RIESGOS PARA LA LABOR DE DEFENSA DE LOS DDHH EN ANTIOQUIA

¿Por qué se ataca, asesina, hostiga, amenaza, persigue a líderes y lideresas sociales, comunitarios, sindicales, campesinos, indígenas, defensores y defensoras de DDHH en el país?

Para empezar hay que señalar que el asunto no es nuevo. Estatutos de excepción, normas convertidas en legislación permanente, intentos de reformas constitucionales, manuales de inteligencia militar, etc., que descansan en la concepción primaria del enemigo interno, ya son conocidos por todos y todas y no será motivo de reflexión profunda.

Sin embargo, los ideólogos criollos de esa concepción lo plasmaron más recientemente en el decreto 2002 de 2002 “que declaró la guerra contra el terrorismo”. Y la  implementación de la Política de Seguridad Democrática ha sido el mecanismo para llevar a cabo las diferentes estrategias para descalificar, y de paso perseguir y diezmar, el movimiento social crítico y que se opone a las políticas de represión y consolidación de un régimen económico y político que no descansa en el bienestar social general. Una política que no obstante ser declarada inexequible por la Corte Constitucional, continúa siendo la base de la operatividad y actividad militar y “civil” de muchos funcionarios públicos que la tienen introyectada sin reservas.

A propósito, en el documento, “La Guerra subversiva. Nociones Básicas. Propuestas para defender el país”, de septiembre 2007, se señala el escenario de la guerra política de las guerrillas colombianas en dos direcciones:
a.    Plano interior que comprende una labor de infiltración en instancias y organismos del Estado con el fin de obtener información; y una acción psicológica ofensiva  cuya función es colocar agentes de influencia y suministrar informaciones públicas falsas o informaciones amalgamadas para desprestigiar el Estado de derecho y las instituciones, y está dirigida a los mass media, a las organizaciones visibles y legales, y al mismo Estado.
b.    Ámbito internacional que, según sus creadores, tiene dos niveles. En primer lugar, el trabajo de sensibilización de los principales medios extranjeros que informan sobre Colombia. Su principal función es suministrar información dirigida a los medios y a forjadores de opinión.
Y en segundo lugar está la constitución de redes de solidaridad y de acción política de colombianos en el exterior, en los EEUU y Europa, con el fin de utilizar esas asociaciones como reserva humana y como observatorio de las individualidades más manipulables y más motivadas para emprender actividades políticas ulteriores y discretas de propaganda o de acción.

Con esta concepción de la labor que emprenden cientos de organizaciones sociales, sindicales, políticas y ong`s defensoras de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, es bastante difícil no pensar que se actúe desde la “legalidad”, pero también desde la “ilegalidad” para confrontar a la guerrilla, que como se puede entender está  en cada uno de nosotros y nosotras. 

Por ello se han presentado diversas formas de ataques o agresiones hacia los líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de DDHH:

1.    Seguimientos, interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos. Las interceptaciones del DAS han sido lo más visible y repugnante. A nivel de Antioquia queremos conocer el avance de las investigaciones con respecto a la Directora que fue declarada insubsistente sin mayores motivaciones, pero que conocemos que fue por llevar a cabo dicha labor ilegal hacia dirigentes, líderes y lideresas.  

2.    Confección y almacenamiento ilegal de informes de inteligencia.  Tampoco es nueva esta modalidad, y aunque se ha insistido en que la Procuraduría cumpla con la recomendación de la revisión de informes de inteligencia, no ha habido voluntad política ni jurídica para cumplirla.

3.    Apertura de investigaciones penales con base en informes de inteligencia por parte de fiscales destacados en guarniciones militares. El proceso que se adelanta en la Fiscalía 74 destacada ante la IV Brigada del Ejército es el ejemplo más reciente que tenemos. Si bien, una parte de la investigación está asignada a un nuevo Fiscal para decidir sobre aquellos detenidos e investigados formalmente, continúan recabándose pruebas y ordenes de trabajo en un proceso principal que tiene la dirección del RIME de la IV Brigada, o de la VII División del Ejército. A muchas organizaciones a través de respuestas de derechos de petición se les ha manifestado que no cursan investigaciones penales en contra de sus integrantes, sin embargo en la estructura general de la investigación del PC3 ligado a las FARC aparecen registradas y no descansarán hasta que desertores o testigos pagos los señalen, sin que el derecho a la defensa o debido proceso se hayan garantizado.

4.    Montajes judiciales por medio de testigos pagados, desmovilizados que buscan beneficios jurídicos y económicos al servicio de las brigadas militares. Es lo que le está ocurriendo a Winston Gallego Pamplona, a integrantes del MOVICE, del Comité estudiantil Gustavo Marulanda y a abogados y abogadas de la CJL, entre otros.

5.    Presiones a la justicia por parte de los organismos de inteligencia para que decidan en contra de líderes sociales y defensores de DDHH.

6.    Proliferación de amenazas de muerte y control mediante el terror armado en gran parte del territorio nacional. Los diferentes hechos sucedidos a miembros de CORPADES refleja el nivel de tensión en que deben desempeñar su labor social y comunitaria, cobrándoles sus serias investigaciones sobre el paramilitarismo en la ciudad de Medellín.

7.    Asesinatos selectivos a líderes y defensores de DDHH. Es preciso señalar que ha sido cruel el ataque a tres líderes sociales de ASOPROA el año pasado; a Judiht Adriana Vergara,  Haider Ramírez y Víctor Hugo Gallego Arboleda de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín; y el recién asesinado líder del movimiento del Bajo Cauca, que se opone a las fumigaciones en esa región del departamento de Antioquia. 

8.    Robos sistemáticos de información en las sedes de las organizaciones sociales y personales, como le ha ocurrido a Convivamos, a un miembro de CORPADES, a un funcionario de la Personería, etc.

9.    Declaraciones públicas hostiles que descalifican y otorgan trato de enemigo a defensores y defensoras de DDHH y líderes sociales. No tengo que dar casos específicos, si se denuncian las ejecuciones extrajudiciales nos ganamos unos epítetos grotescos, si se acude al Congreso de los EEUU para señalar las violaciones de los DDHH de los sindicalistas y las demás atrocidades que se cometen en el país, ocurren señalamientos públicos que nos quitan total legitimidad y posibilidades de ejercer nuestra labor.

A lo anterior se suman las formas en las que el Establecimiento implementa medidas de guerra y control social.

Para nadie es un secreto que las ejecuciones extrajudiciales revisten un carácter masivo y generalizado; que las investigaciones por violaciones de los Derechos Humanos se encuentran sumergidas es la impunidad; que el proceso de desmovilización paramilitar es una farsa que no quieren reconocer y que ahora le denominan eufemísticamente bandas emergentes; que el proceso de la ley 975 de 2005 plantea verdades a medias; que la política de consolidación de la seguridad democrática coloca nuevamente el poder militar por encima del civil, con complacencia de éste.

La situación a la que nos enfrentamos no es fácil. Busca que declinemos, desfallezcamos, que no nos creamos, generar desconfianzas. Pero salir triunfantes depende de todos y todas, y del nivel de acciones políticas y jurídicas que emprendamos para desenmascarar este modelo que está articulado simétricamente en sus fines de consolidar la homogeneidad en un discurso unívoco y sin el menor asomo de cuestionamiento.