Corporación Contracorriente
Corporación Jurídica Libertad
La Moradia, Colectivo de Arquitectas
Mesa de vivienda Comuna 8
Mesa Interbarrial de Desconectados
Proyecto Colectivo Tejearaña
Conscientes del momento que vivimos como humanidad y sabiendo que estas situaciones emergen como consecuencias de un sistema desigual e injusto, hacemos unos apuntes a las instituciones gubernamentales, para ser tenidas en cuenta y realizar medidas que ayuden a mitigar el impacto de la crisis sanitaria y ambiental que estamos afrontando con el Covid-19.
Si bien las medidas son pensando en el caso Medellín, algunas son de carácter Nacional, las cuales deben ser gestionadas por las autoridades locales ante los órganos que correspondan.
1. Destinación de recursos: Esta emergencia implica un reto económico de toda la sociedad y en particular del Estado, en esa medida hacemos las siguientes propuestas.
a. Prioridad de inversión: dirigir la inversión estatal hacia la superación de la emergencia, esto implica la suspensión del pago de la deuda pública y de la regla fiscal. Suspender y reorientar el presupuesto de las inversiones no estratégicas, dirigiéndola hacia la atención y estabilización de esta emergencia. La reducción del gasto militar, de los gastos de publicidad, así como la reducción inmediata de salarios de funcionarios de alto nivel y aumentar de manera inmediata el gasto social, en particular el médico, el apoyo psicosocial y la asistencia humanitaria.
b. Recuperación y estabilización: dirigir los esfuerzos del plan de desarrollo a la estabilización de la emergencia y la recuperación de la población en situación de vulnerabilidad. Para esto, es necesario dirigir los esfuerzos hacia la recuperación económica de la PyMs y la economía informal; el fortalecimiento del sistema de salud, buscando la cobertura universal, y la construcción de mejores condiciones sanitarias de los barrios informales mediante servicios públicos domiciliarios, saneamiento básico y mejoramiento de vivienda.
c. Protección del presupuesto participativo: los recursos destinados a atender la emergencia, no sean los designados a PP; protegiéndolos para que sean parte de las acciones que permitan la estabilización, desde la continuidad a los temas priorizados por las comunidades.
d. Formulación del Plan de Desarrollo Municipal: revisar y ajustar el anteproyecto del PDM, adecuándolo a la actualidad dada por la contingencia, para así destinar recursos y formular proyectos y programas destinados a la estabilización y recuperación, en particular a la economía informal, pequeños y medianos empresarios. Intervenciones en infraestructura para el mejoramiento de la salubridad, como acueducto y alcantarillado e infraestructura médica y las medidas de adaptación a cambio climático.
2. Activación de comités de gestión del riesgo de desastres: Decretar los comités de emergencia en sesión permanente y con comunicación diaria por múltiples medios de difusión sobre la emergencia, esto con el fin de mitigar las noticias falsas que inevitablemente van a seguir circulando.
a. Escala municipal: de acuerdo a la Ley 1523 de 2012, el Comité Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres debe coordinar la acción del estado y dar lineamientos para el cual debe ser dirigido por el DAGRD y convocar a la ciudanía y a la academia para una pertinente acción del Estado.
b. Escala zonal y comunal: se debe activar comités zonales y/o comunales de gestión de riesgo con las JAC, JAL y comités comunitarios de gestión de riesgo con el fin de ayudar a coordinar las acciones locales de atención en emergencia, informar particularidades territoriales al DAGRD y sobre todo activar las redes solidarias propias de los barrios de nuestra ciudad.
3. Servicios públicos domiciliarios: Los SPD son estratégicos para la reducción de vulnerabilidad ante la pandemia, en ese sentido, es fundamental garantizar el suministro constante de ellos tanto en la emergencia como de forma permanente, para ello:
a. Reconexión inmediata: garantizar el suministro constante y suficiente de agua y energía eléctrica para todos los habitantes de la ciudad, asegurando la reconexión a las familias que por falta de pago no se encuentran con acceso a estos derechos.
b. Camiones cisterna: en los barrios de difícil acceso, de precaria conectividad a agua potable o de no conexión, garantizar suministro mediante camino cisterna durante el tiempo de la emergencia.
