“No nos enseñen a pescar, ese conocimiento es nuestro y es milenario, déjenos hacerlo”(Palabras de un líder indígena del Chocó)
Las posiciones y propuestas que presentamos a continuación, hacen parte del ejercicio colectivo que hemos venido desarrollando organizaciones sociales y campesinas del Oriente Antioqueño, desde un espacio de articulación y acción como lo es el equipo de servicios públicos domiciliarios SPD, que viene funcionando desde la realización del I Foro Energético del Oriente Antioqueño.
Esta experiencia se enriquece a través de las consultas realizadas a aproximadamente mil familias de los Municipios de Cocorná, San Luís, Granada y San Carlos, con las cuales se vienen construyendo propuestas que retoman sus realidades históricas y condiciones actuales. Por esta razón vale aclarar que la exposición que haremos a continuación no hace parte de una disertación teórica, sino de la cotidianidad que se vive día a día en las comunidades campesinas del Oriente Antioqueño y en general en todas las zonas rurales que han tenido la desafortunada suerte de estar habitando territorios estratégicos para ese mal llamado “desarrollo”, que deja despojo, miseria y hambre para quienes históricamente han establecido una relación distinta con la tierra, el entorno y los recursos naturales.
Analicemos inicialmente qué han significado las transferencias para los municipios del Oriente Antioqueño, no sólo lo que se traslada a los municipios, sino lo que se le traslada a CORNARE.
Las transferencias son tan sólo un pequeñísimo asunto dentro de la ley 99 de 1993, la que en realidad se encargó de dar nacimiento al Ministerio del Medio Ambiente y dictar normas que le permitieran al país enmarcarse en la declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo. Es frecuente escuchar cómo los capitalistas andan de reunión en reunión por todo el planeta haciendo declaraciones a favor del medio ambiente, pero sin intenciones comprometidas con vivir de un modo diferente la relación humana con la naturaleza, regulando aspectos ambientales sin ningún compromiso con el cambio del modelo de producción: consumo desbordado en cabeza de las grandes transnacionales y empresas nacionales que ya se rigen por leyes de mercado, que les da toda la libertad para ganar y ganar, mientras la mayoría de personas se dedican a pasar penurias.
Por tanto, hablar del origen de las transferencias, de su monto y especialmente de su destinación y aplicación, resulta secundario frente a la problemática que vivimos millones de colombianos pobres que tratamos de sembrar en la tierra el sustento diario, un sustento miserable que nos condena a la indigencia. Esa misma tierra a la que los poderosos empresarios -públicos y privados-, privilegiados por un modelo excluyente, le arrancan billones de pesos.
Podemos afirmar, entonces, que las transferencias terminan siendo una inversión que se utiliza con sumo cuidado en las cuencas para la reforestación y protección del entorno en donde se explota el recurso hídrico, por ello aunque suene muy pesado afirmamos que el principal objetivo de las transferencias es garantizar que el negocio de la generación de energía hidroeléctrica esté protegido -no sólo por la seguridad democrática militar- también con los recursos económicos. A la inversión social y al desarrollo de los municipios y las comunidades que viven en el área de los embalses y cuencas es muy poco lo que las transferencias le aportan y es porque los recursos se desvían hacia los gastos generales del municipio y en la abundante corrupción administrativa de la cual dan mejor cuenta los organismos de control gubernamentales.
Un ejemplo que ilustra esta situación es que en el Oriente Antioqueño no existen veredas que cuenten con Alcantarillado, no existen proyectos para mejorar los acueductos comunitarios, por el contrario existen hoy leyes que quieren acabar con ellos. El Decreto 3200 del 29 de Agosto de 2008 crea los Planes Departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento básico, que se sustenta en la política del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, en la Ley 1176 de 2007 y por tanto ninguna inversión que se haga hoy en el campo está pensada para mejorar la dignidad de la comunidad campesina, ni para aportar a que por fin el bienestar sea parte de la vida de los pobladores de este territorio. El modelo económico basado en el interés por el negocio antes que en la satisfacción de las principales necesidades de los seres humanos no ofrece ninguna esperanza para los colombianos.
Las sumas que reciben los municipios por transferencias son irrisorias comparadas con las que reciben las empresas por generación, comercialización y transporte. A los campesinos no les llega nada de esas ganancias, 216 mil millones de pesos en 15 años por parte de Isagen y otro tanto por parte de EPM, no son nada comparado con los billones de pesos que han adquirido en este tiempo estas empresas y mucho menos son significativos a la hora de encontrar resultados de pobreza, desplazamiento y miseria generalizada que en la mayoría de los municipios de embalses y de páramos, especialmente, supera el 80%.
