RESISTIENDO AL OLVIDO

Porque nos seguimos resistiendo al olvido, nuevamente nos reunimos, durante los días 15 y 16 de mayo de 2009, para llevar a cabo la Octava Asamblea Regional de Víctimas de Crímenes de Estado, contando con la participación de más de 250 víctimas de diferentes lugares del departamento como los municipios de Cocorná, San Francisco, Granada, San Luís y Nariño, pertenecientes al Oriente antioqueño, Angelópolis y Salgar del Suroeste, Maceo y  Puerto Berrío del Magdalena Medio, y de la Comuna 13, 7, 8, 1, 3 y 6 de la ciudad de Medellín.

Quines nos hemos reunido alrededor de esta Asamblea , hombres, mujeres, jóvenes y niños, convergemos en que Colombia, a pesar de la ficción creada por la Política de Defensa y Seguridad Democrática, componente central del Estado Comunitario, vive en un desangramiento constante no sólo por las violaciones a los Derechos Humanos de los colombianos, sino además  por la falta de garantías y libertades, la criminalización que pesa sobre quienes osan levantar la voz ante este Estado de impunidad, el olvido de nuestros amores, de nuestros dolores, de nuestras luchas, al que nos obliga el terror difundido por doquier. Lo que nos permite reconocer que:

1.    El conflicto social y armado continúa desarrollándose en zonas estratégicas donde el Estado ha facilitado, a través de su estrategia paramilitar, el despojo de miles de hectáreas de tierras que abre la puerta a la inversión extranjera, garantizando el acceso de las empresas transnacionales a nuestros recursos naturales, de modo que el sistema capitalista perviva en el tiempo y en el espacio a nombre del desarrollo y el progreso.

2.    El Estado sigue manteniendo una estrategia de impunidad que se materializa en la legislación que actualmente viene imponiendo, como la ley 975 de 2005, conocida como de “Justicia y Paz”, y otras que continúan estando en el centro del debate como el Estatuto de Desarrollo Rural y el Estatuto de Víctimas, quedando el Estado convertido en un solidario actor del panorama colombiano, que no tiene obligación alguna con la garantía de los derechos del pueblo. Un término tan grandilocuente como “solidaridad”, que entre nosotros –las víctimas- ha significado unidad, construcción de lazos, queda disminuido amañadamente por el Estado. 

3.    A través de la implementación de la estrategia cívico militar para el control social del territorio, que incluye la conformación del Centro de Coordinación de Acción Integral se pretende consolidar un Estado autoritario que no sólo controle las zonas estratégicas del territorio nacional “recuperadas por las Fuerzas Militares y la Policía”, sino también las acciones y opciones que siguen teniendo las comunidades que aún creemos en la libertad.

4.    A pesar del discurso manejado por el Estado alrededor de la defensa de los Derechos Humanos, las prácticas desarrolladas por este y confirmadas a través de los testimonios de las víctimas, como una forma de continuar haciendo memoria; evidencia que en Colombia el Estado sigue manteniendo una política de violación a los Derechos Humanos con acciones reiteradas, sistemáticas y generalizadas de desaparición forzada, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, tortura, genocidio, asesinatos selectivos a líderes, detenciones arbitrarias e ilegales.

5.    El Estado no está implementando mecanismos políticos y jurídicos que permitan esclarecer la verdad, la justicia y la reparación integral, de acuerdo a los preceptos internacionales que esto amerita.

6.    El reordenamiento del territorio ha implicado, entre otras, que las zonas donde se ha presentado desplazamiento forzado sean destinadas al desarrollo de megaproyectos, generando un cambio en el uso y la tenencia de la tierra, de modo que grandes hectáreas sean destinadas a cultivos para agrocombustibles y el sector rural sea obligado a convertirse en mano de obra barata que produce cultivos comerciales para compañías transnacionales y a comprar los alimentos a estas mismas y/o a otras. Es decir, producir para vender, y vender para comprar los alimentos básicos.

7.    La equidad social ha sido un obstáculo para el Estado, superado fácilmente con limosnas y paliativos que se dan a través de subsidios distribuidos especialmente por Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional mediante programas como Jóvenes en Acción, Familias en Acción… todo en acción, sobre todo la acción de redistribuir la pobreza en medio de la riqueza.

Sin embargo seguimos insistiendo que aunque sean muchos los gritos y pocas las respuestas, estos no se pueden silenciar porque la voz de los sin voz habrá de escucharse. Por eso proclamamos nuestra reivindicación por la verdad, la justicia y la reparación integral, en una lucha constante, incansable contra la impunidad, y por ello convocamos a que a través de la movilización continuemos:

1.    Haciendo memoria como un compromiso con los ausentes, siempre presentes,  quienes construyeron caminos de esperanza, y con quienes tenemos un compromiso ético, político y moral no solo de recordarlos, sino también  de devolverles el lugar que les pertenece en la historia.

2.    Construyendo alternativas de búsqueda de las personas detenidas desaparecidas forzadamente, poniendo al servicio de su construcción colectiva todo el acumulado personal y organizativo adquirido en los procesos de búsqueda adelantados

3.    Fortaleciendo e implementando las ocho estrategias definidas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado: jurídica, contra la desaparición forzada, comisión ética, formación y organización, catastro alternativo, verdad y memoria histórica, no repetición, y contra el genocidio político.

4.    Asumiendo un compromiso individual y colectivo con la exigibilidad política de los Derechos Humanos.

5.    Participando en escenarios de carácter regional, nacional e internacional, mediante acciones directas y la difusión de las denuncias que vienen siendo recopiladas a través de las visitas de relatores, veedores, comisiones éticas, entre otros.

6.    Movilizándonos en contra de la injusticia social y a favor de la dignidad.

7.    Generando mecanismos de contra información a través de los cuales seamos las víctimas las que continuemos construyendo nuestra propia historia, nuestra verdad, porque detrás de los medios masivos hay otra realidad que busca ser contada.

8.    Llamando la atención sobre el respeto a la dignidad y legitimidad de nuestras organizaciones, rechazando la estrategia del Estado Colombiano mediante la cual crea y auspicia organizaciones que deslegitiman nuestros procesos, alineando a las comunidades en un pensamiento único y autoritario para fortalecer la Seguridad Democrática.

9.    Ampliando la galería de la memoria, haciendo del arte y la cultura una vía a través de la cual se delinee la historia.

10.    Defendiendo el Derecho a la Tierra, permaneciendo en el territorio como un acto de resistencia al destierro y avanzando en propuestas de retorno bajo los principios de dignidad y garantías para las víctimas de crímenes de Estado. 

11.    Apostando a la constitución de una mesa regional de tierras que aborde ampliamente la problemática de tierras.

12.    “Resistiéndonos a creer que la noche sea día como nos dicen a cada rato, que la mentira sea verdad, que la impunidad sea justicia, que la burla a la dignidad humana sea reparación”.