CORPORACION JURÍDICA LIBERTAD
Medellín, septiembre 22 de 2010
La asociación entre el ejercicio de una especie de delincuencia mafiosa encargada de expender sustancias alucinógenas al interior de la Universidad, las ventas ambulantes no autorizadas y la protesta estudiantil, constituyen una excusa perfecta para la implementación de una especie de estado de seguridad y policivo dirigido a suprimir el ejercicio de la crítica, la deliberación y la resistencia a las políticas públicas permisivas del debilitamiento de la condición pública de este espacio; tal vez, como suele suceder en nuestro país, a cualquier costo y mediante todos los medios posibles, para que se posibilite la “normalización” de la vida académica. En tales condiciones cualquier cosa puede resultar posible, pero lo más seguro es que el estado de paz y tranquilidad añorado termine siendo el propósito más difícil de alcanzar y los costos, en términos de socavamiento de las libertades y de la autonomía universitaria, resulten siendo altos.
Ahora finalmente entendemos el apresuramiento para determinar el cierre de las dependencias universitarias y la cesación o paro oficial decretado por el Consejo Superior, tal y como ha sucedido durante la última semana, quien sabe hasta cuándo. El Gobernador acaba de anunciar algunas de las medidas represivas o de “control” a tomar: colocación de cámaras de vigilancia en el mayor número de espacios universitarios posibles y el asalto o allanamiento de cada uno de los casilleros usufructuados por los estudiantes. A su vez, el Consejo Académico condiciona la reapertura a que cada uno de los estamentos universitarios se comprometa a respetar la Constitución, la ley y los reglamentos. ¿Acaso de esta institucionalidad que toma medidas lesivas del espíritu académico, se puede pregonar un estricto apego a la legalidad?
Dudamos lo anterior y hacemos un llamado urgente a los diferentes sectores sociales interesados en la defensa de la educación pública, en el ejercicio pleno de la igualdad y las libertades consagradas en nuestra Constitución, para exigir de la autoridad administrativa y directivas de la Universidad de Antioquia y del gobernador Luis Alfredo Ramos, la apertura inmediata e incondicional de este centro de educación superior.