c. Mínimo vital: garantizar mínimo vital de agua y energía para todos los habitantes durante la emergencia y posterior a ésta, con el fin de evitar enfermedades como el Covid 19 y otras asociadas a la calidad del suministro. En el caso de las familias con conexión prepagada, garantizar su acceso independiente a la recarga que puedan realizar.
d. Saneamiento básico: garantizar a mediano plazo el saneamiento básico de todas las viviendas con el fin de disminuir el impacto en la salud pública de enfermedades oportunistas, asociadas al contexto socio-económico y sanitario. e. Internet gratuito: Asegurar el suministro de internet en todas las viviendas con el fin de poder garantizar un mínimo de telecomunicación que permita información pertinente en tiempo de aislamiento, así como la posibilidad de recibir atención de telemedicina (Ver punto 6d)
4. Seguridad alimentaria: Proyectando una emergencia superior a la capacidad de respuesta de las personas que viven de la economía informal y que se les dificulta el abastecimiento de alimentos por las redes privadas (las cuales el Estado debe regular para evitar la especulación del precio de los alimentos), se propone las siguientes medidas.
a. Banco de alimentos: Construir un banco de alimentos de administración estatal y con distribución coordinada por los comités zonales o comunales de gestión de riesgos mencionados en el punto 1b, las JAL o JAC.
b. Redes de abastecimiento local: Construir una red de abastecimiento local de alimentos que priorice las compras a los campesinos de Medellín y municipios cercanos, priorizando el abastecimiento a personas que viven en la economía informal, madres gestantes y lactantes y adultos mayores en situación de abandono.
c. Asistencia alimentaria: mantener y potenciar las redes de suministro de alimentos direccionadas a ciertas poblaciones (Buen Comienzo para primera infancia, subsidios a tercera edad como Colombia Mayor, población en situación de discapacidad, mujeres gestantes y lactantes)
5. Apoyo psicosocial: Se debe asumir que esta emergencia incluye un reto a la salud pública mental y emocional, por lo cual se debe priorizar las siguientes acciones.
a. Al personal médico: se debe priorizar la salud mental del personal médico y trabajadores hospitalarios, generando condiciones de tranquilidad mental y emocional para afrontar las difíciles decisiones que tendrán que tomar.
b. Adultos mayores: destinar personal de apoyo psicosocial a los adultos mayores en situación de abandono o que viven solos, incluso sin descartar la visita domiciliaria (contando con las medidas que sean pertinentes) para evitar mayor inmunodepresión asociado al estado de ánimo.
c. Línea telefónica: habilitar una línea gratuita de atención psicosocial que permita escuchar a las personas que cuenten con cuadros de ansiedad, evitando así suicidios e inmunodepresión de las personas.
d. Apoyo a personas en contexto de abuso y violencia: estructurar medidas efectivas de protección a mujeres, trans, niñas y niños, adultos mayores, que se encuentren en exposición en contextos familiares de violencia o abuso sexual; así como medidas para el apoyo de trabajadoras sexuales.
6. Apoyo médico: Este punto es neurálgico en toda la crisis, en particular en el momento de máxima infección, por lo tanto, debemos dirigir la mayor proporción de esfuerzo para generar capacidad de respuesta:
a. Cobertura universal: garantizar la cobertura universal de salud a todos los habitantes independiente de la enfermedad y el tipo de afiliación durante toda la emergencia y posterior a esta.
b. Aumento de las UCI: dirigir los recursos financieros para aumentar el número de UCI disponibles en la ciudad, asumiendo el control estatal de la capacidad de todas las IPS por parte del Estado.
c. Ingeniería medica local: como la consecución de UCI son complejas por estos días de crisis, se debe convocar a todas las universidades para que, de manera inmediata diseñen prototipos de equipos médicos y retrovirales, validen para su uso en tiempo record y que de esta manera, el Estado, pueda generar un escalamiento de la producción de dichos equipos diseñados con tecnología y talento local.
d. Telemedicina: convocar a las facultades de medicina, EPSs y cajas de compensación familiar para generar líneas de atención a población que se encuentre en zonas distantes, como bordes y corregimientos, para con esto asegurar parte de la atención de salud requerida.
