El país ha vivido en las últimas semanas una particular coyuntura en cuanto al movimiento social se refiere. Esta particularidad ha tenido como epicentro el levantamiento del campesinado del Catatumbo al cual se han sumado los mineros y los cafeteros con sus propias reivindicaciones. Aunque el gobierno pareciera interesarle más si esta justa protesta social está infiltrada por agentes ilegales con el fin de estigmatizarla y desvirtuarla, la realidad es que este levantamiento social obedece a razones que pudieran sintetizarse en las siguientes:
1. Una importante deuda histórica producto del abandono y la indolencia estatal, cuya elite gobernante, en la cual el latifundio tiene una importante cuota de poder, ha legislado en beneficio de quienes han acumulado poder y riqueza en el campo, provocando una de las mayores tasas de inequidad y exclusión en la totalidad de la masa campesina.
2. La imposición del modelo de economía neo liberal al agro colombiano por medio de los procesos de apertura económica y de los diferentes tratados de libre comercio, han llevado a la quiebra a miles de productores agrarios y a la miseria de millones de campesinos que ante la ausencia de políticas concretas que los coloquen en una situación competitiva con el agresivo mercado global, han tenido que acudir para no morir de hambre, a cultivos que son objeto de políticas de guerra provocando con ello una doble victimización.
3. Dicho modelo de desarrollo caracterizado por una apertura plagada de privilegios para el capital nacional y global, tiene en el componente de la llamada “locomotora minera” del actual plan de desarrollo del gobierno Santos, el centro en el que se han colocado las mayores expectativas en las demandas de acumulación del capital. En un escenario de alta conflictividad en el campo en donde el papel regulatorio del estado es casi inexistente, la puesta en marcha de ésta plan no tendría otro efecto que la agudización de los impactos de todo este modelo de desarrollo expresados en un empeoramiento de la las actuales condiciones de inequidad y exclusión, y por lo tanto, la alta posibilidad de ambientar unas nuevas condiciones para el despojo violento en el agro colombiano. En el Catatumbo hoy se expresa en alto grado esta contradicción social entre la implementación de la tradicional política plutocrática de la élite colombiana y una amplia masa campesina que ya no acepta las condiciones indignantes a que ha estado sometida.
4. Esta política indolente del estado colombiano que jamás ha respondido a las peticiones respetuosas del campesinado y que ha estado siempre de espaldas a su dura realidad, ha obligado que se acuda a las acciones de hecho para movilizar la acción y atención oficial. La práctica de todos los gobiernos ha demostrado su afán más por criminalizar y judicializar la protesta y no detenerse en las justas razones que la justifican. Lo que viene ocurriendo en el Catatumbo y en las regiones en donde se desenvuelve el paro minero, demuestra que el actual gobierno en nada se aparta de esta práctica que en no pocas ocasiones presiona la desmovilización de la protesta para terminar ahogándola en la maraña jurídica y en la tramitología oficial.
5. Está claro que en el Catatumbo no se está definiendo cosas de poca monta. La reivindicación de las zonas de reserva campesina que por demás es una disposición legal establecida en la ley colombiana (ley 160 de 1994), es un real obstáculo para los intereses actuales de acumulación del capital nacional y global que ha puesto sus ojos en esta región, de allí, que no es casual la resistencia de la elite gobernante de ponerla en marcha. Hasta el 2010 se habían concedido en este territorio 2999 concesiones mineras y habían sido solicitadas 1356 lo cual convierten a esta región en una de las regiones que más concentran los intereses de quienes hoy se quieren montar en la llamada locomotora minera. Dicho de otra manera, en el Catatumbo están en disputa dos modelos de desarrollo: Uno que se fundamenta en el “pensamiento Carimagua”, concentrador de la riqueza y plagado de concesiones al capital y otro, que propugna por la democratización de la posesión de la tierra y el fortalecimiento del estado social de derecho.
En tal sentido desde el nodo Antioquia de la CCEEU no solo llamamos a que se respeten los derechos humanos fundamentales de movilización y protesta de estas comunidades en resistencia por su territorio y el derecho a una vida digna. Llamamos a que la sociedad colombiana se solidarice con esta lucha que no tiene otra finalidad que romper con décadas de abandono y desposesión violenta, así como También, confrontar una política que como la locomotora minera, pretende imponerse bajo unas condiciones que sólo llevarán más miseria y más violencia al campo colombiano.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
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