Para la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías para la Labor de defensores de Derechos Humanos de Antioquia el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y Marcha Patriótica Antioquia, la paz estable y duradera es una condición inaplazable para el país y la construcción de una mejor democracia en la que hemos invertido nuestros históricos esfuerzos.
En tal sentido, compartimos la preocupación de Alcaldes y Gobernadores que han denunciado el avance de los grupos paramilitares en los territorios dejados por la FARC- EP en el país, especialmente Antioquia.
Sin embargo, hemos analizado en detalle la figura de las Vicealcaldías propuestas por el Gobernador de Antioquia Luís Pérez y consideramos que dicha iniciativa va en contravía de la naturaleza propia del Estado Social de Derecho.
Su puesta en marcha es una decisión inconveniente, regresiva en términos de reconocimiento de la descentralización y la autonomía de los entes territoriales. Por el contrario, el desafío de la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios supone el fortalecimiento de la institucionalidad civil local y la participación autónoma de las organizaciones sociales. Las Vicealcaldías suplantan las funciones de los Alcaldes elegidos por voto popular, creando paralelismos dañinos e innecesarios de carácter administrativo, político y jurídico, además genera altos niveles de burocracia y concentración de poder en la Gobernación para la toma de las decisiones, contrariando los principios de democracia y participación establecidos en la Constitución Política de 1991.
Propuestas similares de militares tomando decisiones reservadas para las autoridades civiles, terminaron fortaleciendo los grupos paramilitares y generando consecuencias negativas en los territorios , como fue el caso de las alcaldías militares impuesta por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez (1995-1997) en los municipios de San Carlos y Amalfi, donde el capitán del Ejército, Juan Francisco Díaz Quiñonez fue acusado por graves violaciones de derechos humanos; otro caso es la declaración de Zona Especial de Orden Público bajo decreto 2035 de mayo 10 de 1996 que fue determinante en la perpetración de la masacre del 22 de abril de 1996 en Segovia.
Los intentos de soluciones militaristas a problemas sociales y de seguridad no han sido la salida correcta, así sucedió en la Comuna 13 con las operaciones militares, particularmente Mariscal y Orión, avaladas por el hoy gobernador Luis Pérez Gutiérrez, donde el Estado pasó de ser de protector a victimario dejando cientos de víctimas, hechos que aún hoy gozan de total impunidad.
La propuesta de Vicealcaldías representa un desconocimiento de la esencia, el espíritu y la finalidad del Acuerdo de Paz que se propone fortalecer las instituciones democráticas desde los territorios. Urge entonces, priorizar la implementación de las medidas acordadas y avanzar en la puesta en funcionamiento de la Unidad Especial de investigación para el Desmantelamiento de las Estructuras Paramilitares, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, con participación de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y la Mesa de Garantías para la Labor de defensores (as) de Derechos Humanos, entre otras.
Estas comisiones deben abordar la revisión integral de las Políticas de seguridad, la puesta en marcha de un servicio social para la paz con participación de las universidades públicas del departamento, la revisión de antecedentes y depuración de funcionarios vinculados con violaciones de DDHH, la revisión de archivos de seguridad y de inteligencia, la reducción de la fuerza pública, del presupuesto militar y la modificación de su doctrina que ve al movimiento social como un enemigo del Estado. Medidas que requieren el apoyo y acompañamiento de los gobiernos locales y de organizaciones sociales.
Por último como plataformas de derechos humanos y como espacios de la sociedad civil, hacemos un llamado a las FARC- Ep y al Gobierno Nacional, para que de manera pública de a conocer su postura sobre la propuesta de las Vicealcaldías, ya que la Gobernación, ha presentado esta estrategia como un aporte fundamental para consolidar el proceso paz a nivel territorial.
A la Gobernación de Antioquia replantear su decisión de implementar la propuesta de Vicealcaldías de Seguridad disfrazadas de Paz.
SUSCRIBEN:
NODO ANTIOQUIA DE LA COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS
PROCESO SOCIAL DE GARANTÍAS A LA LABOR DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES DE ANTIOQUIA
MOVICE ANTIOQUIA
MARCHA PATRIÓTICA ANTIOQUIA
CONGRESO DE LOS PUEBLOS
Con copia a:
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co
ÓSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO
Vicepresidente de la República
LUIS CARLOS VILLEGAS
Ministro de la Defensa
siden@mindefensa.gov.coinfprotocol@mindefensa.gov.comdn@cable.net.co
GUILLERMO RIVERA FLOREZ
e-mail: ministro@minjusticia.gov.co
ENRIQUE GIL BOTERO
Ministro de Justicia y del Derecho
NESTOR HUMBERTO MARTINEZ
Fiscal General de la Nación
contacto@fiscalia.gov.codenuncie@fiscalia.gov.co
CARLOS ALFONSO NEGRET
E-mail: secretaria_privada@hotmail.comagenda@agenda.gov.co
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Procurador General de la Nación
anticorrupción@presidencia.gov.coreygon@procuraduría.gov.co
OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
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