7. Emergencia económica: Es inevitable el impacto económico que el mundo y el país van a tener asociado a esta pandemia, como es habitual, los impactos económicos se verán más exacerbados en las personas que están en situaciones de mayor pobreza, en ese sentido proponemos para mitigar dicho impacto lo siguiente.
a. Congelar deudas bancarias: Congelación del aporte a capital y de intereses de todas las deudas durante el periodo que dure la emergencia, esto con el propósito de dirigir los recursos financieros de las familias a las necesidades básicas del hogar.
b. Apoyo a venteros ambulantes y otras actividades informales: generar subsidios en especie asociados a alimentos (ver 4a y 4b), mínimo vital (ver 3c) durante el tiempo de la emergencia y su estabilización. Realizar un apoyo de microcrédito para volver a la actividad comercial en el momento que se supere la emergencia.
c. Apoyo a pequeños y medianos empresarios PyMEs: exención de impuestos, apoyo en pago de nómina a pequeños empresarios que se comprometan a no despido de los trabajadores. Así como créditos blandos posterior a la emergencia. Priorización dentro de las compras estatales a las pequeñas empresas de alimentos y otros suministros claves, fomentando así las pequeñas economías, responsables de la mayor generación de empleo en el país.
8. Vivienda: Dada la contingencia por la emergencia actual, para muchas familias la posibilidad de desmejoramiento de sus condiciones habitacionales, por pérdida por no pago de crédito o arrendamiento, así como por exposición en zonas con condiciones de amenaza, lo que impediría la acción preventiva del aislamiento en casa, proponemos:
a. Suspensión de órdenes de desalojo: evitar cualquier acto administrativo dirigido a el desalojo de inmuebles destinados a vivienda familiar ya sea por deudas, obras públicas o litigios entre privados. Esto teniendo presente que estas acciones pueden generar una desmejora inmediata en las condiciones de vida, además de generar aumento de número de habitantes en la calle y exponer a generar focos agudos de contagio. Lo anterior, según la Observación General 7 del PIDESC que establece: “Los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a otras tierras productivas, según proceda”, tratado ratificado por Colombia que debe ser aplicado y observado, más ahora que estamos frente a una coyuntura que exige priorizar los derechos sociales sobre netamente económicos y para ello se requiere una intervención decidida del Estado.
b. Adopción inmediata de Política Pública de Protección a Moradores: considerando que estamos próximos a la temporada de lluvia donde se aumentan los eventos de emergencia por remoción en masa, se debe activar la Política Pública de Protección a Moradores con especial énfasis en las órdenes de evacuación por riesgo de desastre, lo que implica la evaluación con especial cuidado de las recomendaciones de evacuación, la generación inmediata de albergues definitivos.
c. Monitoreo de riesgo: el pico de la emergencia se desarrollará en el periodo de lluvias, el cual está asociado a las inundaciones y las remociones en masa, con el fin de prevenir que esta situación agrave la crisis sanitaria al concentrar a las personas en albergues cuando deben de estar en aislamiento, para ello es necesario fortalecer los procesos técnicos y comunitarios de sistemas de monitoreo y alertas tempranas.
d. Auxilio de vivienda y albergues: generar un fondo de auxilio de vivienda para las personas que cuenten con dificultad de pago del arrendamiento de la vivienda; así como el aumento del presupuesto asignado a ISVIMED para el apoyo de arrendamientos temporales en caso de emergencia.
e. Albergues: aumentar los sitios de alberge para habitantes de calle con condiciones adecuadas para superar la emergencia y con la posibilidad, si así lo desea, de iniciar un proceso de superar la condición de calle.
f. Congelación de cuotas de pago de créditos de vivienda: suspensión de los pagos de cuotas, intereses y mora durante el periodo que dure la emergencia, esto con el propósito de dirigir los recursos financieros de las familias a las necesidades básicas del hogar.
Estos puntos fueron pensados y ajustados colectivamente, en aras de aportar a tomar las mejores decisiones en estos casos de contingencia, sin perder de vista las condiciones actuales de los pobladores populares, quienes habitamos los barrios que se han sostenido mediante la economía informal y la solidaridad comunitaria. Barrios y pobladores que hemos sido segregados por la ciudad, pero que también contribuimos a la construcción de esta.
¡PORQUE ESTA CIUDAD TAMBIÈN ES NUESTRA!
e-mail: movimientoladeras@gmail.com
Descargue el documento de pronunciamiento aquí:
Cra. 47 # 53-45 Ed.
+60 (4) 4017462 – 4017635 – 5575153