas.
En el panel se resalta como con Hidroituango no hubo consulta. La audiencia pública ambiental se hace en el municipio de Liborina y los habitantes no pueden ir por las lógicas del conflicto. Destacan cómo no hubo neutralidad de la empresa que hizo los estudios –Integral S.A- ya que tenía acciones en el proyecto. Se afirma que con Hidroituango hubo una imposición cultural en los estudios. Señalan la inequidad en los procesos de negociación ya que las comunidades se enfrentan con profesionales que quieren manipularlos para comprarles por el precio más bajo. En el panel concluyen que los efectos negativos de las hidroeléctricas en el plano social y ambiental son descargados para que sean gestionados por las comunidades.
Después de realizadas estas informativas intervenciones el público realizó una serie de preguntas en las que se evidenció la inquietud que hay en el municipio frente al tema. No es para menos. Los habitantes de un municipio como San Carlos saben de sobra cuales son los efectos ambientales políticos y sociales de los proyectos hidroeléctricos. Ahora la pelota está en la cancha de las comunidades.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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