Las cifras son frías y en ocasiones no dicen nada, pero cuando estas cifras están concentradas sobre los hombros de seres humanos nos debe decir todo. Según datos del informe de Prodepaz de 2007, en el territorio del Oriente Antioqueño en los últimos ocho años las condiciones difíciles de conflicto y pobreza han desplazado a más de 110 mil personas hasta el 2006. La pobreza en la zona rural llega al 99% en municipios como Granada, Argelia Nariño y San Francisco. Trece de los 23 municipios están por encima del 90% de pobreza y miseria, sólo cuatro municipios están levemente por debajo del 50%. Estas cifras, reclamamos, no son números colocados en un papel, son niños niñas, ancianos y ancianas, hombres y mujeres.
Ahora bien, reflexionemos un poco sobre la famosa palabra EQUIDAD. Para hablar de ésta empecemos afirmando que de nuestras aguas y tierras surge la energía y la riqueza que nos niegan día a día.
La equidad es un “concepto que trasciende la igualdad, pues las relaciones basadas en este concepto tienen en cuenta varios aspectos, como la necesidad de desigualar para igualar, como hacer una distinción o discriminación positiva, para visibilizar a quienes se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad, en este sentido cualquier medida o decisión tomada debe favorecer a quienes se encuentran en esa situación de exclusión o marginalidad”. Esta propuesta de igualdad no es precisamente lo que asumen y desarrollan los gobernantes, políticos y empresas, de ser así las cifras no nos hablarían de situaciones tan abismales entre quienes se llevan la riqueza y quienes vivimos en ella. Y estos mismos no hubieran optado porque nuestro país entrará en décadas donde la economía de ganar, ganar y ganar, ha eliminado la palabra DIGNIDAD.
Cómo es posible que la energía que era concebida como un servicio público, es decir que la preocupación residía en que llegara a todos y todas para mejorar la calidad de vida, como por ejemplo evitar el humo de la leña, disfrutar de alimentos frescos, de escuchar música, de tener derecho a la información y a la recreación. Hoy cuando por fin llega a nuestras veredas y casas, resulta y sucede que es considerada un negocio, donde la condición principal es pagar y -lo más denigrante- a precios altos que no van acorde a la realidad de nuestros ingresos, porque el campo ha permanecido marginado. Entonces hoy tenemos que volver al fogón de leña, ya no porque la empresa no llegó sino porque sus tarifas son para quienes reciben ingresos de 500 mil pesos para arriba y no para quienes al menos yéndonos bien podemos ganarnos 250 mil pesos. Pero no bastando con el precio y sus ganancias, resulta que luego nos devuelven un 6% en trasferencias, pero que el 3% son para cuidar el negocio y el otro 3% para saneamiento básico, que tampoco conocemos cómo se goza ese servicio público en la práctica porque ni por casualidad se ha llegado ha hablar de eso en el campo.
Cómo puede hablarse de equidad cuando una empresa como EPM se gana al año 1.3 billones de pesos y que en Medellín se gasta alrededor de 300 millones de pesos mensuales en personal y transporte para ir a desconectar a las comunidades de agua y luz . ¿Será que no podrían ahorrarse ese dinero bajando las tarifas, para que vuelva a sentirse que el agua, la energía, el teléfono son derechos y no mercancías, que las compra y disfruta sólo el que tiene que pagarlos a precios salidos de la realidad económica de la población?
Cómo puede hablarse de transferencias y equidad cuando hoy en el campo las familias campesinas viven con menos de 250 mil pesos al mes, que no alcanza sino para medio comer y luego quieren poner una tarifa que nos llevaría a empeñar la casa para pagarla. Esta situación nos obligaría a salir de nuestros territorios, ya no por la amenaza militar sino la amenaza económica.
Cómo puede hablar una empresa y una Administración Municipal de equidad cuando a quienes desigualan es al que menos tiene y benefician con sus leyes al que lo tiene todo. Cada segundo que se mueven las turbinas para producir energía, son un río de dinero a las bolsas de las empresas que manejan el negocio de la energía eléctrica en Colombia; así mismo cada segundo que pasa a los habitantes del Oriente Antioqueño nos consume la pobreza.
Cra. 47 # 53-45 Ed.
+60 (4) 4017462 – 4017635 – 5575153